Nuevos antecedentes revelados a inicios de enero por el Subsecretario de Justicia, Manuel Monsalve, han puesto en el ojo del huracán al Gobierno de Boric. Según la información proporcionada, un total de 418 personas, cuyas identidades están protegidas bajo el estatus de secreto o reserva, fueron consideradas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como víctimas del Estallido Social sin un pronunciamiento judicial previo.
Para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, que aún esperan justicia y reparación, esta situación constituye una bofetada, ya que han tenido que luchar durante décadas para obtener una indemnización del Estado.
Contexto del Caso
Entre $700.000 y $1.000.000 de pesos mensuales es lo que perciben estas 418 personas, consideradas víctimas del Estallido Social, a través de Pensiones de Gracia otorgadas por el Presidente de la República. Estos fondos provienen de la Ley 18.056, específicamente de la Glosa 12, Partida 50, Capítulo 02, Programa 02 de la Ley de Presupuestos del año 2022, bajo el entonces gobierno del Presidente Piñera. Desde agosto pasado, estos ciudadanos han estado recibiendo estos beneficios.
La Controversia
En Chile, la norma general es que nadie puede ser indemnizado con fondos públicos sin una sentencia firme y ejecutoriada. Este proceso ha sido largo y arduo para las víctimas de la represión militar entre 1973 y 1990, quienes han esperado décadas por una resolución favorable que constantemente es apelada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Petición de Transparencia
El 19 de octubre, la abogada Ruzy Mitrovic López, representante de numerosas víctimas de la dictadura, solicitó al Ministerio de Justicia la lista de beneficiarios, incluyendo nombres, apellidos, edad y montos recibidos. También pidió las sentencias judiciales que acreditan el daño sufrido por estos beneficiarios y el origen de los fondos utilizados para las pensiones.
El 14 de noviembre, Daniela Quintanilla Mateff, Subsecretaria (S) de Derechos Humanos, respondió que el Ministerio de Justicia no disponía de esta información y redireccionó la solicitud al Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior.
Respuesta del Subsecretario del Interior
Finalmente, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides, encargó a Luppy Aguirre Bravo, Jefa de la División Jurídica.
La elaboración del informe correspondiente. El 29 de diciembre de 2022 se emitió un oficio con los siguientes puntos clave:
- El INDH emitió una lista de 418 personas consideradas víctimas del Estallido Social. Esta lista fue visada por el Departamento de Acción Social y aprobada por el Presidente de la República. Los pagos se realizaron con cargo a la Ley de Presupuestos del año 2022.
- Desde agosto hasta diciembre de 2022, el Estado destinó $685.000.000 pesos para estas pensiones, beneficiando a 418 personas con montos mensuales entre $700.000 y $1.000.000 pesos.
- Los nombres de los beneficiarios son reservados, amparados por la Ley 20.285 y la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada. Se entregó un Excel con la edad y monto mensual percibido, sin revelar identidades.
- No existe sentencia judicial que dictamine que las 418 personas fueron efectivamente dañadas por agentes del Estado durante el Estallido Social.
Conclusión:
Para la abogada Ruzy Mitrovic, destinar casi US$ 2.5 millones anuales a personas sin sentencia judicial es inaceptable. “En un Estado de Derecho, no procede que estos fondos sean asignados sin la intervención del Poder Judicial”, afirmó. Según Mitrovic, cualquier acto contrario al artículo 7° de la Constitución es nulo y puede generar sanciones legales.
