Homicidio: el atentado supremo contra la sociedad
El homicidio representa, desde la perspectiva del Derecho Penal, la infracción más grave contra el orden social: una vulneración directa e irreparable al bien jurídico más alto, la vida humana. El reciente aumento de homicidios en Chile no solo es alarmante desde una óptica criminológica, sino que pone en evidencia profundas fallas estructurales del sistema jurídico penal.
Por Ricardo Bravo Cornejo | Abogado especialista en Derecho Penal Privado
En cifras, Chile ha alcanzado una tasa cercana a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, niveles que nos aproximan a realidades que antes considerábamos ajenas. Esta transformación del panorama delictual nos obliga a una revisión crítica, no solo de los datos, sino del sistema legal que los contiene —y que hoy, claramente, fracasa en su labor fundamental: proteger la vida.
Fallas estructurales del sistema penal chileno
Legislación desfasada frente al crimen organizado
La normativa penal chilena responde, aún hoy, a un modelo de criminalidad individual o espontánea, propio del siglo pasado. Sin embargo, la realidad actual es distinta: los homicidios se cometen en contextos de crimen organizado, violencia sistemática y transnacional. La legislación sustantiva y procesal no ha evolucionado al ritmo del fenómeno, y ese desfase tiene consecuencias letales.
Falta de coordinación institucional
El Ministerio Público, las policías y los organismos de inteligencia operan sin una estrategia común. Esta fragmentación operativa ha debilitado investigaciones y ha incrementado la impunidad, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Armas de fuego: un factor descontrolado
La circulación de armas —legales e ilegales— alimenta el fenómeno homicida. Pese a diversas reformas, la fiscalización es insuficiente y el mercado negro sigue activo. Sin un control eficaz, las armas seguirán siendo instrumentos al servicio de la muerte.
Hacia una política criminal moderna y eficaz
Frente a esta grave realidad, no basta con reformas puntuales ni con medidas reactivas. Se necesita una política criminal integral, coherente con la nueva criminalidad. Esta debe contemplar, al menos, los siguientes ejes:
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Modernización legislativa: Nuevos tipos penales, procedimientos adecuados y técnicas de investigación adaptadas a contextos de violencia organizada.
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Fortalecimiento del Ministerio Público: Unidades especializadas, mayores recursos y protección real a testigos clave.
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Reestructuración del control de armas: Implementación de sistemas de trazabilidad, decomiso efectivo e inteligencia preventiva.
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Revisión del proceso penal: Un equilibrio justo entre garantías individuales y eficacia persecutoria.
El deber indelegable del Estado
La violencia homicida no solo amenaza la seguridad pública: cuestiona la legitimidad misma del Estado. La omisión en adoptar medidas estructurales no es solo una negligencia política; es una vulneración jurídica del deber de protección que tiene el Estado frente a sus ciudadanos.
Como abogado penalista, sostengo con firmeza que este momento exige una acción decidida. No se trata de alarmismo, sino de realismo jurídico y ético: la protección de la vida no puede esperar.
Conclusión
La historia juzgará nuestra capacidad —o incapacidad— para responder a este desafío. La vida humana, pilar fundamental del orden democrático, se ve hoy amenazada por la inacción institucional. Chile necesita un rediseño urgente de su sistema penal, antes de que el homicidio deje de ser excepción para convertirse en rutina.
