Lo ocurrido con el masivo fraude de licencias médicas no es un hecho aislado ni un simple delito económico. Es, en rigor, una radiografía brutal de la fragilidad del Estado chileno frente a redes organizadas de corrupción, que operaron durante años con total impunidad.
La investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, a partir de un informe de la Contraloría, permitió desbaratar una estructura que entre 2021 y 2024 emitió 35.978 licencias médicas fraudulentas, de las cuales 26.559 fueron pagadas, generando un perjuicio fiscal superior a los $20.871 millones a Fonasa.
No estamos hablando de errores administrativos. Estamos frente a un sistema diseñado para defraudar, con médicos extranjeros, centros médicos ficticios y funcionarios públicos que, mientras cobraban licencias, viajaban al extranjero o asistían a casinos.
Centros médicos fantasma y licencias sin respaldo
Según detalló la Fiscalía, los siete detenidos —seis hombres y una mujer— crearon sociedades y centros médicos sin domicilio físico real, los que servían únicamente como soporte jurídico para la emisión masiva de licencias electrónicas, sin evaluación clínica ni fundamento médico alguno.
La Policía de Investigaciones fue clara: se trataba de una operación concertada, donde médicos y operadores utilizaban plataformas digitales para emitir licencias a gran escala, aprovechando vacíos de fiscalización y la lentitud del sistema público.
318 funcionarios bajo la lupa
Pero quizás lo más grave no está solo en quienes emitían las licencias, sino en quienes las usaban. La Fiscalía ya solicitó audiencias de formalización para 318 funcionarios públicos, que pese a estar con licencia médica, salieron del país o participaron en actividades recreativas incompatibles con reposo médico.
Aquí el problema deja de ser penal y pasa a ser ético, político e institucional. ¿Cuántos controles fallaron? ¿Cuántos superiores hicieron vista gorda? ¿Cuántos recursos que debían ir a salud, medicamentos o listas de espera terminaron financiando abusos?
Penas altas… ¿y responsabilidades políticas?
La Fiscalía ha sido enfática: las penas para médicos y dueños de centros podrían superar los cinco años y un día, al tratarse de delitos reiterados y de carácter criminal. Lo mismo podría ocurrir con los funcionarios públicos involucrados, por fraude de subvenciones y obtención indebida de beneficios.
Sin embargo, la pregunta de fondo sigue abierta:
¿Habrá responsabilidades administrativas y políticas?
¿O nuevamente todo terminará en sanciones individuales, sin reformas estructurales?
Reflexión final
Este caso no solo revela un fraude millonario. Revela un Estado débil, reactivo y permeable, donde la corrupción no siempre entra por la fuerza, sino por la costumbre, la desidia y la falta de control.
Mientras miles de chilenos honestos esperan una hora médica, una licencia real o una atención digna, otros convirtieron el sistema en un botín. Y eso, más que indignación, exige reformas profundas, sanciones ejemplares y memoria pública.
Porque cuando el fraude se normaliza, el daño no es solo económico: es moral y social.
