En Chile, un país donde las listas de espera crecen, la seguridad se deteriora, las pensiones siguen siendo miserables y miles de familias esperan una vivienda digna, el financiamiento electoral vuelve a encender el debate.
Porque, mientras la ciudadanía aprieta el cinturón, los candidatos presidenciales reciben miles de millones de pesos del Estado por concepto de reembolso por voto. Sí, miles de millones.
Columna de opinión de OED Marcelo — Diario El Minuto
Y aunque la ley lo permite, la pregunta es inevitable:
¿Es razonable que la política pague cifras millonarias por cada sufragio mientras tantas necesidades sociales permanecen sin respuesta?
El voto convertido en moneda: cuánto recibe cada candidato
La legislación chilena —Ley 19.884— establece un sistema de reembolsos por voto basado en UF. Su intención original era nivelar la cancha y evitar financiamientos irregulares. Sin embargo, con el paso del tiempo este mecanismo ha terminado por convertirse en algo muy distinto: una industria del gasto electoral.
A valores aproximados:
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Primera vuelta: 0,04 UF por voto → $1.585 pesos
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Segunda vuelta: 0,01 UF adicionales → $396 pesos
Es decir, cada voto cuesta dinero al Estado. Mucho dinero.
Y aunque se exige rendición de gastos, los montos siguen siendo estratosféricos.
Los millones que recibirá cada candidato
Con el 90,15% de mesas escrutadas, estas son las cifras máximas en pesos:
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Franco Parisi: $3.720.598.493
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Jeannette Jara: $5.091.967.002
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Marco Enríquez-Ominami: $226.360.141
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Johannes Kaiser: $2.651.502.844
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José Antonio Kast: $4.575.131.933
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Eduardo Artés: $126.210.918
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Evelyn Matthei: $2.394.750.341
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Harold Mayne-Nicholls: $240.378.115
Y falta considerar la segunda vuelta, donde los dos finalistas siguen recibiendo reembolsos, aunque de menor valor por voto. ¿Resultado?
Más millones. Más gasto. Más distancia entre la clase política y la realidad social.
El gran dilema ético: ¿democracia o negocio?
Mientras en Chile se discuten reformas para financiar salud, seguridad, vivienda y pensiones, el país desembolsa cifras exorbitantes para campañas políticas que, en muchos casos, no generan beneficio alguno para la ciudadanía.
La pregunta es legítima:
¿Podrían estos recursos destinarse a necesidades urgentes del país?
La respuesta, aunque incómoda, es evidente: sí.
Solo en esta elección, si sumamos los reembolsos totales, estamos hablando de una cifra que supera con facilidad los 20 mil millones de pesos.
Dinero suficiente para financiar programas de tercera edad, reforzar infraestructura hospitalaria, ampliar la dotación policial, apoyar escuelas o mejorar la digitalización del Estado.
Pero no.
Ese dinero va a campañas.
A palomas.
A brigadistas.
A marketing.
A consultoras.
A producción audiovisual.
A propaganda que dura tres semanas y se olvida al día siguiente.
Segunda vuelta: el negocio continúa
Incluso cuando quedan solo dos candidatos, el Estado sigue pagando por voto, y aunque el monto baja, el volumen de sufragios hace que el reembolso final siga siendo millonario.
Un sistema que, más que incentivar la democracia, premia la maquinaria electoral.
¿Es hora de reformar el modelo?
Como reflexión, Chile podría considerar reformas como:
Tope total de financiamiento público
No por voto.
No por rendición infinita.
Un monto fijo y moderado para cada candidatura.
Sanciones reales por boletas falsas o gastos inflados
La ley exige boletas, pero sabemos que ha sido un terreno fértil para irregularidades.
Eliminación del reembolso en segunda vuelta
No tiene sentido pagar dos veces por la misma campaña.
Campañas más cortas y austeras
Menos gasto, menos propaganda, menos contaminación visual, más propuestas.
Redireccionar fondos a necesidades sociales
Si el país tiene prioridades —y las tiene—, la política no puede ignorarlas.
Conclusión
La democracia cuesta, sí.
Pero no puede transformarse en un negocio multimillonario para quienes compiten por llegar al poder.
En tiempos donde el país clama por seguridad, salud, pensiones dignas y estabilidad económica, seguir gastando sumas escandalosas en reembolsos electorales es, simplemente, un abuso.
Chile necesita una política más responsable, más austera y más consciente de su realidad social.
Y eso parte por revisar el sistema de financiamiento público de campañas antes de que siga alimentando un modelo que ya perdió su sentido original.
