Cuando la probidad es solo discurso
En un país que cada día exige más transparencia y ética en el ejercicio del poder, nos enfrentamos nuevamente a un episodio que deja en evidencia cómo el discurso de probidad del gobierno de Gabriel Boric naufraga frente a los hechos. El protagonista es Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), y amigo personal del Presidente desde sus días escolares en Punta Arenas.
Domínguez, quien percibe una remuneración bruta superior a los 6,5 millones de pesos mensuales, enfrenta hoy un sumario administrativo luego de que la Contraloría General de la República detectara el uso irregular de una licencia médica para extender su estadía en Europa tras asistir al Mobile World Congress en China.
La receta del pituto: amistad, cargo público y beneficios
Según lo constatado por Contraloría y la fiscal interna de Subtel, Domínguez solicitó licencia médica para los días 6, 7 y 8 de julio de 2023, justo después de regresar de su comisión de servicio en China. Luego solicitó feriado legal del 10 al 14 del mismo mes. Un “combo perfecto” que le permitió permanecer 11 días más en Europa, a costa del Estado y en abierta contravención de un instructivo presidencial del propio Boric, emitido en abril de ese mismo año.
Cabe preguntarse: ¿qué tanto pesa un instructivo presidencial cuando se trata de amigos del Presidente?
Contraloría y el salto de la investigación sumaria al sumario administrativo
Lo que comenzó como una investigación sumaria se elevó a sumario administrativo al constatarse que los hechos revestían una gravedad mayor. La fiscal del caso determinó que Domínguez habría violado principios básicos de probidad y buena fe, lo que podría derivar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso se agrava al comprobarse que el feriado legal informado ni siquiera estaba registrado en el sistema oficial (SIAPER), lo que abre dudas sobre el control interno en la Subsecretaría.
Una señal del agotamiento del modelo de favores
El caso Domínguez no es solo una falta administrativa. Es una radiografía de cómo el modelo del pituto político sigue más vivo que nunca, incluso en quienes llegaron prometiendo una “nueva forma de gobernar”.
No estamos ante un error puntual. Estamos frente a un patrón: militantes y cercanos premiados con cargos públicos, sueldos abultados, y privilegios que bordean –o cruzan– la ilegalidad.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta una inflación creciente, crisis de seguridad, y un aparato público que pierde legitimidad día tras día.
¿Y ahora qué?
Subtel ha dicho escuetamente que el sumario se encuentra en su etapa final. Pero el verdadero juicio lo debe hacer la opinión pública: ¿Seguirá el Gobierno protegiendo a los suyos, incluso cuando se vulneran principios elementales de la función pública?
El caso Domínguez debe marcar un precedente. No por el personaje, sino por lo que representa: la traición al discurso de la transparencia, la continuidad del amiguismo, y la urgencia de sanear el Estado de estos abusos.
