Vender patrimonio fiscal no salvará al FEES
La decisión del Ministerio de Hacienda de impulsar la venta de inmuebles fiscales y de propiedades adquiridas por concepto de herencia vacante aparece, en apariencia, como una fórmula rápida para obtener liquidez y reforzar el debilitado Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Sin embargo, detrás de esta medida subyace una realidad mucho más compleja: Chile enfrenta un problema estructural de sostenibilidad fiscal que difícilmente podrá resolverse mediante la liquidación de activos estatales.
Por Oed Marcelo Bustamante
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo estima recaudar entre US$200 millones y US$300 millones mediante la enajenación de terrenos fiscales, inmuebles ministeriales sin uso definido y bienes raíces que pasaron a dominio estatal por ausencia de herederos legales.
Aunque la cifra parece relevante desde el punto de vista comunicacional, diversos economistas han coincidido en que el impacto real sobre las finanzas públicas será limitado.
El problema de fondo no radica únicamente en la falta de liquidez inmediata del Estado, sino en el deterioro sostenido de la capacidad fiscal chilena durante los últimos años.
El FEES refleja el deterioro de la holgura fiscal chilena
El Fondo de Estabilización Económica y Social fue concebido como un mecanismo de ahorro soberano destinado a amortiguar crisis económicas, caídas abruptas del ciclo y contingencias extraordinarias.
Durante años, Chile fue exhibido internacionalmente como ejemplo de disciplina fiscal precisamente gracias a la existencia de herramientas como el FEES y la regla de balance estructural.
Sin embargo, las cifras actuales reflejan un escenario muy distinto.
Mientras en marzo de 2022 el FEES alcanzaba US$8.148 millones, a fines de 2025 apenas sumaba US$3.913 millones.
La reducción evidencia cómo el Estado chileno ha debido recurrir progresivamente a sus reservas para financiar mayores niveles de gasto público, enfrentar crisis económicas y responder a emergencias sociales.
Paralelamente, el país cerró 2025 con un déficit fiscal estructural equivalente al 3,6% del PIB y una deuda pública de 41,7% del PIB, cifras que, si bien aún se mantienen bajo los umbrales considerados prudentes por el Consejo Fiscal Autónomo, muestran un deterioro significativo respecto de los niveles históricos registrados hace dos décadas.
La venta de inmuebles fiscales es una solución transitoria
La propuesta de liquidar bienes estatales posee un efecto inmediato: transformar patrimonio inmobiliario en dinero líquido.
Desde esa perspectiva, la medida podría permitir al Estado reaccionar con mayor rapidez frente a contingencias o necesidades urgentes de financiamiento.
No obstante, diversos economistas advierten que la venta de inmuebles fiscales no modifica sustancialmente el problema estructural de las cuentas públicas.
El economista Jorge Rodríguez sostuvo que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado que el FEES represente entre 5% y 7% del PIB, mientras actualmente apenas alcanza cerca del 1%.
A juicio de los expertos, la verdadera solución pasa por retornar a una política sostenida de balance o superávit estructural, algo que Chile solo ha logrado excepcionalmente durante los últimos quince años.
En otras palabras, el país enfrenta un problema permanente con soluciones temporales.
Liquidar activos fiscales puede otorgar oxígeno financiero de corto plazo, pero no genera ingresos estables ni corrige las brechas entre gasto público e ingresos estructurales.
El riesgo de financiar déficit mediante venta de patrimonio estatal
Desde una perspectiva jurídica y económica, la utilización de patrimonio fiscal para financiar desequilibrios presupuestarios plantea interrogantes relevantes sobre sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional.
Los bienes fiscales no solo representan activos financieros: muchos poseen valor estratégico, social, territorial o futuro potencial de desarrollo.
Por ello, expertos han advertido que cualquier proceso de venta de inmuebles fiscales debe desarrollarse bajo criterios estrictos de transparencia, competencia y publicidad.
La preocupación no es menor.
Cada vez que el Estado inicia procesos de enajenación masiva de activos públicos surge el riesgo de subvaloración, favoritismos, conflictos de interés o transferencias patrimoniales cuestionadas políticamente.
El académico Gustavo González advirtió precisamente que el proceso debe garantizar que los activos sean vendidos al mejor precio posible y que efectivamente correspondan a bienes en desuso o sin función social relevante.
La historia económica latinoamericana demuestra que la liquidación apresurada de activos públicos suele transformarse en un mecanismo políticamente sensible y jurídicamente controvertido.
Déficit estructural y gasto permanente
Uno de los puntos más relevantes planteados por los economistas consultados es que el problema fiscal chileno responde a un fenómeno persistente: el gasto estatal supera sistemáticamente los ingresos estructurales de largo plazo.
Andrea Repetto sostuvo que las necesidades actuales de financiamiento requieren soluciones permanentes y no ingresos extraordinarios derivados de venta de activos.
En términos prácticos, esto implica discutir reformas tributarias, mayor eficiencia recaudatoria, combate a la evasión fiscal o reducción y reasignación del gasto público.
La dificultad política de adoptar medidas de ajuste estructural explica, en parte, por qué los gobiernos terminan recurriendo a mecanismos extraordinarios como venta de activos fiscales o incremento de deuda pública.
Pero estas herramientas poseen límites evidentes.
El patrimonio estatal es finito.
La deuda tampoco puede expandirse indefinidamente sin afectar la clasificación de riesgo, el costo financiero y la estabilidad macroeconómica del país.
Chile enfrenta un nuevo escenario fiscal
La discusión actual refleja además un cambio profundo en la situación económica chilena respecto del escenario vivido durante los años de mayor crecimiento fiscal y ahorro soberano.
La crisis subprime de 2008, la pandemia y el aumento sostenido del gasto público transformaron estructuralmente la posición financiera del Estado.
Hoy, Chile enfrenta niveles de endeudamiento equivalentes a los registrados a comienzos de los años noventa, fenómeno que preocupa crecientemente a organismos técnicos y especialistas.
En paralelo, el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que nuevas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo podrían seguir presionando negativamente el balance fiscal durante los próximos años.
La combinación entre menor crecimiento económico, aumento de gasto estructural y reducción de ahorros soberanos configura un escenario mucho más complejo que el existente hace dos décadas.
Conclusión
La discusión sobre la venta de inmuebles fiscales trasciende el simple debate sobre liquidez estatal.
Lo que realmente revela esta medida es la fragilidad creciente de las finanzas públicas chilenas y la dificultad política de abordar reformas estructurales capaces de equilibrar sostenidamente ingresos y gasto público.
Desde una perspectiva jurídica, la eventual enajenación masiva de activos estatales exige altos estándares de transparencia, control administrativo y resguardo patrimonial. El Estado no administra bienes propios en sentido privado: administra patrimonio público cuya utilización debe responder al interés general y a principios de probidad y eficiencia.
Asimismo, el debate instala nuevamente la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de responsabilidad fiscal capaces de evitar que los ciclos políticos terminen erosionando progresivamente los fondos soberanos creados precisamente para enfrentar escenarios de crisis.
La experiencia chilena demuestra que los instrumentos fiscales funcionan correctamente cuando existen superávits estructurales, disciplina presupuestaria y crecimiento económico sostenido. Cuando esas condiciones desaparecen, incluso fondos emblemáticos como el FEES comienzan a deteriorarse rápidamente.
La venta de propiedades fiscales puede transformarse en una herramienta válida y razonable si se realiza bajo criterios técnicos y transparentes. Sin embargo, difícilmente podrá reemplazar la necesidad de discutir reformas profundas orientadas a garantizar sostenibilidad fiscal de largo plazo.
En definitiva, el verdadero desafío no consiste en vender patrimonio estatal para cubrir déficits temporales, sino en reconstruir la capacidad estructural del Estado chileno para generar ingresos permanentes, controlar el gasto y recuperar la holgura fiscal que alguna vez distinguió internacionalmente al país.
