El poder bajo sospecha
La justicia, cuando se ve contaminada por la sombra del dinero y la influencia, pierde su rostro más noble: el de la confianza ciudadana. El caso de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles ha provocado un sismo institucional que sacude los cimientos del sistema judicial chileno.
El Ministerio Público acusa que al menos dos pagos —uno de US$14.000 y otro de $45 millones— habrían sido recibidos por Migueles como contraprestación a fallos favorables al consorcio Belaz-Movitec (CBM), en un litigio multimillonario contra Codelco.
🖋️ Por Oed Marcelo Hernández Bustamante | Columnista de Opinión | Diario El Minuto
El documento judicial de 148 páginas, presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, describe con minuciosidad un entramado de decisiones judiciales, triangulaciones financieras y encuentros personales que, de ser acreditados, podrían constituir uno de los casos de cohecho y lavado de activos más graves dentro de la judicatura chilena.
“El dinero que se filtra entre las togas no solo corrompe a quien lo recibe, sino que debilita la fe del ciudadano en la justicia.”
Los pagos del poder
El Ministerio Público sostiene que Vivanco, a través de su cónyuge, habría recibido $57 millones vinculados directamente a sus votos en la Tercera Sala de la Corte Suprema. El primer pago —equivalente a US$14.000— ocurrió el 18 de diciembre de 2023, luego de que la ministra votara a favor de que Codelco transfiriera más de $4.000 millones al consorcio Belaz-Movitec por la desmovilización de maquinaria.
El segundo desembolso, de $45 millones, habría sido realizado el 17 de junio de 2024, tras otro fallo favorable a CBM en el que la magistrada ordenó a la minera pagar $1.026 millones adicionales por reajustes e IVA.
Ambos pagos fueron canalizados mediante un circuito complejo de casas de cambio, cuentas personales y transferencias fragmentadas destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos.
“El problema no es solo el soborno, sino la normalización del privilegio en un sistema que debería ser espejo de integridad.”
La intimidad del delito
La fiscalía no solo rastreó los flujos financieros, sino también la proximidad personal entre los involucrados.
Mediante la georreferenciación de teléfonos celulares, se estableció que Vivanco, Migueles, Vargas y Lagos se reunieron en varias oportunidades en la casa de la ministra mientras se tramitaban recursos cruciales del caso CBM. Incluso se detectó que un escrito judicial fue presentado desde el domicilio de la exmagistrada.
La orden de detención recalca que Vivanco no se inhabilitó, pese a su relación con los abogados que representaban a la empresa, y que tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita del dinero.
Consultada por CIPER, la exministra defendió su inocencia argumentando que mantiene “economías separadas” con su pareja y que desconocía los pagos. Sin embargo, la explicación se diluye frente a los antecedentes de triangulación financiera y los viajes que ambos realizaron posteriormente a Argentina y Brasil, presuntamente financiados con parte de esos fondos.
“La ética no admite zonas grises: quien administra justicia debe ser ejemplo de pureza, no de conveniencia.”
Una grieta en el alma judicial
La magnitud de esta acusación trasciende el nombre de Vivanco. Revela una grieta estructural en el sistema de control y rendición de cuentas de la Corte Suprema. Durante años, el prestigio del Poder Judicial chileno ha descansado sobre la idea de independencia, pero cada caso de corrupción erosiona esa confianza silenciosamente.
El ciudadano común, que acude a los tribunales buscando protección, se enfrenta ahora a una pregunta incómoda: ¿a quién sirven los jueces cuando el dinero toca la puerta de la justicia?
En este contexto, el rol del Ministerio Público adquiere una relevancia simbólica: investigar a una exministra de la Suprema no solo es un acto procesal, sino una señal de que la ley debe aplicarse sin mirar jerarquías.
“La transparencia no es un favor del Estado; es un deber moral que sostiene la democracia.”
El costo político y moral
Más allá del delito, el caso Vivanco abre un debate profundo sobre el poder y la impunidad. La relación entre magistrados, abogados influyentes y grandes corporaciones estatales plantea un dilema ético que no puede resolverse solo en tribunales.
El riesgo no es solo jurídico, sino institucional: el descrédito público del sistema judicial alimenta la percepción de que en Chile la justicia no es igual para todos.
El proceso de limpieza moral debe ir más allá de la sanción individual. Es necesario revisar los mecanismos de control patrimonial de los jueces, la trazabilidad de sus relaciones con litigantes y la transparencia de los fallos en causas millonarias.
“Sin ética pública, la justicia se convierte en un mercado de favores; sin justicia, la república se derrumba.”
El espejo de la justicia
El caso Vivanco-Migueles es una advertencia. Una señal de que incluso en las más altas esferas del poder judicial, la tentación del dinero puede nublar el deber. Pero también es una oportunidad para reconstruir la confianza perdida.
Chile necesita una justicia que no solo castigue, sino que inspire. Que no solo falle en derecho, sino también en conciencia.
El Estado y el Poder Judicial deben actuar con firmeza, no por venganza, sino por dignidad institucional. Porque cuando una ministra de la Suprema es investigada por cohecho, no está en juego una persona, sino el alma misma de la justicia chilena.
