Una red que operó durante cuatro años dentro del principal aeropuerto del país
Durante al menos cuatro años, una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, empresarios y operadores logísticos logró instalar un sistema paralelo de ingreso de mercancías al país en el aeropuerto internacional de Santiago.
La investigación del Ministerio Público reveló que la denominada “Organización Columbia” operó entre 2018 y 2022 dentro del principal terminal aéreo de Chile, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, logrando internar productos desde el extranjero sin pagar impuestos mediante sobornos, subvaloración de mercancías y simulación de fiscalizaciones.
El caso llegó a su primer punto judicial relevante cuando el Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó a siete integrantes de la red, incluidos dos ex fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas.
Sin embargo, el proceso aún no termina. Los principales líderes de la organización enfrentarán juicio oral en los próximos meses.
La investigación determinó que la red realizó 92 operaciones de contrabando, movilizando mercancías por más de $2.295 millones, generando ganancias cercanas a $1.900 millones y un perjuicio fiscal superior a $588 millones por impuestos no pagados.
La estructura criminal: tres clanes coordinados
Según los antecedentes judiciales recopilados por la Fiscalía de Pudahuel, la organización estaba dividida en tres clanes especializados, cada uno con roles definidos dentro del sistema de contrabando.
La estructura operaba como una cadena logística criminal, que comenzaba en Estados Unidos, continuaba en empresas courier y terminaba dentro del aeropuerto con la participación de fiscalizadores.
Los tres grupos identificados fueron:
- Clan Klif
- Clan Alonso
- Clan Lorenzo
Cada uno cumplía funciones específicas dentro de la operación.
El Clan Klif: el intermediario entre empresarios y Aduanas
El núcleo central de la organización era liderado por Klif Arnold Chávez Santos, quien coordinaba el ingreso de mercancías al país.
Según la investigación, Chávez actuaba como intermediario entre empresarios que querían evadir impuestos y funcionarios de Aduanas que facilitaban el ingreso de los cargamentos.
Su rol incluía:
- contactar importadores interesados en reducir costos tributarios
- coordinar con empresas courier el transporte
- gestionar sobornos a fiscalizadores
- utilizar empresas de papel para dar apariencia de legalidad
Entre las sociedades creadas para estas operaciones figuraban:
- Air Express SpA
- Aerotransporte Klif Arnold Chávez Santos EIRL
- Sociedad KJS Limitada
Estas empresas permitían declarar mercancías bajo identidades comerciales aparentemente legítimas.
Uno de los principales clientes de esta red fue Samuel Urbina Herrera, gerente de la empresa “La Casa del Barbero”, quien utilizaba el sistema para importar artículos de barbería desde el extranjero sin pagar impuestos.
En diciembre de 2022, por ejemplo, la organización justificó precios extremadamente bajos en una importación presentando cartas falsificadas de proveedores estadounidenses, alegando descuentos por “Black Friday”.
Solo en esa operación el fisco dejó de recibir más de $4 millones en tributos.
El Clan Alonso: la base operativa en Miami
La investigación también identificó una estructura internacional que operaba desde Estados Unidos.
Se trataba del denominado Clan Alonso, liderado por María del Pilar Alonso Ibáñez, quien coordinaba el despacho de mercancías desde Miami hacia Chile.
La red utilizaba la empresa:
Columbia Courier International Transport INC LTDA
La compañía estaba vinculada además a:
- Eugenio Alonso Ibáñez
- Cristián Alonso García
Desde una oficina en Miami, los operadores declaraban envíos a nombre de empresas vinculadas al Clan Klif, utilizando facturación alterada o subvalorada.
En Chile, la recepción se realizaba mediante la empresa Colinter Transport SpA, que coordinaba la entrega final de las mercancías.
El Clan Lorenzo: la importación ilegal de tecnología
El tercer grupo era liderado por Lorenzo Antonio Vargas Elizalde, quien se especializaba en la internación irregular de productos tecnológicos de alto valor, principalmente teléfonos celulares.
Para operar, utilizaban las empresas:
- Blue Express
- Global Point Logistic SpA
Además, crearon sociedades de papel como:
- Import Shop SpA
- Cellphone Chile SpA
- Sociedad de Inversiones Alcanfor Nativo SpA
El mecanismo utilizado para evadir tributos incluía:
1. Subvaloración de mercancías
Declaraban valores menores a los reales.C
2. Ocultamiento de productos
Mezclaban mercancías ilegales dentro de envíos de otros clientes.
3. Simulación de identidad de carga
Declaraban productos distintos a los reales.
En una operación emblemática, la red declaró que importaba sensores detectores de amoníaco, cuando en realidad el pallet contenía 837 teléfonos celulares.
La operación que destapó la red
El caso comenzó a desmoronarse el 20 de abril de 2019.
Ese día, un pallet fue declarado ante Aduanas como un envío de juguetes.
Sin embargo, la Unidad de Análisis de Riesgo detectó inconsistencias en el perfil de la carga.
Al inspeccionarla, los funcionarios encontraron:
- iPhones de alta gama
- Drones
- Pantallas de celular
- Suplementos alimenticios
El cargamento tenía un valor superior a $414 millones.
Solo por esta operación el Estado dejó de percibir más de $101 millones en impuestos.
El lavado de dinero: autos, propiedades y testaferros
Los ingresos obtenidos por la organización fueron posteriormente blanqueados mediante diversas maniobras financieras.
La investigación identificó:
- Compra de vehículos de lujo
- Inversiones inmobiliarias
- Transferencias bancarias entre miembros
- Uso de testaferros
- Creación de empresas ficticias
Entre los bienes adquiridos figuran:
- Camionetas
- Vehículos Kia y Mazda
- Una propiedad en Puerto Varas por 2.100 UF
Las transferencias bancarias también revelaron movimientos sospechosos.
Por ejemplo, entre 2018 y 2022 el socio de Chávez Santos realizó 37 transferencias por más de $51 millones.
Declaraciones de renta falsas
Otro hallazgo clave fue la manipulación de declaraciones tributarias.
Según la investigación:
- Klif Chávez Santos habría ocultado ingresos por $824 millones
- Lorenzo Vargas Elizalde subdeclaró $1.061 millones
Estas maniobras provocaron un perjuicio fiscal superior a $570 millones.
Incluso algunos fiscalizadores de Aduanas implicados también habrían subdeclarado ingresos por montos entre $100 y $200 millones.
Condenas y juicio pendiente
En febrero, el tribunal condenó mediante procedimiento abreviado a siete integrantes de la red, entre ellos los ex fiscalizadores:
- Guillermo Gutiérrez Orellana
- Miriam Carvajal Gutiérrez
Las penas de cárcel fueron sustituidas en la mayoría de los casos por libertad vigilada intensiva.
Sin embargo, los líderes de la organización:
- Klif Arnold Chávez Santos
- Lorenzo Antonio Vargas Elizalde
no aceptaron el procedimiento abreviado y enfrentarán juicio oral el 11 de mayo.
La líder del Clan Alonso, María del Pilar Alonso Ibáñez, ya cumple una pena de libertad vigilada desde 2024.
La respuesta de Aduanas
Desde el Servicio Nacional de Aduanas reconocieron la gravedad del caso, aunque subrayaron que se trata de situaciones excepcionales dentro de la institución.
El organismo sostuvo que la investigación fue extensa y contó con la colaboración de funcionarios que detectaron irregularidades dentro del propio servicio.
“Este tipo de conductas son aisladas y contrarias a los principios de probidad que rigen la función pública”, señalaron desde la institución.
Un caso que aún no termina
Aunque ya existen condenas, la investigación aún no concluye.
El juicio oral contra los líderes de la red podría revelar nuevos antecedentes sobre cómo una organización logró vulnerar durante años los controles del principal aeropuerto del país, movilizando millones de pesos en mercancías ilegales y poniendo en evidencia las debilidades del sistema de fiscalización aduanera.
