Un incendio de alto impacto con consecuencias judiciales
Un devastador incendio ocurrido el pasado 17 de febrero en el aparcadero municipal de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, arrasó con alrededor de 400 vehículos, entre los que se encontraban 137 unidades incautadas o decomisadas por orden de la Fiscalía. Estos vehículos formaban parte de investigaciones penales en curso, lo que agrava aún más la magnitud del daño.
Pérdida de evidencia: una amenaza para el sistema judicial
Entre los vehículos consumidos por las llamas se encontraba evidencia clave para múltiples causas judiciales, situación que podría comprometer gravemente el actuar del Ministerio Público. La destrucción de estos medios probatorios representa un serio obstáculo para investigar, juzgar y sancionar delitos, afectando directamente la administración de justicia en el país.
Investigación en curso y cuestionamientos a la custodia
Las causas del siniestro están siendo investigadas por las autoridades competentes. No obstante, el hecho ha puesto en evidencia la fragilidad de los protocolos de seguridad y custodia de evidencia en recintos municipales. La falta de infraestructura adecuada y mecanismos eficientes de resguardo han sido duramente cuestionados por expertos y autoridades.
Debate sobre la responsabilidad de los municipios
Este episodio ha abierto un debate urgente sobre el rol que deben cumplir los municipios en la administración de bienes incautados. Se pone en tela de juicio si los gobiernos locales deben o no asumir una carga que, legalmente, no les corresponde. El incendio revela una laguna institucional que pone en riesgo los derechos de víctimas y ciudadanos frente a hechos delictivos.
Modelos alternativos en otras comunas
En la Región Metropolitana, la custodia de vehículos incautados opera mediante una licitación otorgada a la empresa Movilidad Urbana, especializada en este tipo de servicios. Modelos similares existen en comunas como Los Ángeles, Curicó, San Vicente de Tagua Tagua y Ancud, donde la responsabilidad recae en centros especializados, como el Centro de Custodia de Vehículos Infractores.
AMUR exige soluciones estructurales
Ante esta grave situación, la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) ofició al Ministerio Público exigiendo acciones urgentes. Advirtieron que la ausencia de infraestructura especializada está obligando a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones a destinar personal en turnos 24/7 para custodiar estos bienes, tanto en el interior como fuera de recintos policiales. Esta situación, según denuncian, afecta la operatividad y el rol preventivo de las fuerzas de orden.
En el mismo oficio, AMUR recordó que no corresponde legalmente a los municipios custodiar bienes vinculados a causas penales, solicitando que se implementen soluciones estructurales y sostenibles que no trasladen esta responsabilidad a los gobiernos locales.
