La Contraloría General y el Consejo Fiscal Autónomo advirtieron ayer que las provisiones del Presupuesto 2026 podrían no ser suficientes para financiar el reajuste del sector público, debido al desvío de recursos hacia la atención de emergencias por incendios en Ñuble y Bío Bío. En la Comisión de Hacienda del Senado, la contralora Dorothy Pérez señaló que las líneas presupuestarias destinadas habitualmente a emergencias probablemente deberán utilizarse para cubrir los daños, reduciendo así los fondos disponibles para la ley de reajuste. El CFA cuantificó en torno a US$822 millones el déficit que requerirá reasignaciones o mayor uso de provisiones. Las autoridades recalcaron la necesidad de preservar un margen para imprevistos y garantizar la cobertura de compromisos permanentes.
Contexto y advertencia de la Contraloría La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, señaló ante la Comisión de Hacienda del Senado que las partidas presupuestarias destinadas a emergencias —que también se habían considerado para financiar el reajuste del sector público— podrían ser requeridas íntegramente para atender los incendios que afectan a Ñuble y Bío Bío. En ese escenario, dichas disposiciones no deben contarse como recursos disponibles para la ley de reajuste del sector público del Presupuesto 2026.
Declaraciones clave de Dorothy Pérez Pérez explicó que las provisiones no son exclusivas para el reajuste y recordaron que, dada la magnitud del daño en el sur del país, “probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia”, lo que disminuiría la disponibilidad de fondos para cubrir la ley de reajuste tal como se había estimado.
Evaluación del Consejo Fiscal Autónomo El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ratificó que las disposiciones actuales son insuficientes para financiar el reajuste. Se estimó un déficit aproximado de US$822 millones que debería resolverse mediante reasignaciones presupuestarias o un uso mayor de las provisiones.
Montos y prioridades según Benavides Benavides afirmó que las asignaciones deben priorizar gastos aleatorios contemplados en leyes permanentes, incluidas cotizaciones previsionales vinculadas a la reforma de pensiones y recursos de libre disponibilidad. Señaló además que el margen remanente de la asignación 104 —unos US$345 millones— debe mantenerse disponible para emergencias y contingencias.
Implicaciones para la ley de reajuste y el Presupuesto 2026
- Riesgo de recortes o reasignaciones: si se prioriza la respuesta a emergencias, el financiamiento originalmente pensado para el reajuste podría reducirse.
- Necesidad de medidas compensatorias: el Ejecutivo y el Congreso deberán considerar reasignaciones, medidas de ahorro o nuevas fuentes de financiamiento para cubrir la faltante estimada por el CFA.
- Relevancia del margen para imprevistos: conservar fondos para emergencias es crucial para afrontar nuevos eventos sin desfinanciar compromisos permanentes.
Qué sigue en el proceso legislativo La votación de la Ley de Reajuste al Sector Público en la Comisión de Hacienda estaba programada para las 15:00 horas. Tras las advertencias, se anticipan demandas de mayor claridad sobre la disponibilidad real de provisiones y posibles propuestas de financiamiento alternativas para evitar tensiones fiscales.
