Ejecutivo bancario es investigado por presuntamente facilitar cuentas para lavar millonarios fondos vinculados al Tren de Aragua
Una investigación reservada desarrollada durante varios meses por el Ministerio Público permitió desarticular lo que las autoridades consideran una de las estructuras de lavado de activos más relevantes vinculadas al Tren de Aragua detectadas hasta ahora en Chile, en un operativo que apunta directamente al brazo financiero de la organización criminal transnacional.
El procedimiento, ejecutado durante la madrugada por la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía, culminó con la detención de 18 personas, entre ellas José Carlos Pérez Asencio, además de la incautación de dinero en efectivo y el congelamiento de importantes activos digitales presuntamente asociados a la red investigada.
Según los antecedentes recopilados por los investigadores, Pérez Asencio —ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo bancario— es investigado por su presunta participación en operaciones destinadas a facilitar el movimiento, recepción y eventual legitimación de recursos atribuidos a actividades ilícitas. La Fiscalía sostiene que su conocimiento del sistema financiero habría sido utilizado para otorgar apariencia de legalidad a fondos que, presuntamente, provenían de delitos cometidos por integrantes del Tren de Aragua.
La indagatoria busca determinar si el imputado cumplía un rol estratégico dentro de una estructura financiera que habría operado durante varios años, permitiendo el ingreso de recursos de origen presuntamente ilícito al circuito económico formal mediante el uso de diversas cuentas bancarias y mecanismos de transferencia de fondos actualmente bajo análisis pericial.
Una investigación desarrollada durante varios meses por el Ministerio Público permitió desarticular lo que los investigadores consideran una de las estructuras de lavado de activos más relevantes vinculadas al Tren de Aragua detectadas hasta ahora en Chile.
El operativo, ejecutado durante la madrugada por la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía, concluyó con la detención de 18 personas y la incautación de dinero en efectivo, además del congelamiento de activos digitales.
La investigación que surgió tras el quíntuple homicidio de Lampa
De acuerdo con los antecedentes de la causa, la investigación tuvo su origen tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en julio de 2024, hecho que permitió a los investigadores levantar evidencia considerada clave para detectar una estructura operativa del Tren de Aragua que hasta ese momento no había sido identificada por las autoridades.
A partir de esos antecedentes, la Fiscalía y las policías comenzaron a reconstruir una red financiera que presuntamente permitía movilizar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas e incorporarlos al sistema económico formal.
Según los investigadores, el ejecutivo bancario detenido habría cumplido funciones vinculadas al uso y administración de cuentas bancarias utilizadas para canalizar recursos de origen presuntamente ilícito.
El presunto mecanismo de lavado de dinero
Según la investigación del Ministerio Público, entre 2022 y 2025 se habrían utilizado diversas cuentas bancarias abiertas en distintas instituciones financieras, entre ellas Scotiabank y Banco Falabella, para recibir, transferir y ocultar recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que dichas operaciones habrían permitido introducir fondos de origen presuntamente delictivo al sistema financiero formal, dificultando el rastreo de su procedencia y favoreciendo su eventual legitimación.
Entre los delitos precedentes investigados figuran presuntas extorsiones conocidas popularmente como «vacunas», cobros realizados bajo amenazas a comerciantes y locatarios.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la estructura financiera tenía como finalidad otorgar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades delictivas, dificultando así la detección de su origen.
Los investigadores estiman que el conocimiento técnico del sistema financiero habría sido un elemento relevante para la operación de la red.
Congelamiento de activos y diligencias en recintos penitenciarios
El operativo incluyó allanamientos simultáneos y diligencias efectuadas tanto en domicilios particulares como en establecimientos penitenciarios.
La participación de Gendarmería permitió coordinar actuaciones relacionadas con personas privadas de libertad que, según la investigación, podrían mantener vínculos con la organización investigada.
Durante los procedimientos se incautaron aproximadamente 15 millones de pesos en efectivo en uno de los domicilios intervenidos.
Asimismo, los investigadores habrían congelado más de 300 mil dólares en activos digitales mantenidos en plataformas de intercambio de criptomonedas.
Una alerta para el sistema financiero
El caso ha generado especial atención debido a que involucra a un trabajador del sector bancario investigado por presuntos vínculos con una organización criminal.
Especialistas en prevención de lavado de activos han advertido durante años que las organizaciones criminales buscan incorporar recursos ilícitos al circuito económico formal mediante mecanismos cada vez más sofisticados.
La utilización de cuentas bancarias, empresas de fachada, activos digitales y estructuras financieras complejas constituye uno de los principales desafíos para los sistemas modernos de control financiero.
El desafío de combatir el crimen organizado transnacional
La expansión de organizaciones criminales transnacionales ha obligado a los Estados a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, cooperación internacional y persecución patrimonial.
Las investigaciones ya no se enfocan únicamente en los autores materiales de los delitos violentos, sino también en quienes facilitan la circulación y ocultamiento de recursos económicos provenientes de actividades ilícitas.
Precisamente, el debilitamiento de las estructuras financieras es considerado una de las herramientas más efectivas para reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales complejas.
Conclusión
Desde una perspectiva jurídica, esta investigación pone de relieve la creciente importancia de los delitos de lavado de activos, figura penal destinada a sancionar la ocultación, transformación o incorporación al sistema económico formal de bienes provenientes de actividades ilícitas.
La legislación chilena contempla sanciones severas para quienes participen directa o indirectamente en operaciones destinadas a ocultar el origen de recursos vinculados a delitos graves. En estos casos, la persecución penal no se limita a quienes ejecutan los delitos base, sino que también alcanza a quienes facilitan la circulación, administración o legitimación de dichos recursos.
El caso también evidencia el desafío que representa el crimen organizado transnacional para las instituciones financieras y los organismos de control. Las organizaciones criminales modernas requieren estructuras económicas capaces de movilizar recursos, financiar operaciones y ocultar ganancias, razón por la cual el combate al lavado de activos se ha convertido en una prioridad estratégica para los sistemas de justicia contemporáneos.
No obstante, corresponde recordar que las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme dictada por los tribunales de justicia. Será el desarrollo de la investigación, el análisis de la evidencia y el debido proceso los que determinarán las eventuales responsabilidades penales de cada uno de los imputados.
La causa podría transformarse en uno de los procesos más relevantes de los últimos años en materia de persecución patrimonial y combate al crimen organizado en Chile, debido a sus eventuales implicancias para la seguridad pública, la integridad del sistema financiero y la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales de carácter transnacional.
