Un nombre recurrente en casos de colusión
Entre 2008 y 2019, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionó colusiones en mercados altamente sensibles para la ciudadanía: carne de pollo, farmacias, asfalto y transporte marítimo. En todos esos procesos aparece un mismo nombre: Jorge Quiroz.
Los antecedentes no son menores. Informes, declaraciones y documentos muestran que el economista participó como asesor en defensa de empresas que posteriormente fueron condenadas por coordinar precios. Más aún, en tres de los cuatro casos analizados, sus conclusiones fueron derechamente desestimadas por el TDLC y luego por la Corte Suprema.
No se trata de un detalle técnico. Se trata de un patrón.
La delgada línea entre lo técnico y lo ético
Desde una perspectiva estrictamente profesional, es legítimo que un economista elabore informes para empresas en litigio. Es parte del funcionamiento del sistema. El propio Quiroz ha sostenido que nunca ha estado vinculado ni ha facilitado esquemas de colusión.
Pero aquí surge una pregunta incómoda:
¿basta con la legalidad del ejercicio profesional cuando los resultados de ese trabajo terminan respaldando —aunque sea indirectamente— prácticas que la justicia declara ilegales?
Porque el punto no es solo jurídico. Es político. Y sobre todo, es ético.
El problema político: del informe al poder
La controversia se intensifica cuando ese mismo economista pasa a integrar el equipo económico de José Antonio Kast y luego es proyectado como futuro ministro de Hacienda.
Aquí ya no estamos hablando de un asesor privado. Estamos hablando de una figura que podría liderar la política económica de un país.
Y en ese escenario, el estándar cambia.
La confianza pública exige algo más que competencia técnica. Exige independencia de criterio, pero también una trayectoria libre de cuestionamientos relevantes en materias tan sensibles como la libre competencia.
El caso pollos: el “modelo” que incomoda
El episodio más complejo es, sin duda, el de la colusión en la industria avícola.
El llamado “modelo Quiroz”, utilizado para proyectar la demanda, terminó siendo parte de la estructura que permitió a empresas como Agrosuper, Ariztía y Don Pollo repartirse el mercado.
Que un instrumento técnico haya sido posteriormente vinculado a una práctica colusiva no implica necesariamente intención. Pero sí abre una discusión inevitable:
¿puede un asesor desligarse completamente del uso que se hace de sus modelos cuando estos terminan facilitando conductas anticompetitivas?
Farmacias: cuando la evidencia contradice el análisis
El caso de las farmacias es aún más delicado.
Mientras los informes de Quiroz descartaban la existencia de coordinación de precios, el TDLC encontró evidencia directa: correos electrónicos que daban cuenta de acuerdos explícitos entre las cadenas.
La brecha entre el análisis técnico y la conclusión judicial no solo fue amplia. Fue determinante.
Y es precisamente esa distancia la que hoy vuelve a instalar dudas razonables.
Asfalto y navieras: un patrón que se repite
En el caso del asfalto, la tesis de “rivalidad” entre empresas fue desestimada por los tribunales, que acreditaron coordinación.
En el transporte marítimo, si bien Quiroz no defendió la inexistencia de colusión, sí intervino en la reducción de multas, marcando presencia en otro proceso relevante.
Caso a caso, el patrón se repite: participación técnica en defensa de empresas que terminaron siendo sancionadas.
¿Responsabilidad profesional o estándar público?
Es importante ser claros: no existe evidencia de que Jorge Quiroz haya participado en actos ilegales.
Pero esa no es la única vara con la que se mide a quien aspira a un cargo de alta responsabilidad pública.
La discusión de fondo es otra:
¿es coherente que una persona que ha defendido sistemáticamente a empresas involucradas en colusión —aunque sea desde lo técnico— asuma la conducción de la política económica del país?
Una discusión que Chile no puede evitar
La eventual llegada de Quiroz al Ministerio de Hacienda abre un debate necesario.
No sobre su capacidad técnica, que nadie discute.
Sino sobre el estándar ético y político que debe exigirse a quienes toman decisiones que afectan directamente a millones de personas.
Porque la colusión no es un delito cualquiera. Es una práctica que golpea el bolsillo de los ciudadanos, distorsiona los mercados y erosiona la confianza en las instituciones.
Y frente a eso, la pregunta no es solo qué dice la ley.
La pregunta es qué exige la ciudadanía.
Conclusión
El caso de Jorge Quiroz no es solo un asunto personal o técnico. Es un reflejo de una tensión más profunda entre el mundo privado y el ejercicio del poder público.
Su trayectoria obliga a hacerse una pregunta incómoda, pero imprescindible:
¿cuál es el estándar que Chile está dispuesto a aceptar para quienes lideran su economía?
Porque en tiempos de desconfianza, la legitimidad no se construye solo con conocimientos.
Se construye, sobre todo, con coherencia.
