Justicia y energía: cuando los derechos humanos se cruzan con las tarifas eléctricas
En las últimas semanas, dos hechos han remecido el debate energético nacional: el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción contra la empresa Frontel por vulnerar derechos fundamentales de un adulto mayor en Cañete, y el anuncio del Gobierno sobre la devolución de cobros excesivos en las cuentas de luz por un error en el cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Ambos episodios, aunque distintos en su origen, comparten un trasfondo común: la relación entre energía, justicia y dignidad humana.
La Corte de Concepción y la luz que volvió tras tres años de oscuridad
La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a la empresa eléctrica Frontel reponer el suministro a Sergio Fernández Andueza, un adulto mayor del sector rural de Peleco, en la comuna de Cañete, quien llevaba tres años sin energía eléctrica tras un temporal ocurrido en 2022.
El tribunal calificó como omisión ilegal y arbitraria la negativa de la empresa a restablecer el servicio, pese a las reiteradas solicitudes del afectado y a las instrucciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
“Yo sufro de diabetes y no puedo refrigerar mis medicamentos (...). Hoy ya no cuento con refrigerador ni lavadora, ya nada funciona”, relató Fernández con evidente resignación.
El fallo ordena reponer el suministro en un plazo máximo de 30 días, destacando que la falta de energía vulneró derechos constitucionales, como la integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad.
La Corte rechazó los argumentos de Frontel sobre la “oposición de un vecino” y “riesgos de violencia”, recordando que el suministro eléctrico es un servicio público esencial, que debe prestarse de manera continua, segura e ininterrumpida.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Carlos Uslar Venegas, subrayó que “este caso reafirma el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia para todos y todas, especialmente para quienes enfrentan barreras estructurales”.
El Estado y las empresas: un nuevo frente por las tarifas eléctricas
En paralelo, el Gobierno de Chile anunció un acuerdo con las empresas generadoras y la transmisora Transelec para devolver a los usuarios los cobros en exceso detectados tras un error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, explicó que el ajuste permitirá restituir los montos a partir del 1 de enero de 2026, con una rebaja estimada de $2.000 mensuales por hogar durante el primer semestre del año.
“Le conté al Presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras (...) que va a permitir devolver a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que se cobró en exceso”, señaló García en La Moneda.
El plan incluye una compensación adicional por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos, equivalente a intereses reajustados, y forma parte del proceso de corrección tarifaria que se aplicará entre enero y junio de 2026.
Un sistema eléctrico que debe humanizarse
Ambos acontecimientos revelan un problema estructural: la distancia entre las políticas energéticas y la vida cotidiana de las personas.
Mientras un ciudadano de la tercera edad espera años por una conexión básica a la red, el Estado y las empresas ajustan millonarios balances tarifarios.
La energía eléctrica no puede ser tratada como un simple producto de mercado, sino como un derecho social, estrechamente ligado a la dignidad humana.
La justicia, en este caso, no solo repuso un servicio: restituyó la noción de que vivir con luz es vivir con dignidad.
La misma lógica debiera aplicarse a la política energética nacional: transparente, solidaria y centrada en las personas, no únicamente en los balances empresariales.
Porque sin justicia y sin energía justa, la modernidad no ilumina: simplemente deslumbra a los pocos y deja en penumbra a los demás.
