dom. Ago 25th, 2019

Diario el Minuto

Suspención Temporal para servidor judicial y juez de paz

De acuerdo a las atribuciones y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, la Oficina Desconcentrada a cargo del Juez Superior Henry Cama Godoy, continúa realizando las visitas judiciales extraordinarias, con la finalidad de cautelar el normal y correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en nuestro Distrito Judicial. 

En el desarrollo de dichas actividades de control, se intervino de oficio en dos hechos graves de presunta infracción funcional, como son: PRIMER HECHO.-  Ante el Módulo de Familia de Abancay, se viene tramitando el proceso  N° 01031-2018-0-0301-JR-FP-01 seguido contra Odilón Rojas Tonocoche, sobre abandono moral, material y maltratos, a favor de los menores de iniciales A.S.R.G (13) y C.R.G. (11); durante el trámite del proceso mediante Resolución N° 06 del 14 de Agosto del 2018, la autoridad judicial ha ordenado se practique la evaluación psicológica de la señorita S.K.R.G. (19), a cargo de Víctor Enrique Álvarez Martínez; sin embargo, de acuerdo a las propias declaraciones de la denunciante, del investigado y los mensajes de texto obtenidos de la lectura de sus teléfonos se advierte que el psicólogo de dicho Módulo  ha realizado invitaciones para salir a pasear, para concurrir a una discoteca, recogerla de su centro de estudios, en horas de la noche, a una persona que es parte de una investigación sobre abandono moral, material y de violencia; del mismo se ha advertido insistentes preguntas del servidor investigado a la referida señorita que han incido en sus relaciones sentimentales, la posibilidad de una eventual infidelidad, proposiciones y/o expresiones del investigado que este órgano de control considera inidóneos e irregulares que presuntamente constituyen actos disfuncionales de aprovechamiento de su condición de tal frente a una señorita de 19 años, que viene atravesando un nivel de conciencia poco positiva con su padres y menores hermanas. Según ha referido la afectada estos actos de acoso son frecuentes y le generan malestar e incomodidad.

SEGUNDO HECHO.- El 27 de Julio del 2018, en el lugar conocido como “Cerro San Cristóbal” del distrito de Uripa, se habría producido un hecho de violación sexual, por parte de Jorge Luis Pillaca Quispe en agravio de la menor Y.H.P., como consecuencia de ello, la menor  acompañado de sus padres Emilio Huamán Huarhuachi y Mildred Pillaca Cabezas, juntamente con el denunciado Jorge Luis Pillaca Quispe, se presentaron el 01 de agosto del 2018, en el Despacho del Juez de Paz Letrado de Segunda Nominación de Ancohuayllo, señor Eulogio Pillaca Quispe, conocido en el lugar como el “Pampa Juez”, solicitando que el infractor pague la suma de 10,000 soles para resarcir el honor de la agraviada por el ultraje sexual cometido.

Frente a ello, el Juez intervino citándolos a una audiencia para el 02 de agosto del 2018, a las 15:00 horas, donde el Juez investigado les indicó que por la gravedad del hecho cometido la pena era superior a los 15 años de cárcel y la reparación civil superior a los 35,000 soles. No obstante la aceptación de haber cometido el delito por el agresor, no estuvo en condiciones de pagar dicha suma de dinero. Por ello, no habiéndose producido ningún acuerdo, el Juez suspendió y reprogramó la audiencia para el 04 de agosto del 2018, a horas 15:00 horas, donde el denunciado acudiría juntamente con sus padres. En esta audiencia, cuando todos estaban presentes en el Despacho del Juez investigado, el denunciado no mostró ningún interés para solucionar el problema; por el contrario irrumpió la audiencia el señor Segundino Córdova Sicha y Margarita Quispe Lloclla acompañado de su hija Y.L.C.Q., golpeando al denunciado y expresando que éste había embarazado a su hija. Del mismo modo, llegó la señora Rosa Olarte Pillaca expresando que el denunciado y su hija R.R.O. tenía un hijo. Frente a tal situación, el juez nuevamente invocó a una solución indicando que la violación sexual era un hecho grave y la pena era superior a los 15 años y una reparación civil de 18,000 soles. Audiencia que fue suspendida y reprogramada para el próximo el 11 de agosto del 2018, donde tampoco se pusieron de acuerdo, por lo que fue suspendido para el próximo 15 de agosto.

De acuerdo a la publicación periodística del Diario El Pregón así como el Acta de Levantamiento de Cadáver, que acreditan la muerte del denunciado JORGE LUIS QUISPE PILLACA, ocurrido el mismo 11 de agosto del 2018, en horas de la tarde, quien aparentemente se habría suicidado.

De las investigaciones preliminares se concluyó que  el Juez investigado nunca registró formalmente los hechos materia de denuncia; a convocado a diversas audiencias con el propósito conciliar los hechos pero tampoco los registró en el libro respectivo, infringiendo lo establecido en el artículo 34° del Reglamento de la Ley de la Justicia de Paz.

De acuerdo a los actuados el Juez investigado se abocó a conocer un hecho considerado como delito de violación sexual, a sabiendas que no era una materia conciliable para la justicia de paz, y este hecho por su naturaleza y gravedad era de competencia de la justicia ordinaria; es decir, tanto el Ministerio Público como el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincheros.

No obstante ello, ha realizado diversas audiencias, en los cuales ha expresado públicamente que por la gravedad del delito de violación la pena era superior a los 15 años y una reparación civil superior a los 18,000 soles. Esta circunstancia ocurrida el 11 de agosto en horas de la mañana probablemente haya causado preocupación o aflicción en el denunciado, quien aparentemente en horas de la tarde tomó la decisión de suicidarse. Lo cual nos hace pensar que no sólo hubo falta de diligencia en el ejercicio de su función sino omisión del deber de poner en conocimiento de este hecho a la autoridad competente. 

 

LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION PREVENTIVA

El artículo 43° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 243-2015-CE-PJ, establece textualmente que: “La suspensión preventiva en el ejercicio de la función judicial es de naturaleza cautelar y de carácter excepcional, constituyendo un pre – juzgamiento, provisorio, instrumental, y variable. tiene por finalidad asegurar la eficacia de la resolución final, así como garantizar la correcta prestación del servicio de justicia se dicta mediante resolución debidamente motivada cuando concurran los siguientes elementos:

1).-   Existan fundados y suficientes elementos de convicción sobre la responsabilidad disciplinaria por la comisión de un hecho que haga previsible la imposición de la medida disciplinaria de destitución, sea por la gravedad de los hechos, su carácter público y notorio o por la flagrancia en la comisión de la infracción y,

2).-   Resulte indispensable para garantizar el normal desarrollo de la causa o la eficacia de la resolución que pudiera recaer, o para impedir la obstaculización de la misma, o evitar la continuación o repetición de los hechos objeto de averiguación u otros de similar significación o el mantenimiento de los daños que aquellos hayan ocasionado a la administración de justicia o para mitigarlos.

En tal sentido, conforme al Reglamento, en ambos casos, hemos advertido la concurrencia de estos elementos, es decir, la existencia de fundados y graves elementos de convicción sobre la responsabilidad disciplinaria por la comisión de un hecho conforme a la norma transcrita. Por otro lado, también concluimos que existe suficientes elementos que sustentan la existencia verosímil de la imputación de los hechos investigados al referido psicólogo Víctor Enrique Álvarez Martínez y Juez de Paz Eulogio Pillaca Quispe, es decir, concurren suficientes elementos de convicción que sirve como sustento probatorio para disponer la medida cautelar de suspensión temporal en el cargo.

En consecuencia, en atención a las conductas descritas por los investigados que son graves, se hace previsible la imposición de una sanción disciplinaria de suspensión contra los investigados; tanto más que los hechos descritos constituyen una seria afectación a la respetabilidad del Poder del Estado, al resquebrajar seriamente la credibilidad, afectando el concepto público que tiene la ciudadanía sobre el mismo y, entorpece los denodados esfuerzos que al interior de la institución se viene haciendo para lograr y mantener la confianza pública en el Poder Judicial, por ello en virtud del artículo 43° del Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 243-2015-CE-PJconsiderando que en la presente concurren los supuestos de los incisos 1) y 2), ya citados, la ODECMA de Apurímac ha propuesto ante la Jefatura de la “OCMA” la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo contra el psicólogo del Equipo Multidisciplinario del Módulo de Familia de Abancay don VICTOR ENRIQUE ALVAREZ MARTINEZ, y EULOGIO PILLACA QUISPE, Juez de Paz del Anccohuayllo – Uripa, mientras se decida definitivamente su situación.

 

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