Un fiscal incómodo, dos causas sensibles y una resolución unánime que golpea al oficialismo
En medio de una ofensiva parlamentaria que buscaba su destitución, el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, recibió un espaldarazo rotundo por parte de la Corte Suprema, que rechazó por unanimidad la solicitud de remoción impulsada por diez diputados, entre ellos figuras del Partido Comunista, el Frente Amplio y la centroizquierda.
Este episodio, lejos de ser un mero trámite judicial, refleja un momento clave en el mapa de poder del Ministerio Público y expone los nervios del oficialismo ante un fiscal que ha resultado ser más incómodo que funcional.
El trasfondo político: ¿Por qué querían remover a Cooper?
La petición de remoción presentada en marzo por parlamentarios como Carmen Hertz, Gael Yeomans, Ana María Gazmuri y Jaime Naranjo, se sustentaba en acusaciones de "negligencia" y "filtración de antecedentes". Sin embargo, la Corte Suprema fue tajante: no había méritos suficientes para removerlo.
El verdadero motivo, según fuentes del mundo judicial, apunta a las causas que hoy lidera Cooper, y que involucran directamente a dos figuras emblemáticas del oficialismo:
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La fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, en la que está imputada su hija, la exsenadora Isabel Allende, caso que provocó su remoción por el Tribunal Constitucional y la renuncia de la ministra Maya Fernández.
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El caso Chinamart, donde la diputada comunista Karol Cariola aparece en la investigación por presunto tráfico de influencias en favor del empresario chino Bo Yang, también conocido como Emilio Yang.
¿Un fiscal sin poder o una amenaza latente?
Aunque Cooper fue apartado en mayo por el Fiscal Nacional Ángel Valencia del emblemático caso ProCultura, su figura sigue generando ruido. La Corte de Apelaciones de Antofagasta calificó de ilegales las escuchas a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, hecho que salpicó incluso al Presidente Gabriel Boric, cuyo nombre apareció en esas grabaciones. La resolución fue ratificada, en fallo dividido, por la Corte Suprema.
Pero Cooper sigue en control de dos investigaciones que podrían poner contra las cuerdas a rostros relevantes de la izquierda. Y la decisión del máximo tribunal de mantenerlo en su cargo despeja el camino para formalizaciones que podrían llegar en los próximos meses.
Diputados derrotados y un precedente reiterado
No es la primera vez que la Corte Suprema frena una arremetida política contra fiscales regionales. Antes ya habían sido rechazadas las solicitudes de remoción de Xavier Armendáriz (2024), Marcela Cartagena (2023) y Emiliano Arias (2020).
En este caso, el golpe al oficialismo fue doble: perdieron la batalla jurídica y quedaron en evidencia las tensiones internas respecto a cómo enfrentar las causas que involucran a sus propias filas.
La vocera de la Suprema y el mensaje institucional
La ministra María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, fue clara: “El tribunal pleno, por unanimidad de sus integrantes, ha estimado desestimar la solicitud que ha sido planteada por diputados de la República”. Un mensaje institucional que reafirma la independencia del Poder Judicial frente a presiones políticas, pero que también deja a la Fiscalía con el deber de avanzar con rigurosidad.
Conclusión: una tregua momentánea, no una victoria definitiva
El caso Cooper es un síntoma de algo mayor: la fragilidad de las relaciones entre el oficialismo y el Ministerio Público, y el temor creciente a que los fiscales se conviertan en jueces incómodos de su gestión.
La resolución de la Corte no solo reafirma la autonomía de los fiscales, sino que también plantea una advertencia: las investigaciones seguirán su curso, incluso cuando los protagonistas estén al interior del Gobierno o del Congreso.
