Violencia de género en Argentina un drama de todos los días

Violencia de género en Argentina un drama de todos los días

En estos últimos años presenciamos importantes movilizaciones, con eslóganes como “Ni Una Menos”, políticos haciendo promesas para tomar medidas con el drama de la violencia contra la mujer, en sus diversas formas.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto para Argentina

Así Argentina tiene una entramada legal, progresista, pero que en la práctica falla su aplicación. La “cuarentena” como popularmente se llama al régimen de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, trajo aparejado un elevado índice de violencia doméstica. Las propias Naciones Unidas señalaron que aumentaron un 39%, considerando los expertos de dicha entidad como “la otra pandemia”.

Un panorama para nada alentador.

El delito de homicidio contra mujeres, denominado ahora “femicidio”, según surge del sitio web de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra Mujeres lo define como la forma más extrema de violencia contra las mujeres. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará (MESECVI) lo define como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión” (Declaración sobre el Femicidio, 2008). En 2009 se dictó una norma específica, la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Define actos de violencia, mecanismos de protección y seguridad, y la implementación de políticas públicas, que como venimos observando, no pasa mucho más allá de la retórica, dado que según el lugar de donde sea la víctima, como su posición social, varía su suerte, como la obtención de Justicia y reparación del daño.

Este drama conocido antiguamente como “crímenes pasionales” ha venido creciendo y con una respuesta errática por parte del Estado. Por ejemplo hasta el mes de agosto de 2020, 168 mujeres fueron asesinadas, el victimario generalmente es una pareja o ex pareja, y la escena del crimen, también es por lo general la vivienda familiar. Esta cifra supera en un 15% a las de 2019. La ciudad Unidad Fiscal señala que en la Ciudad de Buenos Aires, en un período que va de 2015 a 2018, fueron asesinadas unas 56 personas por razones de género, siendo el mayor número de víctimas en 2015.

Un 60% de las víctimas tenían entre 18-39 años. Un dato no menor, es que el 43% de este grupo, eran inmigrantes. En lo referente al agresor, la citada fiscalía nos dice que 8 de cada 10 de los femicidios fueron cometidos por una persona conocida por la víctima. Un 47% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima, mientras que 19% fueron perpetrados por un conocido o vecino y un 15% por un familiar. El 75& de las víctimas compartían la vivienda y el 53% tenían antecedentes de haber vivido situaciones de violencia.

El Observatorio sobre violencia de Género que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que señaló que del total de casos, 13 fueron femicidios vinculados -es decir, aquellos en los que el propósito del agresor es provocar sufrimiento a la víctima, un agravante incluido en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal-, en los que murieron seis mujeres y siete varones. El 20 de marzo -cuando cuando entraron en vigencia las medidas de aislamiento frente a la pandemia de coronavirus- hasta el 31 de julio hubo 98 femicidios, trece más que en el mismo período del año pasado, cuando se produjeron 85. El 73% de los crímenes ocurrieron en entornos familiares, 17 mujeres víctimas tenían menos de 18 años y más de un centenar de menores quedaron sin su madre.

Por otro lado se indica que el 17,3% de las mujeres había radicado denuncias por violencia de género de forma previa contra los agresores, una cifra que descendió en relación al mismo período del año pasado (22,6%) y del 2018 (21,6%). En cuanto al impacto territorial, el Informe señaló que las provincias en donde más femicidios se produjeron son Buenos Aires (67 casos), Santa Fe (22), Tucumán (11), Misiones (9) y Córdoba (8). En los casos de Santa Fe y de Misiones, los femicidios se duplicaron respecto de igual período de 2019, mientras que en Córdoba disminuyeron un 50%, en Mendoza un 80 y en Corrientes y Entre Ríos un 35 en cada una…

El Plan de Acción contra la Violencia de Genero

La gravedad de la situación llevó al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a impulsar un programa de asistencia económica a mujeres en riesgo, como al colectivo social identificado como LGBTI. Por medio del decreto 734/2020, se estableció una asignación de unos $ 17.000 pesos (unos US$ 107) dentro del Programa Acompañar, en el marco de un Plan contra la violencia impulsado por dicho ministerio. El objetivo es impulsar a la autonomía económica de las víctimas, dado que uno de los factores de vulnerabilidad es la carencia de empleo o sustento económico, que les impide salir de hogares violentos. Una iniciativa interesante, pero cuyo alcance sin ninguna se ve limitado por el comportamiento de la distintas jurisdicciones. No es lo mismo la respuesta o contención que puede existir en la Ciudad de Buenos Aires, que otros puntos del país, donde también la respuesta judicial es mucho más lenta y por lo general no se llega a buen puerto, y gran parte de los casos quedan sin resolver…y por ende impunes.

El Plan prevé programas de acceso a la vivienda, empleo, asistencia económica, implica más de un centenar de medidas concretas que involucra un gran número de organismos nacionales, y estaba previsto un presupuesto en dos años por una cifra de $ 18.000 millones (unos US$ 110 millones). Este proyecto de por sí ambicioso, prevé reformas en materia judicial para facilitar el acceso a la Justicia, en especial a la hora de hacer denuncias.

La crisis del COVID frenó muchos proyectos, aunque creemos que eso surge de un tema de problemas de gestión, el incremento de la violencia, las muertes y otros hechos violentos, donde las mujeres fueron las principales víctimas, tuvo una respuesta tímida del estado, más allá de los programas por los cuáles las víctimas tienen acceso a líneas gratuitas u otras facilidades para denunciar, pero las redes de contención siempre en endebles. Las jurisdicciones locales, especialmente provincias y municipios tiene un rol central, pero en muchos casos no hay una estructura adecuada, no es por falta de recursos, sino que estos son destinados muchas veces a otras prioridades.

Estrategia nacional respuesta local

Argentina atraviesa desde hace mucho tiempo una profunda crisis de valores, donde identificarnos una severa crisis de la institución familiar. Razones políticas e ideológicas, no han adoptado medidas destinadas a promover a dicha institución, preservarla y ello implica medidas activas contra la violencia. La crisis de valores, ha significado que las personas se conviertan en objetos, agregándose una serie de factores derivados de una crisis moral, donde la convivencia, el respeto al otro, las reglas de juego, parecen diluirse. No cabe duda que en este proceso de aculturización y pérdida de valores, la mujer ha sido denigrada, y esto se traduce en distintos tipos de violencia, entre ellas la física, psicológica y largo etc.

Las adicciones son otro peligroso ingrediente, como la tolerancia social a ciertos comportamientos agresivos, que generan un “clima” apto para el momento que estamos viviendo. Un ejemplo de ello es la relativización del valor “vida”, donde perderla, en manos del accionar de otro, no siempre recibe la sanción que corresponde. En otras palabras, no se busca prevenir, pero tampoco la persuasión es muy efectiva. Hay una clara falla a la hora de transmitir el “mensaje” para que potenciales agresores se abstengan de actuar.

El Estado federal, debe ser el responsable del diseño de las políticas, de delinear una estrategia nacional, recayendo en los ministerios funciones de planeamiento en este proceso. Esto puede ser centralizado en manos del Consejo Nacional de la Mujer. La ejecución debe corresponder, adaptada a las realidades locales a los Estados provinciales, que deben contar con herramientas no solo para la ejecución de políticas, sino también de monitoreo, control y evaluación de las acciones tomadas.

La primera línea en este drama pasa por los municipios, que deben contar con las herramientas adecuadas para apoyar a los grupos en riesgo/vulnerables. Ello requerirá una estrecha cooperación entre las agencias públicas y entidades privadas de bien público, como ONG, iglesias, comunidades educativas, entidades de bien pública diversas, movimientos sociales, redes de vecinos, creando verdaderas estructuras de contención y respuesta. La víctima requiere seguridad y salir del espacio donde es altamente probable que tenga un destino trágico.

Esto no solo requiere el uso del famoso “botón antipánico”, sino que las personas en situación vulnerables sean capacitadas para poder actuar en una situación de crisis y exista una estructura que le permita resguardarse del agresor, etc. Esto demanda también que desde el municipio se implementen programas de capacitación laboral, asistencia psicológica, acceso a vivienda, y llegado el caso, si es pertinente la víctima pueda optar por hacer su vida en otro lugar. La prevención es clave, para ello requiere capacitar a docentes, policías, abogados, médicos, y otros actores que puedan participar en dicho proceso, para identificar claramente situaciones de violencia o riesgo, que permitan respuestas a tiempo.

La confidencialidad y discreción ayuda de sobremanera, para que la víctima pueda recurrir a estos mecanismos. Asimismo debe haber un seguimiento de los casos, no solo por estadística, sino que permitirá perfeccionar soluciones, como también tener el grado de flexibilidad para dar respuestas a los diferentes casos.

Los Estados provinciales deben asumir el compromiso para generar mecanismos de inserción laboral, vivienda, servicios de salud para las víctimas, así como un sistema judicial adaptado, con fueros especializados, respuestas rápidas que permita obtener una sanción al delito cometido. Asimismo las víctimas deben tener acceso a un asesoramiento legal adecuado, que permita abordajes integrales, especialmente para personas de escasos recursos. En este proceso debe haber un trabajo exhaustivo con los menores que forman parte de familias afectadas por la violencia.

La respuesta ante el victimario debe ser contundente y efectiva, ello requiere que la Justicia como el Ministerio Público cuenten con herramientas, ya sea legales (con sanciones severas), como medios materiales y personal capacitado. La Policía también debe contar con unidades o dependencias especializadas para investigación de delitos vinculados a la violencia de género y contar con personal especialmente preparado.

Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, donde existen comisarías de la Mujer, cuyo funcionamiento es dispar. Existen iniciativas locales de prevención y respuesta también de resultado diverso. A titulo solo de ejemplo, podría implementarse un nuevo modelo, creando Oficinas de Prevención de la Violencia, donde articulen el accionar de estructuras de salud, social, educativa, como judicial de y seguridad. Estas Oficinas en manos de personal idóneo y con una carrera profesional dedicado a ello, deben brindar respuestas integrales. Por un lado por medio de “operadores” o “agentes” trabajar en planes preventivos, identificar familias o grupos en riesgo; respuesta en casos de emergencia, donde la víctima pueda formular denuncias y recibir asistencia integral, facilitando ayudas sociales, asesoría legal, etc.

Las mismas Oficinas deberían tener canales directos que faciliten el ingreso de denuncias al sistema judicial, su seguimiento, como contar con personal policial especializado para cumplir con medidas juridiciales específicas. El modelo policial de proximidad o policía comunitaria, debe implementar mecanismos para actuar sobre los victimarios, con mecanismos pro activos. La solidaridad de la comunidad es clave, y en ello las campañas educativas y de concientización son claves. En el ámbito de las fiscalías como defensorías, debe haber unidades especializadas en violencia de género.

En materia de ciberseguridad, debe haber también elementos preparados, dado que en los tiempos de hoy, las víctimas no solo sufren hostigamiento presencial, sino también por otros medios. Es por ello que las agencias de cibercrimen/ciberseguridad que deben crearse o que existan en el país, debe contar con personal idóneo y la respuesta del Estado debe ser eficaz.

En el plano federal no solo se trabajará sobre leyes, sino de un régimen de asignación de recursos las jurisdicciones locales que estará supeditado a los índices de violencia, grados de vulnerabilidad, cumplimiento de metas y objetivos que determine el planeamiento en la materia., además de un registro estadístico nacional.

La violencia de género es altamente compleja, requiere una revisión de normas, dotar al Estado en sus diversos niveles de un adecuado andamiaje legal, pero también de estructuras, en primer lugar centradas en la prevención, pero llegado el caso brinde respuestas a la altura de las circunstancias. Existe un fuerte consenso social e incluso recursos humanos, materiales y de presupuesto mal aprovechados, lo que demanda una profunda revisión, para que tengan un uso óptimo.

Creemos que la violencia de género debe insertarse en el marco de una política mucho más amplia, en el marco de una Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia Social, dado que estamos siendo testigos de violencia en redes sociales, escuelas, eventos deportivos, además de la violencia de género propiamente dicha, lo que demandará un verdadero cambio cultural, donde la vida y la convivencia sean valores claves para reducir el creciente número de víctimas, en una sociedad que muchas veces pareciera estar enferma de anomia, que afectan a los dirigentes políticos, que en vez de tomar medidas, solo se dedican a ser simples “comentaristas” del drama que viven innumerables víctimas de una violencia que pareciera que se incrementa día a día, con la pérdida de valiosas vidas y el daño emergente de ello.