Una deuda pendiente en la política pública chilena
En todo sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes existe un momento particularmente delicado que, paradójicamente, suele recibir menos atención que otras etapas del proceso: la transición hacia la vida adulta de quienes han vivido bajo cuidado o tutela del Estado.
Este momento, conocido en la literatura especializada como egreso del sistema de protección, marca el paso desde un contexto institucional de cuidado hacia la construcción de un proyecto de vida autónomo.
Sergio Sepúlveda González | Psicólogo Clínico | Encargado de Proyectos y Vinculación con el Medio | Fundación ECAM – Chile
Para muchos jóvenes, este tránsito ocurre en condiciones especialmente complejas, ya que, a diferencia de la mayoría de sus pares que continúan recibiendo apoyo familiar durante los primeros años de la adultez, quienes han crecido en sistemas de protección suelen enfrentar esta etapa con redes sociales más frágiles, trayectorias educativas discontinuas y menores oportunidades de inserción laboral y habitacional.
La transición hacia la vida adulta
Por esta razón, durante las últimas décadas diversos países han comenzado a reconocer el egreso no como el simple término administrativo de una medida de protección, sino como una etapa específica que requiere planificación, acompañamiento y políticas públicas orientadas a facilitar la transición hacia la vida independiente.
El momento en que un joven egresa del sistema de protección constituye, en ese sentido, una de las pruebas más exigentes para cualquier política pública orientada a la restitución de derechos.
Es allí donde se pone en juego si la protección ofrecida por el Estado logra proyectarse hacia una vida autónoma o si, por el contrario, termina abruptamente en el momento en que más apoyo se requiere.
El egreso del sistema de protección se convierte así en una verdadera prueba de su eficacia: es en esta transición donde se revela si el cuidado ofrecido durante la infancia logra traducirse en oportunidades reales para la vida adulta.
Una deuda persistente del sistema de protección chileno
A pesar de los avances institucionales registrados en los últimos años, el desarrollo de una política pública robusta de acompañamiento al egreso sigue siendo una deuda pendiente del sistema de protección chileno.
Durante décadas, el foco principal de la acción estatal se ha concentrado en las etapas iniciales de la protección —ingreso, diagnóstico, intervención familiar o cuidado alternativo—, mientras que la transición hacia la vida adulta ha ocupado un lugar secundario dentro del diseño programático del sistema.
Esta situación resulta especialmente llamativa si se considera que la problemática del egreso ha sido ampliamente documentada a nivel internacional desde hace al menos tres décadas.
Países de Europa, América del Norte y, más recientemente, de América Latina han desarrollado marcos normativos, programas de acompañamiento y dispositivos específicos para apoyar a jóvenes que transitan desde sistemas de cuidado estatal hacia la vida independiente.
Evidencia internacional y riesgos del egreso sin apoyo
La literatura especializada y la experiencia comparada han mostrado de manera consistente que la ausencia de apoyos estructurados en esta etapa incrementa significativamente los riesgos de exclusión social, precariedad laboral, inestabilidad habitacional y afectación de la salud mental.
En este sentido, la limitada consolidación de una política de egreso asistido en Chile no puede explicarse únicamente por falta de conocimiento técnico o ausencia de experiencias de referencia.
Por el contrario, el debate internacional ha producido abundante evidencia sobre la relevancia de acompañar las trayectorias posteriores al egreso y sobre los componentes institucionales que permiten hacerlo de manera efectiva.
La postergación histórica del egreso en Chile
En el caso chileno, lo que se observa es una postergación histórica de esta dimensión dentro de las prioridades del sistema de protección, fenómeno que ha sido señalado de manera reiterada por diversos análisis y diagnósticos institucionales.
Esta postergación se manifiesta en varios niveles. Por una parte, la transición hacia la vida adulta ha sido tratada durante largo tiempo como una consecuencia natural del cierre de las medidas de protección, más que como una etapa que requiere planificación anticipada y acompañamiento sostenido.
Por otra parte, las respuestas institucionales desarrolladas hasta ahora han tendido a configurarse como programas complementarios o pilotos acotados, en lugar de constituirse como un componente estructural y garantizado del sistema de protección.
Una oportunidad para fortalecer la política pública
Reconocer esta situación no implica desconocer los avances recientes ni minimizar los esfuerzos institucionales realizados en los últimos años.
Sin embargo, sí exige asumir que la construcción de una política pública de egreso asistido ha sido históricamente tardía en el país, especialmente si se considera la magnitud del sistema de protección y el número de jóvenes que cada año deben enfrentar la transición hacia la vida adulta sin redes familiares suficientes.
Precisamente por ello, el momento actual ofrece una oportunidad especialmente relevante.
La reforma institucional del sistema de protección, el desarrollo progresivo de nuevos dispositivos programáticos y la creciente atención pública sobre las trayectorias de jóvenes que han vivido bajo tutela estatal generan condiciones propicias para avanzar hacia un modelo más consistente de acompañamiento al egreso.
La responsabilidad del Estado más allá de los 18 años
En este contexto, abordar esta dimensión no solo constituye una mejora técnica del sistema, sino también un paso necesario para fortalecer la coherencia del compromiso estatal con la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Porque cuando el Estado ha asumido la responsabilidad de proteger a un niño o adolescente durante su infancia, esa responsabilidad no puede terminar simplemente el día en que cumple 18 años.
Por el contrario, debe proyectarse en las condiciones que hagan posible una vida autónoma, digna y plenamente integrada a la sociedad.
La protección del Estado no puede limitarse a resguardar la infancia; debe también abrir el camino hacia la vida adulta, garantizando que quienes crecieron bajo su tutela cuenten con las herramientas necesarias para construir su propio proyecto de vida.
