Tribunales de Familia y Fiscalía: Pericias, vulneración y corrupción

La Comisión de Familia de la cámara de Diputados recibió a una agrupación de Madres para que aportaron antecedentes sobre graves situaciones que hoy ocurren en los Tribunales de Familia. Lo anterior de acuerdo a lo señalado por Ciperchile quien es su reportaje del 30 de agosto de 2016 en el  denuncia a la institución Profam y su Directora Carolina Alarcón Vásquez, quien actúa de perito psicológico, sin tener el título de psicóloga (Ver reportaje de Ciper Chile), lo que revela las deficiencias de los procedimientos de peritajes en Chile.

Esta investigación fue seguida por Diario el Minuto y se enfocó en la situación actual de dicho centro y el avance de la nueva información que habrían señalado tener desde la Fiscalía para el caso en el mencionado reportaje. 

A la fecha este medio pudo recabar tres querellas por ejercicio ilegal de la profesión, en las cuales en ninguna se piden se investiguen la vulneración de los derechos de los niños involucrados y los daños provocados de estas actuaciones a familias completas.

Es así que sel observan las querellas con RUC 1410035580-K (Documento 1) del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 1500255232-6 (Documento 2) del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y RUC 1610043055-3 (Documento 3) del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, estando con los antecedentes existentes de forma inexplicable las dos primeras causas cerradas. 

Tras continuar el proceso de investigación se pudo constatar que incluso existe una presentación realizada ante la Corte de Apelaciones donde se incluyen documentos que luego que esta parte analizara y cotejara la información recabada con terceros entrevistados, donde se puede observar que dichos documentos tendrían el carácter de falsos ya que a simple vista existen una serie de irregularidades, al igual que los expuestos en el reportaje de Ciperchile quienes no ahondan en estos detalles de otro posible ilícito.  

Con fecha del 07 de noviembre de 2014 existe ingreso de documentación a la Corte de Apelaciones de Santiago por parte de la señora Carolina Andrea Alarcón Vásquez en rol ingreso Corte 2054-2017 (Documento 4), en el cual hace descargos señalando antecedentes y aportando documentación en una causa extremadamente grave donde tendría participación por una de las partes donde señala de forma manipulada los siquientes argumentos 

Existencia entre un convenio entre Chile y México en 1902 (Documento 5), en el cual no se necesitaría inscripción u homologación de un título ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Situación totalmente contraria a la realidad y que fue informada en los trámites judiciales que se tuvieron a la vista.

Así como tampoco existiría su validación de título en la Universidad de Chile como lo indica el marco regulatorio en el DLF N°3/2007 que  Establece los  estatutos de la Universidad de Chile (Documento 6), que en su artículo N°6 señala la función privativa de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 

En la misma presentación señala que tener validado su título, sería para poder acceder a la administración pública, afirmando en la misma Corte de Apelaciones, que no sería necesario reconocer de alguna forma un título expedido en el extranjero de no tener la intención de laborar en algún servicio del Estado Chileno, en este punto es que se refiere de forma inexacta al Decreto Supremo N°16 del Ministerio de Salud de 2007, Reglamento sobre los Registro Relativos a los  Presentadores Individuales de Salud (Documento 7)

De esta forma se manipula la misma Constitución del Estado Chileno al señalar el artículo 19 N°16 que consagra la libertad al trabajo, afirmando que el trabajar sin título reconocido es un derecho, omitiendo claramente la parte de la Constitución del Estado Chileno que precisamente prohíbe ejercer en el caso que, incluso sea cierto un título profesional, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así, como sería el artículo 112 y 113 del Código Sanitario que exige la validación de una profesión del área de la salud para ejercer en el país y que expresamente se refieren a las labores de un psicólogo. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. 

A lo anterior se suma que señala que existe un supuesto tratado con México, el cual pese a tener el mismo nombre del país donde se realizó (México 1902), la convención no fue ratificada por este país, es decir, México no es parte de esta convención por lo que acreditar la existencia de un acuerdo, estamos frente a otra irregularidad de los hechos, sobre todo que esta convención tiene más de 100 años de vigencia y es de público conocimiento. Como se aprecia en el siguiente link del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. 

http://chile.gob.cl/ciudad-de-mexico/estudie-y-trabaje-en-chile/reconocimiento-de-titulos/ 

Según la información que aparece en el link del Estado Chileno, lo países perteneciente serían: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, sin figurar México.

Además el sitio estatal informe que respecto de títulos profesionales obtenidos en otros países los interesados deben consultar en la Oficina Títulos y Grados de la Protectoría de la Universidad de Chile, quedando claramente que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene pronunciamiento en el caso de países como México. La misma información figura en el link de validación de títulos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

http://www.minrel.gob.cl/reconocimiento-de-titulos/minrel/2010-05-26/112420.html. 

El mismo escrito se señala una mail del señor Sergio  Solís Soto de fecha 15 de octubre del año 2014, quien sería jefe del Departamento Jurídica consular del Ministerio de Relaciones Exteriores en esa fecha, donde en un mail totalmente informal, sin ser sometido al proceso que la ley de transparencia exige, envía un correo señalando que sería la Universidad de Chile quien debería hacer reconocimiento del título y curiosamente expone la validación de un título sería necesaria para ejercer un cargo como funcionario público y que por constitución citando el mismo artículo 19 N°16 malinterpretado, omitiendo nuevamente parte del marco regulatorio, señalando finalmente: 

“En Consecuencia,nuestro ordenamiento jurídico no obliga bajo ningún respecto a que su título esté necesariamente reconocido por este ministerio o la Universidad de Chile para este que sea válido pudiendo ejercer libremente su profesión en Chile.” 

Es decir, el departamento jurídico consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que alguien Titulado en México, país sin acuerdo de convalidación tal como lo señala su misma página web, no necesita validar su  título para ejercer en nuestro país.

Diario el Minuto tuvo acceso a una declaración en causa C-1352-2014 (Documento 8) del Tercer Juzgado de Familia con fecha del 03 de Octubre de 2014, es decir, 12 días antes del correo del Ministerio de Relaciones Exteriores en su declaración oral la señora Carolina Alarcón Vásquez curiosamente argumenta el mismo sentido del correo pero con fecha anterior, pero señalando que se habría consultado a Contraloría en esta oportunidad y que serían los argumentos usados por ella precisamente los que se reflejan en el mail posterior del Jefe Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bueno yo si tengo mi título validado con timbres y  con toda la documentación lamentablemente yo hoy no lo traje lo anduve trayendo en todas la otras instancias me dedico al ejercicio de la psicología desde el año 2010 está validado, una homologación es distinta porque yo también lo averigué en base a que me enteré de las inquietudes de la abogada y yo no tengo ningún impedimento para ejercer mi carrera, ya, porque trabajo en el ámbito privado, no trabajo en el ámbito público lo consulté en Contraloría General de la República también porque en base a este tipo de dudas que tenía la abogada que no fueron preguntadas directamente a mi persona también averigüé Magistrado y si usted lo estima pertinente yo le puedo traer mi título revalidado.

AUDIO DEL CASO EN TRIBUNALES DE FAMILIA

Se pudo apreciar, en la misma causa, que pese a señalar que no tendría un título validado, es decir, estaríamos frente a un ilícito en base a los artículos 112 y 113 del Código Sanitario, la Jueza del caso señaló que ya se habrían aceptado los peritos y que hubo un plazo para oponerse , pese a estar presente en el desarrollo de un ilicito, no aceptó la reposición y simplemente dejó actuar a la señora Carolina Alarcón Vásquez, permitiendo su participación como perito Psicológico que tuvo como consecuencia la perdida de la causa de la parte afectada por Profam. 

La serie de documentos que se adjunta evidencian irregularidades a simple vista y que curiosamente fueron  aceptados como originales en Fiscalía, incluso aceptando el documento que señala “Plan de Estudio” como un “Certificado de Título” y el correo de Ministerio de Relaciones Exteriores fue aceptado como prueba de validación para su ejercicio sin validar un título. Es decir, con un mail se invalidó el marco lega chileno. 

Certificado Terminación de Estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), organismo del Estado, con fecha 22 de agosto de 2008. Firmado por Antonio Richardi Rochin como Director de Educación Superior y Superior, de la Secretaria de Educación. 

Diploma de haber cursado todas las asignaturas del plan de Estudios de Licenciatura en Psicología. Sin fecha, firmado por Antonio Richardi Rochin como Director de la Universidad de Vizcaya de las Américas. 

Carta de la señora Patricia Gonzalez Garcia de fecha 18 de septiembre de 2007 al señor Antonio Richardi Rochin como Director de la Universidad de Vizcaya. 

 

Se aprecia a Rochin firma como Director de Educación superior y superior, de la Secretaria de Educación,organismo del Estado de Colima y como Director de la Universidad de Vizcaya de las Américas, dos cargos distinto de un organismo  Estatal y otro  privado. Claramente el documento del Estado de un organismo de administración de la Educación, no entrega en representación de una  Universidad supuesto Título profesional (señala Plan de Estudios), observando además que figura el timbre de la misma Universidad . 

Lo más sorprendente de esta situación es que en el mismo documento aparece la validación del Director de educación superior y superior, de la secretaria de educación, organismo del Estado de Colima, como se aprecia en la imagen posterior del supuesto documento del Estado de Colima, donde se aprecia una manipulación del documento donde se observa un nombre para ese mismo cargo.

Claramente en el mismo documento se observa el nombre real del quien tiene ese cargo en esa fecha, el Lic. José Rodolfo Navarro Ochoa, quien funge como Director de Educación Media superior y superior de  la  Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de Colima. En la página anterior precisamente se ve la firma del LicJosé Rodolfo Navarro Ochoa Claramente se observa que el en el mismo documento exhibido tenemos otro nombre de un Director de Educación media superior y superior de  la  Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de Colima.

 Lo anterior es completamente congruente con la información de la Secretaría de Educación Pública de Colima que señala que el señor Navarro Ochoa era el Director de Educación Media y Superior, este antecedentes hoy es público y se encuentra disponible en la página Web www.infomexcolima.org.mx y se puede descargar en la respuesta N°00033016 (Documento 9realizada sobre los directores fechada 2016-05-27 y que se adjunta, en la que se aprecia este nombre en dicho cargo y la no existencia en algún cargo del señor Richardi Rochin. 

Como se puede apreciar es específicamente es estas validación de un supuesto documento que se ven distintas versiones de dicha validación, en causa P-482-2013 el 03 de noviembre de 2017 (Documento 10), se observa la siguiente imagen del sector de validación. 

Y en causa RUC 1410035580-k del Sexto Juzgado de Garantía se observa la siguiente información el 27 de noviembre de 2014(Documento 11) 

Mientras que en el ingreso a la Corte que se ha puesto como ejemplo de análisis se observa, el cual se adjuntó el mismo 07 de noviembre de 2014. 

En las diversas imágenes se pueden observar que correspondería a documentos diferentes dado que se aprecian diferentes porcentajes de aparición de los supuestos timbres que aparecen en la parte posterior y que no tienen nada que ver con los timbres sino con la modificación de la ubicación de la supuesta validación de firma hecha, donde se aprecia en primer lugar una visión completa, en segundo lugar la superposición una supuesta fotocopia validad que se encuentra por encima y donde claramente desaparece el texto de validación. Y finalmente una validación con una clara inclinación con los timbres a la mitad por lo que no se ven completos. Es en los mismos documentos adjuntos en Causa P-482-2013 del Centro de Medidas Cautelares que se observa más clara la situación, dado que se incluye otro documento de iguales características.

En esta opción de puede ver claramente una validación. 

Así es que consultadas las fuentes de información, estas aportan las respuestas de la Transparencia del Estado Mexicano N° 0001100292117 (Documento 12) la cual puede ser vista en www.informex.org.mx, donde se puede apreciar que el señor Antonio Richardi Rochin recién se tituló el año 2012, al cotejar la información con el Registro Nacional de profesionista que se encuentra Online del Gobierno Mexicano en la dirección. 

https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action,

se observa la siguiente información en la pantalla: 

Número de Cédula: 7445326 

Nombre: Antonio  Richardi Rochin 

Género: Hombre

Profesión: Licenciatura en Administración Turística año de expedición: 2012 

Institución: Univedidad de Occidente Tipo: C1

Lo anterior estaría en la línea sobre los que señala el artículo de Ciper Chile quienes informan que dicha universidad serían conocidas como universidades “patito” instituciones privadas de muy mala calidad y que buscan el lucro ante todo, que incluso se puede apreciar en la misma duración de la carrera que se entrega que tendría la duración de 3 años o 9 cuatrimestres, que no es lo normal en Chile ni en el mismo México.

El director firmante en los diversos títulos en el año 2008, figura con titulación de ingeniero en el año 2012, se desconoce el marco legal de es país, pero claramente existen documentos presentados por la señora Carolina Alarcón Vasquez con fecha incluso anterior firmado como “Lic. Antonio Richardi Rochin” y carta de la señora Patricia Gonzalez Garcia de fecha 18 de septiembre de 2007 en la cual se dirigen como “Lic. Antonio Richardi Rochin”, así como en otros documentos del año 2008 en adelante en la respuesta de Causa RUC 1410035580-K del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. Otro antecedente de irregularidad del documento es que claramente están timbrados únicamente por la parte que se observan timbres de antecedentes notariales en el reverso de las hojas donde se ven las legalizaciones y pertenecen a la notaria Alberto Mozo Aguilar, en la parte frontal no se observan timbres u otro reconocimiento de alguna notaria. 

Otro dato incoherente es que todos los documentos han sido validados supuestamente en el año 2009, pero en los antecedentes presentados en la Causa P-482-2013 se puede apreciar un cotejo de la señora Licenciada Bianca Galindo quien entre los documentos presentados en los antecedentes de la querella Causa RUC 1410035580-K del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, donde figura en el cargo de Director de Control Escolar de la Universidad de Vizcaya de Las Américas.

 Los antecedente existentes en la causa figura 

A estas graves irregularidades es que se puede observar otro dato relevante como la fecha de firma que figura en todos los documentos de por parte del Consulado de Chile en México en el cual figura la fecha 24 de noviembre de 2009 con actuación 3844 como se observa  . 

Ante los antecedentes que figuran del Consulado de Chile en México el Ministerio de Relaciones Exteriores envío oficio 2393 del fecha del 02 de marzo de 2015 señalando que la actuación 3844 del 24 de noviembre de 2009 corresponde a una actuación de “Laboratorios Agroen”.(Documento 13)

Por otra parte existe respuesta de mismo Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha de AC001T0000170 (Documento 14del 09 de febrero de 2016 respondida con fecha 17 de febrero de 2016 señala que en los días 23, 24 y 25 de diciembre la señora Carolina Alarcón Vásquez renovó su pasaporte y cédula de identidad el día 25 de noviembre de 2009, es decir, fue un día después del documento de actuación 3844 de “Laboratorios Agroen” fechado el 24 de noviembre 2009.

Finalmente se puede observar en línea en www.informex.org.mx la solicitud de información pública N°0001100417115 (Documento 15),   la cual se encuentra en línea en el que se consulta por dicho documento respondiendo que NO corresponde a Título Profesional, sino a un certificado de terminación de estudios y que debe verificarse ante la Secretaria de Educación de Colima ya que presenta irregularidades. A lo anterior se suma la intención de dar un título en los documentos investigados por Ciperchile que dan cuenta de una anulación de una supuesta titulación en el año 2015 (Documento 16)Mayor complejidad cobra este caso al ser cerrado por falta de supuestos méritos que no permiten formalizar, siendo no dictadas diligencias a las notarías involucradas y simplemente estar frente a un ejercicio ilegal con solo ya estar incumpliendo con lo señalado en los artículos 112 y 113 del Código Sanitario, que se refieres al ejercicio de la psicología y la obligación de tener el titulo validado en Chile.

Aspecto realmente inexplicable es que supuestamente con fecha 06 de febrero e 2015 se emitió la Solicitud de Investigación Internacional Oficio 022015-FME-314138 (Documento 17), en la cual se solicita al Estado Mexicano sobre la información de titulación de Carolina Alarcón Vásquez, la cual la Fiscalía negó información de su llegada ante solicitudes realizadas en la que se solicitó los antecedentes de los envíos de documentación, sin consultar por su contenido, solo el procedimiento administrativos del envío y recepción de la información siendo negados en los oficios 115, 153 y 154 (Documento 18Documento 19, Documento 20), pese a estar considerados en el artículo N°5 de la Ley 20285 sobre  Acceso a la Información Pública (Documento 21), por lo que se solicitó la información a la Procuraduría del Estado Mexicano quien en su respuesta N°0001700016817 (Documento 22) de acceso público en www.infomex.org.mx se entrega la información que fue despachado con fecha 5 de enero de 2016. 

Posterior a esta situación la negación se realizó la consulta a la Transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes derivaron la consulta al Ministerio Público quienes en esta oportunidad si respondieron en el oficio DEN 370 ING. 3242-17 (Documento 23) donde esta vez sí responden informan que el requerimiento fue enviado el día 09 de marzo y no el 06 de febrero como señala el documento, además de señalar que se habría recibido esta información 22 de febrero de 2016 y una respuesta complementaria el 18 de mayo de 2016.

Es así que además pese a recibir dicha información no fue anexada a la carpeta investigativa que se tuvo a la vista de julio de 2017, pese a tener la obligación ley de actuar de facto, lo cual no ocurrió y no fue adjuntada a la causa a su llegada y el Ministerio Público mantiene la causa cerrada. En el artículo de Ciper Chile se menciona que fuentes del Ministerio Público ante nuevos antecedentes llegados México se encontrarían investigando la veracidad de los títulos de psicólogo de la señor Carolina Alarcón Vásquez, lo cual no ha ocurrido hasta la creación de el presente artículo.

Lo anterior cobra gran relevancia dado que la causa se encontró detenida por la presentación por parte de un querellante de un requerimiento al Tribunal Constitucional, el cual fallo en ingreso 2858-15.

(http://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente.php?id=56225) 

El 16 de junio de 2016, fecha posterior a la llegada de la información desde México, la cual rechazo la pretensión del reclamante a su derecho a forzar la acusación de la señora Alarcón, situación a la que el Ministerio Público se opuso con diferentes argumentos, pese a que los antecedentes y análisis realizados en este artículo, fueron parte de la defensa inicial de la señora Alarcón y que el Ministerio Público habría encontrado “válidos” para incluso pedir su sobreseimiento desde un principio. 

Luego de la resolución del Tribunal Constitucional existe un alegato en la Corte Suprema con fecha 11 de julio de 2016 (Documento 24) en la cual se niega el forzamiento de la acusación solicitada por la parte querellante, cerrando la causa definitivamente la causa. A esta fecha la Fiscalía tenía conocimiento de la información llegada de México y el mismo querellante habría aportado nuevos antecedentes en septiembre de 2015 (Documento 25) en el cual señalan que iniciarán las investigaciones, las cuales nunca fueron realizadas. 

Es así que con todos estos antecedentes no solamente se ha podido investigar sobre el ejercicio ilegal de la profesión, sino que incluso existen informes con antecedentes de firmar como “Magister en Psicología Clínica en Psicología Social-Jurídica”, el cual evidentemente entrega la idea de cuales cuales son deficiencia en el sistema al observar que con todos estos antecedentes Fiscalía haya cerrado la investigación y que esta institución prosiga realizando evaluación es periciales, siendo usada con diversos fines como es sobreseer a acusados de abuso sexual, quitar hijos a madres o alejar a padres de hijos.

Así es como se aprecia que el Ministerio Público mantiene cerrada la causa y por otra parte la misma Corte de Apelaciones con mayores antecedentes en su poder, frente a una denuncia realizada con fecha 30 de marzo de 2016 con ingreso 537-2016 y 538-2016 (Documento 26), en la cual se denuncian estos antecedentes, además de la participación de abogados que incluso tendrían relación de atención familiar con la señora Carolina Alarcón Vasquez y relación con una asociación de Abogados que el Profam haría público en sus redes sociales. La Corte de Apelaciones solicitó respuesta a la señora Carolina Alarcón Vasquez quien no respondió y simplemente no entregó los antecedentes solicitados, a lo que se suma que los antecedentes solicitados y  arribados desde Tribunales de Familia, fueron antecedentes que en su mayoría eran posteriores la fecha de la primera querella y en las cuales ya la señora Carolina Alarcón no firma como Psicóloga, sino como un Postítulo que habría obtenido en la Universidad del Pacífico, es decir, nuevamente Tribunales de Familia omite información con el fin de cerrar el proceso y, así dar continuidad a las acciones que lleva Profam y sus redes.

Finalmente ante todos estos antecedentes presentados la Corte de Apelaciones señala el 11 de julio de 2016 (Documento 27) “Que del mérito de los antecedentes y de los informes evacuados a fojas 151 y 198, no se desprende alguna irregularidad en el procedimiento o alguna falta o abuso que deba ser reprimida por esta Corte“. 

La señora Carolina Alarcón Vásquez no ha acreditado ninguna título de psícólogo ante ningún organismo en Chile, es más, se ha entregado a los organismos del Estado Chileno los documentos analizados en este reportaje, que evidenciaría un nuevo de posible ilícito sobre la entrega de antecedentes falsos con el fin de obstruir la investigación del ejercicio ilegal de la profesión, a lo que se suma el comportamiento del Ministerio Público que dió por aceptados estos documentos y que arribados nuevo antecedentes, no han sido agregados a la carpeta investigativa y tampoco las medidas ya informadas en el reportaje de Ciper Chile sobre la acciones que se tomarían con la llegada de los antecedentes de México.  Cabe recordar que la persona investigada ha realizado peritajes en juicios donde se ha decidido el futuro de cientos de niños y familias,  en casos mayoritariamente controversiales sobre maltrato de niños, violencia y abuso sexual, donde curiosamente han preferido peritajes de esta institución en vez de peritos reconocidos por la Corte de Apelaciones, Cesfam, DAM o el mismo Servicio Médico Legal curiosamente. En otro plano han llegando incluso a participar en seminarios, realizar clases universitarias, la obtención de postítulo del área de familia e incluso  apareciendo en programas de televisión dando su opinión de experta sobre casos de alta connotación público temas de contingencia social (Ver video1 y video2

Diario El Minuto se contactó vía correo electrónico con la señora Alarcón y con su organización Profam para preguntar sobre su situación académica, ante lo cual no se tuvo respuesta.

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