Un jurista de trayectoria continental
El abogado Ricardo Bravo Cornejo, docente universitario y director de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (CLDHU) en Chile, ha logrado consolidar una carrera jurídica marcada por su capacidad técnica y su compromiso ético.
Su nombre se ha asociado a causas de alta complejidad penal y constitucional, tanto en Chile como en el extranjero, donde ha contribuido al fortalecimiento del debido proceso, la protección judicial efectiva y la promoción de estándares internacionales de derechos humanos.
“El Derecho no se detiene en una frontera”
—¿Cómo surge la expansión de su trabajo hacia el ámbito internacional?
Mi trabajo en el extranjero nace de una convicción ética: los derechos humanos no tienen límites geográficos ni jurisdiccionales.
He colaborado en procesos judiciales y asesorías técnicas en Ecuador, Panamá y Costa Rica, especialmente en materias de protección judicial, revisión de sentencias y defensa de personas privadas de libertad en contextos de vulnerabilidad institucional.
También he participado en proyectos sociales y jurídicos junto a instituciones estatales y fuerzas armadas locales, enfocados en reinserción social, acceso a la justicia y respeto de las garantías procesales básicas.
El Derecho, cuando se ejerce con fundamento técnico y visión humanista, debe servir de puente entre sistemas judiciales, sin desconocer las particularidades culturales ni normativas de cada país.
Especialización en litigio transnacional y defensa técnica
—¿Qué tipo de causas asume fuera de Chile y cuál es su enfoque técnico?
He intervenido en procesos penales y constitucionales de carácter transnacional, especialmente en temas de extradición, cooperación judicial internacional, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Mi labor incluye tanto la dirección técnica de defensas como la coordinación de equipos jurídicos locales, buscando siempre mantener estándares de defensa conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En todos los casos, aplico una metodología basada en tres ejes:
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Diagnóstico jurídico integral del conflicto penal.
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Análisis pericial y forense de la evidencia.
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Diseño estratégico de defensa ajustado al marco normativo y a los estándares internacionales.
Ética profesional frente a la exposición mediática
—En Chile su nombre ha estado vinculado a casos de alta exposición pública. ¿Cómo maneja el componente mediático frente a la defensa penal?
La exposición mediática no puede condicionar la técnica jurídica ni la ética profesional.
He representado a imputados en procesos de gran visibilidad y, en todos ellos, mi prioridad ha sido preservar el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad del defendido.
El desafío consiste en comunicar con precisión jurídica y sin comprometer la confidencialidad del caso. Por ello, trabajo con protocolos internos de comunicación forense que delimitan la relación entre medios y defensa, asegurando que la información pública no interfiera con la estrategia procesal.
La defensa penal debe ser, ante todo, una garantía institucional y no un espectáculo.
Integración de tecnología y técnica jurídica avanzada
—¿Qué distingue su enfoque profesional respecto a la práctica penal contemporánea?
La defensa penal moderna exige incorporar herramientas tecnológicas y periciales que fortalezcan el control de legalidad del proceso.
En mi ejercicio utilizo análisis forense digital de evidencia, peritajes técnicos interdisciplinarios, y sistemas de gestión de información jurídica que permiten diseñar estrategias preventivas ante eventuales vulneraciones procesales.
Además, integro el componente comunicacional jurídico, es decir, la capacidad de traducir un argumento técnico a lenguaje ciudadano, sin perder la rigurosidad legal.
Esta combinación entre litigio clásico y técnica digital permite optimizar la defensa y reforzar la legitimidad institucional ante los tribunales.
Derechos humanos y litigio constitucional
—¿Cómo articula la relación entre litigio y derechos humanos?
El litigio penal y constitucional son instrumentos de control democrático.
Mi objetivo es que cada defensa incorpore estándares internacionales de derechos humanos como herramientas procesales.
Por ejemplo, he invocado resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Naciones Unidas para garantizar condiciones de detención dignas, acceso a salud mental y protección frente a tratos inhumanos o degradantes.
También utilizo recursos de amparo, acciones de protección y reclamaciones constitucionales para exigir el cumplimiento del principio de proporcionalidad y legalidad penal, pilares esenciales del Estado de Derecho.
Cooperación jurídica regional desde la CLDHU
—¿Qué proyectos regionales impulsa actualmente desde la CLDHU?
Desde la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (CLDHU) hemos fortalecido una red de formación jurídica avanzada y cooperación técnica entre defensores, magistrados y académicos.
Promovemos talleres de litigio estratégico, intercambio de jurisprudencia regional y observación judicial de procesos emblemáticos.
Nuestro propósito es homogeneizar estándares de justicia penal y derechos fundamentales en América Latina, mediante la creación de protocolos comunes de defensa y actuación profesional.
Proyección académica y cooperación internacional
—¿Cuál es su visión a futuro respecto del rol del abogado penalista en el contexto regional?
Mi proyección es seguir impulsando una abogacía técnica, ética y humanista, con capacidad de influencia en la agenda jurídica regional.
Creo que los abogados chilenos deben proyectarse como referentes en litigio complejo y defensa de derechos fundamentales, aportando a la juridificación de los derechos humanos desde una mirada práctica y no meramente teórica.
A nivel académico, continuaré promoviendo programas de formación avanzada en litigio penal y derechos humanos, y consolidando alianzas internacionales que permitan profesionalizar la defensa pública y privada en América Latina.
Cierre
La trayectoria de Ricardo Bravo Cornejo refleja un nuevo paradigma en la práctica jurídica chilena: una defensa penal técnicamente rigurosa, éticamente sustentada y con proyección transnacional.
Su labor demuestra que el Derecho, cuando se ejerce con coherencia técnica, sentido de justicia y compromiso ético, no conoce fronteras.
En tiempos donde la justicia enfrenta desafíos globales, su trabajo representa un ejemplo de litigio profesional al servicio de la dignidad humana.
