La Ola Política del Pacífico Sur
El último proceso electoral ganado en Chile por la ultraderecha establece una nueva etapa del esquema dialéctico: derecha-izquierda e izquierda-derecha. Un episodio correlativo en el marco de un sistema democrático que funciona, donde, Boric, gobernó con la Constitución de Pinochet -eso sí- validado por la propia ciudadanía. ¿En Perú, ocurrirá igual? Difícil. Aquí, el sector político identificado como “derecha” está percibido por la ciudadanía como el conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo que ejecutan una gestión alejada del bienestar general.
Por: Gary Ayala Ochoa, director El Minuto Perú
El sistema político chileno consumó su legitimidad y alta performance ante la comunidad internacional con las declaraciones de la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, al aceptar su derrota ante José Antonio Kast: “Nuestra democracia se fortalece cuando se reconoce la voluntad ciudadana”. Dicho gesto resulta impensable en el contexto político peruano donde es norma que el candidato perdedor denuncie fraude y se convierta en un torpedo desestabilizador -no oposición democrática ni constructiva- frente al nuevo gobierno.
Un Referéndum Ignorado por el Congreso Actual
En el Referéndum Nacional realizado en el 2018, el 90.51% de los peruanos electores rechazó la bicameralidad y el 85% votó por la prohibición de la reelección inmediata de congresistas. Pero, el Congreso en curso, en marzo del 2024, aprobó la bicameralidad y la reelección. ¿Y el respeto democrático por la voluntad popular? ¿Aquella afrenta quedó en el olvido?
Las elecciones generales del 12 de abril del 2026 tienen ahora un escenario increíble para la ciencia política: 36 candidatos presidenciales más dos agrupaciones que solo buscarán obtener senadores y diputados. Un gran mercado político. No fue necesario contar con una doctrina que conciba valores sobre la persona humana, familia, devenir social y rol del Estado; no fue necesaria una ideología que analice estructuralmente a la sociedad que pretende administrar. Solo fue requerido un plan de gobierno el cual puede ser realizado por la IA en pocos minutos.
El desgaste de la clase política expresada en los sucesivos gobiernos que concluyeron con una potencial condena por corrupción e incapacidad moral durante los últimos 30 años, ha sido una constante que -por ejemplo- ha impedido que la “Generación Z” vea a un presidente que inicie y concluya su periodo en un ámbito democrático y sin escándalos. Triste realidad. Ahora, se puede comprender la reacción de este segmento poblacional (25% del electorado nacional) que ha realizado diversas marchas contra el gobierno con un joven muerto por mano policial.
En un escenario social donde la extorsión, el secuestro y el sicariato, han sentado un sistema paralelo de tenebrosa actividad económica, el actual Congreso, el más impopular de la historia republicana, ha aprobado ocho leyes que a interpretación de importantes instituciones y especialistas son favorables al crimen organizado como la ley 32108 que redefine el concepto de organización criminal ya que exige que el grupo busque "beneficio económico".
Se critica el bloqueo al combate contra la trata de personas y el sicariato. Un allanamiento solo es posible si está el abogado del investigado (retraso al fiscal y opción de fuga). Y se cuestiona la Ley de Amnistía para los delitos de lesa humanidad (antes de 2002) que libera responsables.
Se critica la restricción de la Colaboración Eficaz (normas que debilitan la capacidad fiscal para desarticular redes delictivas). También, las leyes que reducen facultades del Ministerio Público que permiten investigación policial preliminar sin dirección fiscal plena.
Importantes organismos Internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado todo ello. Lo vieron como el debilitamiento del marco jurídico nacional contra la inseguridad y una limitación respecto a la rendición de cuentas del Estado.
Testimonios que marcan
“El Congreso es el brazo legal de la organización criminal y lo que digo lo baso en los indicadores de las leyes que ha sacado, por ejemplo, no se puede ahora detener a ninguna persona por más que tengamos todas las evidencias” (…) “El Congreso no legisla para proteger al ciudadano sino para proteger a los delincuentes” (Marianella Ledesma, ex presidenta del Tribunal Constitucional).
“Eso que está pasando en el mundo y en nuestra propia sociedad, donde la corrupción se instala, donde las personas se matan por dinero y matan a los demás por dinero. Toda la cantidad de mafias que en este momento están metidas en el país, en las instituciones del Estado, que producen leyes terribles, también se mete a la Iglesia” (Cardenal del Perú, Carlos Castillo).
“Dar leyes a favor del crimen es imperdonable. Ignoro cuánto tiempo tomará para que paguen por ese ataque artero al Estado y a la nación peruanos. Pero de lo que estoy seguro es que tendrán que enfrentarse, tarde o temprano, con sus demonios” (…) “Las maniobras desesperadas por lograr que la votación del 2026 los favorezca son la prueba de que el castigo está en nuestras manos (Jorge Bruce, prestigioso psicoanalista de la Universidad Católica del Perú).
“El Congreso también está lleno de apañadores de corruptos y de corruptos” (Rosa María Palacios, abogada y comunicadora líder de opinión en el diario digital La República).
Los duros y frontales cuestionamientos al Congreso de la República los comparte por igual el poder Ejecutivo:
“José Jerí, como el hombre que va a Palacio, y Fernando Rospigliosi, alias Gusano, como el presidente del Congreso, son el dúo dinámico de la mafia. El plan que seguirán Jerí y Rospigliosi es no cesar en la campaña de arrasar con cualquier independencia de los poderes públicos y obtener la impunidad para los allegados que tengan cuentas con la justicia” (César Hildebrandt, ducho periodista investigador y director del semanario Hildebrandt en sus Trece).
“Ya el Perú es un narcoestado, puede ser también llamado narco república, pero lo más preciso en estos momentos como definición es que es una república narco criminal ¿Por qué? Si bien tiene en el vértice al narcotráfico, ahora, no podemos omitir el enorme peso que tiene el oro ilegal” (Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico y orden interno).
Ninguna de estas personas ha sido desmentida por acción legal de los propios aludidos; es más, se ha generado una campaña difundida en todas las plataformas digitales contra las organizaciones políticas con bancada en el parlamento peruano consideradas de derecha.
Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular (eliminada por la autoridad electoral debido a un fraude interno) e incluso Perú Libre (considerada inicialmente de izquierda) son el blanco, se llama a no votar por ellos.
Esta realidad obliga a todos sus candidatos al Senado y la Cámara de Diputados y a quienes postulen a los cargos de gobernadores y alcaldes (4 de octubre de 2026) a desarrollar una intensa campaña para inducir votos a favor de su candidato presidencial el 12 de abril. El resultado en las generales será de estímulo o decepción para afrontar las posteriores elecciones regionales y municipales. Candidatos de buena voluntad para ambas cámaras, gobernaciones y alcaldías podrían verse afectados por los magros resultados obtenidos por quienes pensaban que les favorecerían con “votos de arrastre”.
El mayoritario electorado blanquirrojo no mira a la derecha política con aprecio; contrariamente, le guarda una desazón por el estado de inseguridad ciudadana, padece convencido de que existe corrupción sobre la hacienda pública y no se siente representado por Palacio de Gobierno ni por el mega poder del Parlamento que tiene hegemonía sobre instituciones estratégicas del Estado. Se avizora, pues, un voto de desagravio democrático.
Optar por un partido de derecha o por otra opción constituye un libre derecho cívico. El autor de este artículo conversó en Italia (año 2024) con senadores de la extrema derecha romana y con autoridades municipales y regionales izquierdistas de la región Piamonte. Su visión social difería de nuestra política criolla. Si bien, había una mirada desde el libre mercado, la empresa privada y la defensa de la cultura nacional frente a otra que reclama inclusión social, mejora salarial y mejor acceso a la migración, el objetivo central coincidía: el bienestar del ciudadano.
El momento político en el Perú expresa una crisis de fondo en su praxis. Quienes tienen el protagonismo del poder no han demostrado: 1. Espíritu moral y generoso al servicio del ciudadano, 2. Capacidad de gestión del Estado con un proyecto de nación, y 3. Cultivo intelectual en su retórica (el Congreso tiene a representantes de nivel infralecto). Un día electoral es un día epicéntrico para buscar cambios, pero el país se construye cada día desde el espacio ocupado. Es hora de manifestar una voluntad informada y decidida por un mejor país. Cada ciudadano es una cuota de poder, que dicho poder sea bien utilizado esta vez.
