Sin explicación ni justificación aparente, 84 pacientes que debían recibir un trasplante según la lista de espera nacional se quedaron sin la cirugía. Así lo confirma una auditoría de la Contraloría General de la República, la cual detectó graves irregularidades en el sistema de donación y trasplante de órganos en Chile.
El informe de 104 páginas, investigado por BBCL Investiga, expone un caos en la administración de potenciales receptores y un preocupante conflicto de interés en la coordinación nacional. La persona encargada de supervisar los trasplantes mantenía vínculos laborales con una de las clínicas más influyentes del país.
Este funcionario, pieza clave del Ministerio de Salud, debía coordinar la distribución de órganos entre hospitales públicos y privados. Sin embargo, se descubrió que en paralelo a su rol en el sector público, también trabajaba para el Hospital Clínico Universidad Católica (UC Christus), donde aprobaba trasplantes mientras ejercía como médico hepatólogo en dicha institución privada.
Entre las irregularidades detectadas, el informe menciona que en las listas de espera de potenciales receptores figuraban personas fallecidas. Además, se hallaron registros de personas que seguían en la lista, aunque ya habían sido trasplantadas.
Irregularidades en el Proceso de Donación
La Contraloría realizó esta auditoría para verificar el cumplimiento del sistema de donación y trasplante, bajo la supervisión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con el fin de garantizar el acceso equitativo y fomentar la donación efectiva. Entre los hallazgos más graves, se identificó que 84 personas, con todos los requisitos para el trasplante, no recibieron el órgano que necesitaban. La falta de controles de la Subsecretaría de Redes Asistenciales complicó aún más la situación, lo que derivó en varios procesos disciplinarios.
Rodrigo Wolff Rojas, un experimentado gastroenterólogo del Hospital Clínico UC Christus, fue contratado en 2022 como Coordinador Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos, percibiendo 1,2 millones de pesos mensuales. Sus funciones incluían implementar una política nacional y supervisar la red de trasplantes, además de fomentar la coordinación en todo el sistema de salud. Sin embargo, mantuvo relaciones laborales con el Hospital Clínico Universidad Católica, lo cual, según Contraloría, generó un evidente conflicto de interés.
La Falta de Coordinación en la Oferta de Órganos
Durante el período auditado, 36 trasplantes programados no se realizaron porque los centros de salud involucrados afirmaron no haber sido notificados a tiempo para recibir los órganos, lo cual cambió el orden de distribución. La responsabilidad recaía sobre la Coordinación Nacional, que durante ese tiempo tuvo una alta rotación de jefaturas, lo cual impactó en la estabilidad del programa y la continuidad de sus objetivos.
Medidas Administrativas y Suspensión
La actuación de Wolff está bajo investigación por la misma Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tras cerca de un año en el cargo, fue suspendido de sus funciones y, a fines de 2023, se optó por no renovar su contrato. La auditoría también descubrió que el Hospital Clínico Mutual de Seguridad realizó extracciones de órganos sin autorización y sin notificar a las autoridades competentes, dejando fuera del sistema de donación a 358 personas fallecidas que cumplían con el criterio neurológico.
Respuesta de la Subsecretaría de Redes Asistenciales
Consultada al respecto, la Subsecretaría aclaró que las observaciones de Contraloría no cuestionan el funcionamiento de la lista de espera en sí, sino la falta de documentación formal que respalde las decisiones de no trasplante ante el Instituto de Salud Pública. José Luis Rojas, actual Coordinador Nacional, indicó que se están implementando medidas para asegurar que los equipos de trasplante cumplan con estos requerimientos administrativos.
