Por décadas, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) fue el rostro visible de una falla estructural del Estado chileno: la incapacidad de proteger a los más indefensos. Niños, niñas y adolescentes entregados al sistema que, en vez de recibir cuidado, encontraron abandono, violencia y muerte. El 29 de agosto de 2025, en Valparaíso, se realizó la última Cuenta Pública Participativa de este organismo, encabezada por su directora nacional, María Eugenia Fernández.
El evento, cargado de simbolismo, se anunciaba como un hito histórico: el cierre definitivo de una institución con 46 años de existencia. Sin embargo, lo que debió ser un acto de memoria y autocrítica terminó siendo una ceremonia administrativa que evitó mirar de frente la tragedia.
Fernández habló de avances en innovación, infraestructura, alianzas estratégicas y planes en salud mental. Pero no hubo minuto de silencio por las víctimas silenciadas e invisibilizadas. No se invitó a sobrevivientes que hemos tenido como proyecto de vida el rescate y fortalecimiento permanente de nuestros propios hermanos, ya sea en residencias o con la participación en políticas públicas, ni a actores que han denunciado durante años los errores y horrores vividos en hogares y programas. No hubo un balance histórico, ni un gesto de perdón. El tono oficial prefirió quedarse “con lo bueno”, invisibilizando nuevamente las heridas abiertas de una infancia que jamás debió ser vulnerada.
Una deuda histórica de casi medio siglo
La historia del SENAME está marcada por cifras que estremecen: miles de niños muertos bajo custodia del Estado, jóvenes dopados con psicofármacos en vez de recibir terapia, niñas abusadas en residencias y generaciones completas condenadas a la marginalidad. Más del 50% de las personas privadas de libertad en Chile pasaron por un hogar o programa del SENAME: un círculo perverso donde la institucionalización, lejos de proteger, funcionó como antesala de la exclusión social y la criminalización.
A lo largo de los años, las advertencias fueron claras y múltiples: dos comisiones investigadoras en el Congreso (SENAME I y II), el informe del Poder Judicial (Informe Jeldres), reportes del INDH, de la PDI, de organismos internacionales y casi un centenar de investigaciones académicas. Todos coincidieron en lo mismo: el Estado no cumplió con su deber básico de garantizar los derechos de la niñez.
Y, sin embargo, la última cuenta pública prefirió concentrarse en los dos años recientes de gestión, como si el horror acumulado por décadas pudiera borrarse con un listado de programas y talleres.
Un cierre sin memoria, sin justicia y sin responsables
El SENAME cerrará oficialmente en enero de 2026. Pero si algo quedó claro en este acto, es que se pretende clausurar el organismo sin enfrentar la verdad. No hubo un reconocimiento de responsabilidades políticas: ningún gobierno, autoridad ministerial ni alto directivo compareció por las décadas de abandono. Tampoco hubo mención a procesos judiciales, pese a que la mayoría de las muertes y abusos siguen sin condenas efectivas. Ni una palabra sobre reparación integral para los sobrevivientes, en salud mental, educación o reinserción laboral. En otras palabras: el Estado, por décadas, ha quitado a las familias pobres o vulneradas a sus niños para abandonarlos en residencias de menores en Chile.
Como egresados o sobrevivientes del SENAME, señalamos que el cierre administrativo corre el riesgo de convertirse en un simple “cambio de nombre”, sin cambio cultural ni estructural. Si no se enfrentan las causas de fondo —subfinanciamiento crónico, precarización del personal, sobrecarga en residencias y debilidad de la supervisión—, los nuevos servicios heredarán los mismos vicios que marcaron la historia del SENAME.
Las voces invisibilizadas, los sobrevivientes, esperábamos un reconocimiento, un espacio para decir: “Nunca más”. No lo hubo. Se habló de funcionarios, pero no de los niños muertos. Se valoró la infraestructura, pero no se nombró a las niñas abusadas. Se mencionaron herramientas, pero no se asumió la responsabilidad. Tampoco se reconoció a quienes, desde la sociedad civil, levantaron la voz durante décadas: ONG, periodistas, fundaciones, defensores de la infancia, académicos y exfuncionarios que arriesgaron sus carreras para visibilizar las violaciones a los derechos humanos de la niñez. Su ausencia en el acto de cierre es otra muestra de cómo el Estado sigue incluyendo o excluyendo las voces incómodas.
La interpelación al Estado y a la sociedad
Chile debe preguntarse: ¿qué significa cerrar el SENAME de esta manera? ¿Qué mensaje envía un país que prefiere barrer bajo la alfombra 46 años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la infancia?
La Comisión Presidencial de Verdad, Justicia y Reparación —hoy en marcha— tiene la responsabilidad de hacer lo que esta última cuenta pública no quiso hacer: escuchar a las víctimas, reconocer el horror, pedir perdón y garantizar que nunca más un niño sea despojado de sus derechos bajo custodia estatal. Este no es solo un desafío del Estado, sino también de la sociedad: asumir que hubo indiferencia, silencio y normalización de la violencia. Y que el “Nunca más” no se decrete como un discurso, sino que se construya con memoria, justicia y reparación.
Cerrar para sanar
El cierre del SENAME podría ser una oportunidad histórica para Chile. Pero mientras se insista en clausurar con silencio, la herida seguirá abierta. Sin verdad, sin memoria y sin reparación no habrá nunca un cierre real. Solo un cambio de nombre. Otro intento para disfrazar lo que, en esencia, ha sido la mayor deuda social y política de la democracia chilena: haber traicionado a sus niños.
Luis Matias Orellana
- Presidente Fundación Ecam, Egresados en Sename
- EX-Consejero de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social
- EX-Consejero del Sename
- EX-Consejero del Ministerio de Justicia y DDHH
