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“Un país como Dios manda” la propuesta de Juan Carlos Neves para la política en Argentina

La Provincia de Buenos Aires, es el estado más importante en lo económico y en población del sistema federal argentino. No obstante ello, tiene enormes bolsones de pobreza, déficit en servicios públicos esenciales, alto nivel de conflictividad sindical que afecta a la educación y problemas de infraestructura.

Por: Jorge Alejandro Saponaro | Director de Diario El Minuto para Argentina


Juan Carlos Neves, dirigente político de la Provincia de Buenos Aires y líder del centroderechista Nueva Unión Ciudadana, nos habla de los problemas y soluciones para esta importante provincia.

El tema seguridad mantiene en vilo a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. Desde su perspectiva que medidas urgentes deben tomarse.

La medida más urgente y necesaria es el cambio de enfoque y de actitud respecto del delito. Hay una deformación ideológica de los conductores políticos que los lleva a actuar poniendo el centro de su atención en evitar que los derechos de los delincuentes sean vulnerados cuando la prioridad del sistema de seguridad debería ser asegurar los derechos del ciudadano que cumple la ley sobre los que eligen violarla y delinquir.

A partir de esa premisa es necesario que la policía tenga mayores atribuciones para prevenir el delito y pueda actuar con toda firmeza y sin temor a consecuencias posteriores cuando debe ejercer la fuerza dentro del marco de la ley.

Otra cuestión esencial es la modificación de las leyes que permiten a los delincuentes eludir la acción de la justicia y no cumplir las penas impuestas por las condenas. La cadena de excusas para liberar delincuentes es interminable. Va desde el estado de las cárceles, la falta de espacio, la liberación por el supuesto buen comportamiento, el estudio y el riesgo por el coronavirus. Todo argumento es bueno para una legislación que ve al delincuente como una víctima de una sociedad que lo excluye y no como un elemento antisocial que se aprovecha de la falta de firmeza de la ley.

No podemos dejar de mencionar la falta de una adecuada inteligencia criminal que permita anticiparse al delito a partir del conocimiento de las redes y vericuetos de la trama de las bandas delictivas en general y de los narcotraficantes en particular. La inteligencia se ha demonizado y se la ha desprestigiado a partir del aprovechamiento espurio que ha hecho de ella la estructura política para utilizarla para sus propios fines.

En síntesis, si queremos seguridad en la Provincia de Buenos Aires hay que modificar los parámetros ideológicos, los prejuicios y la sumisión a la corrección política y poner la actividad en manos de profesionales idóneos protegidos por leyes promulgadas en beneficio de los ciudadanos honestos que son las grandes víctimas de la inseguridad.

El sistema policial de la provincia heredó el marco legal de tiempos de Arslanián. Qué cambios hay que hacer en la estructura y organización del Servicio policial, como también superar las falencias en materia de adiestramiento y selección de personal, como logístico.

El marco legal heredado fue creado bajo los prejuicios ideológicos ya citados y no atendiendo a las necesidades operativas de la fuerza policial. La Provincia necesitaba y necesita más calidad que cantidad de agentes de la ley y eso se logra con mayor adiestramiento y preparación profesional. Sumar efectivos poco adiestrados lleva a que se cometan errores que luego son utilizados para desprestigiar a la fuerza policial.

La conducción de la fuerza debe estar en manos de funcionarios idóneos en materia de seguridad y hay que evitar que la policía sea utilizada por los gobernantes de turno en función de sus ideologías transformándola en policía de mano blanda, policía de mano dura o lo que es peor, en policía inhibida de actuar. Necesitamos una policía con apego democrático, con personal seleccionado, bien pago, física y académicamente bien formado y reconocida por la sociedad como el hombre de la ley en la calle.

El delito juvenil es un serio problema, especialmente en las barriadas más pobres del Área Metropolitana de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Cómo lo prevenimos. Cómo damos respuesta a este drama.

Tenemos que considerar tres aristas en esta grave problemática del delito juvenil.

En primer lugar, la baja de la edad de imputabilidad es un recurso imprescindible para evitar el aprovechamiento que se hace de los menores de edad para que cometan delitos bajo la tutela de adultos que los usan como mano de obra. El menor que comete un crimen o un delito grave y es entregado a sus padres que son incapaces de controlarlo vuelve de inmediato a la acción delictiva en un círculo vicioso de delito-detención-liberación-nuevo delito que termina con su muerte a manos de alguna víctima o de un agente de la ley que actúa en defensa propia. La única forma dedarle una oportunidadde salir del ciclo esun régimen de detención para menores, en instituciones en las que purguen las penas separados de los adultos y con un régimen que permita su recuperación. Devolverlos a la calle no es un acto compasivo, es una condena a muerte.

La segunda arista no es parte del área seguridad sino del área social. El Estado debe llegar a los niños abandonados, en situación de calle o en hogares disfuncionales y anticiparse a su caída en el delito brindándoles los cuatro elementos básicos que son techo, alimentación, educación y salud. Si en algo debe usar el Estado su presupuesto es en construir una red de contención y cuidado para los niños, que son el futuro de la nación.

Finalmente, y como parte de un programa general de protección de los menores y de la sociedad toda, en el Gran Buenos Aires el combate a la producción, tráfico y consumo de drogas debe ser una prioridad del Estado con especial énfasis en la red de financistas que organizan y lucran con este delito y que suelen permanecer impunes, dejando como caras visibles a los que trafican en las calles.

La incapacidad de proteger a los menores y combatir la droga lleva a un gobierno culposo a brindar impunidad al delito juvenil con un tremendo daño para la sociedad que lo sufre y los menores que lo cometen.

El asistencialismo social, no cabe duda que está en manos de redes clientelares, y no cumple con los objetivos para los cuales fueron creados. Qué medidas tomaría para terminar con este problema.

Conceptualmente se trata de reemplazar la cultura del asitencialismo por la cultura del trabajo y así terminar con el clientelismo, la vagancia y la pérdida de dignidad del individuo que no se gana su pan con el sudor de su frente, como corresponde.

Para llevarlo a la práctica en Nueva Unión Ciudadana hemos desarrollado planes que requieren una gran voluntad política y valor, para llevarlos a cabo. Uno de ellos propone organizar cursos masivos de capacitación que deberán ser cursados por quienes reciben planes y subsidios como contra prestación al beneficio obtenido y luego derivar a los graduados a empresas privadas o absorberlos en una empresa provincial de construcción de obras públicas que realizaría las obras previstas en el presupuesto provincial, fundamentalmente en el área de rutas, cloacas y viviendas sociales. De esa manera, en pocos meses convertiríamos cientos de miles de “planeros” en trabajadores en blanco debidamente capacitados y con un empleo sustentable.

También proponemos planes similares para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, llamados planes “Segunda Oportunidad”, que combinan cursos de capacitación laboral con la finalización de sus estudios primarios y secundarios inconclusos. Para ello aprovecharíamos los espacios disponibles en instalaciones militares y la capacidad que tienen instructores formados en las fuerzas armadas y de seguridad para trabajar con jóvenes cadetes y aspirantes.

Por cierto que lo mejor sería que una gran reactivación de la economía pudiera hacer crecer la industria privada en un grado que fuera capaz de absorber a toda la mano de obra desocupada pero los problema del asistencialismo y la falta de capacitación son inmediatos y acuciantes por lo que hemos pensado estas y otras alternativas creativas.

Se habla de los llamados “barones” del Conurbano, personajes de la política que hace más de una década están al frente de gobiernos municipales, que a todas luces poco o nada han hecho para mejorar la calidad de vida de sus territorios. ¿Cómo lidiar con este problema? Que reformas hay que llevar a cabo para evitar este tipo de fenómeno político.

La gran reforma ya ha sido hecha y consistió en limitar por ley a una sola reelección el tiempo de mandato de los intendentes. De esta manera se está produciendo una renovación progresiva, natural y democrática, evitando que se formen “feudos” en los municipios. Ahora hay que defender esta reforma que está siendo atacada por quienes no se resignan a la alternancia y esa será una de las batallas que libraremos desde la legislatura provincial si logramos acceder a ella.

El Partido de La Matanza, gobernado por décadas por el Partido Justicialista, es el más populoso de la Provincia de Buenos Aires. Más de dos millones de habitantes, pero serios problemas de vivienda, agua potable, contaminación ambiental. Nadie se atrevió a dividir el territorio de dicho municipio e introducir reformas de gestión. UD que haría al frente del gobierno provincial o desde la Legislatura.

La división del partido de la Matanza está en la lógica misma del concepto de municipio que es la división administrativa más pequeña del Estado y requiere de la proximidad del gobernante para el seguimiento de los problemas de los vecinos. Con prescindencia del partido que lo gobierne, las dimensiones de la Matanza y la cantidad de habitantes que lo habitan hacen imposible ese seguimiento y atención que requieren los problemas de orden municipal.

Dicho esto, la división del territorio debe ser fruto de un análisis técnico y racional seguido de una decisión consensuada y debatida en la legislatura provincial que además debe atender a la opinión de los vecinos de la Matanza para que de ninguna manera parezca guiada con el objetivo espurio de obtener ventajas políticas y electorales.

Desde el gobierno provincial o desde la legislatura presentaría el proyecto de división para que sea tratado de la manera descripta.

Nota de Diario El Minuto. El municipio de La Matanza – denominado partidos en la Provincia de Buenos Aires – es un bastión clientelar del peronismo desde hace décadas. Tiene 325,71 km² y lo habitan dos millones de personas. 120 mil personas o más viven en asentamientos y barrios de emergencia. Unas 170.000 personas o más dependen de ayuda alimentaria oficial. 40% de las calles sin pavimentar. La mitad de la población no está conectada a la red de gas y un tercio no tiene cloacas.

Astilleros Río Santiago, cuesta miles de millones de pesos al erario público, tiene más de 3000 empleados. Casi no produce nada. Qué hacemos con esta empresa.

El Astillero Naval de Río Santiago representa una capacidad estratégica de la nación argentina que como muchas otras organizaciones y empresas ha sido devaluada por un pésimo manejo empresarial y una ausencia de políticas acertadas, en este caso políticas navieras.

El Astillero de Río Santiago no solo ha construido buques mercantes sino que botó a la emblemática Fragata Libertad, ensambló las Corbetas MEKO 140 de tecnología alemana, ensambló la fragata Santísima Trinidad que fue la nave comando en la recuperación de Malvinas y merece un párrafo especial la construcción del Buque de Desembarco ARA San Antonio que llevó a las fuerzas que desembarcaron en las Islas Malvinas. Cuando hablo de capacidades estratégicas hago notar que la Argentina no ha podido adquirir en el extranjero después del conflicto de Malvinas, otro buque de desembarco por el veto británico y que una nave de esas características podría y debería construirse e incorporarse a nuestras fuerzas navales para aumentar los costos de defensa británicos e inducirlos a sentarse en una mesa de negociación.

Por sus capacidades para construir y reparar buques con su dique flotante de 170 metros de eslora y 26 de manga, el astillero de Río Santiago solo es superado en Argentina por los diques de reparaciones de la Base Naval de Puerto Belgrano que también está en la Provincia de Buenos Aires.

El Astillero de Río Santiago debería ser conducido por un management profesional, controlar las disputas gremiales y ser utilizado en plenitud. La Argentina tiene demasiados y dolorosos ejemplos de capacidades que son afectadas por el mal manejo y terminan perdiéndose luego, usando como argumento las mismas fallas que la mala conducción genera.

Fuera del sector agropecuario, qué otros sectores económicos merecen ser impulsados en la provincia o qué tiene un perfil competitivo no explorado.

Excelente tema. En primer lugar, la Provincia tiene que facilitar la actividad industrial pues es una de las áreas que puede proveer los puestos de trabajo necesarios para solucionar el problema de las altas tasas de desocupación. Eso se logra brindando facilidades impositivas y disminuyendo los costos logísticos vinculados al transporte y la energía.

El gobierno provincial tiene que implementar un nuevo modelo de desarrollo de la economía del conocimiento, que va mucho más allá de las empresas de software, pues abarca el desarrollo de patentes en todos los ámbitos de la economía facilitando las actividades de investigación científica y tecnológica. Un indicador del desarrollo de una nación es la cantidad de patentes que inscribe por año. Tomemos por ejemplo el caso de China con 1.300.000 patentes, seguida por Estados Unidos con poco más de 600.000.

En Sudamérica Brasil apenas suma 26.666, mientras que Argentina inscribió en un año 3443 y Chile 2.894. En la Provincia de Buenos Aires existe una Comisión de Investigaciones Científicas cuyo presupuesto debería ser incrementado y deberían darse incentivos a las empresas privadas que desarrollen sus propios proyectos de Investigación y Desarrollo. Este programa de prioridades a la investigación lo proponemos también a nivel nacional pues el futuro económico será de las naciones que investiguen más y mejor.

La Provincia de Buenos Aires también debe mirar al mar, los ríos, los puertos y los astilleros, pues cuenta en su territorio con todos estos elementos. Baste decir que posee cuatro puertos marítimos y siete fluviales, los dos astilleros más grandes de la Argentina, que hay veintidós municipios con frentes marítimos y una docena con frente fluvial, catorce municipios en la Cuenca Matanza Riachuelo, dieciocho en la Cuenca del Reconquista y cincuenta y seis en la Cuenca del Salado que ha sido permanentemente agobiada por inundaciones y sequías. El mar provee también la principal fuente turística con playas que sufren permanente degradación y un recurso pesquero mal administrado y explotado.

Nuestra propuesta incluye una Secretaría provincial de intereses marítimos y fluviales, industria naviera y manejo del agua, que unifique toda la actividad vinculada a estas áreas que representan un enorme capital poco aprovechado

El tema ambiental poco se toca, especialmente si observamos el estado de las cuencas de río Matanzas – Riachuelo, o Reconquista, o el caso del polo petroquímico Dock Sud, verdadera bomba frente a millones de vecinos de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Que prioridades deberían ser en la Agenda ambiental de la Provincia.

La Provincia de Buenos Aires requiere obras impostergables en el área ambiental y una gestión profesional y eficiente. Además de los temas que usted cita tenemos temas ignorados como la salvaguarda del acuífero Puelche que es una de las fuentes de agua potable de las zonas más pobladas de la provincia y que está afectado por la contaminación de las napas, la eliminación de los basureros a cielo abierto y el escurrimiento de las zonas inundables.

El saneamiento de la Cuenca del Reconquista y la Cuenca Matanza-Riachuelo es de fundamental importancia para la comunidad. Esta última obra requiere la coordinación del Estado Nacional, la Provincia y los catorce Municipios involucrados, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que evidencia la necesidad de consolidar la ejecutividad de la Autoridad de Cuenca que como tantas otras cuestiones termina siendo un botín político y no un órgano profesional, ejecutivo y de gestión.

Sin perjuicio del financiamiento que requiere una obra de esta envergadura la tarea comienza con las tareas de control de las empresas que vierten sus desechos industriales a los cursos de agua y la eliminación del vertido de residuos cloacales y basura por medio de una acción eficaz de las autoridades de la Provincia y sus Municipios.

También contemplamos la creación de una unidad específica de control de radiaciones electrónicas pues tenemos evidencias que las emisiones de antenas y líneas de alta tensión ubicadas en proximidades de centros urbanos son generadoras del incremento de graves enfermedades y no son controladas.

El análisis de todos los aspectos ecológicos debe ser efectuado con criterios científicos y objetivos, de modo de evitar que sean utilizados políticamente por sectores de izquierda que utilizan la agenda ambiental para frenar el desarrollo industrial y promover acciones perjudiciales para el progreso de la comunidad.

Sintetizando, el tema ecológico y la protección del medio ambiente está en el centro de nuestras prioridades pues afecta a la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

Quiero cerrar diciendo que la Provincia de Buenos Aires, que hoy se encuentra endeudada y al borde del default, es extraordinariamente rica en recursos y posibilidades y la clave para su desarrollo está en una conducción política capaz, idónea, con vocación de servicio y con espíritu patriótico, como la que ofrecemos desde las filas del NUC (Nueva Unión Ciudadana). Nos hemos planteado la construcción de un país como Dios manda y estamos comprometidos en esa misión.

Gracias Juan Carlos Neves por la entrevista a Diario El Minuto

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