En un acto que buscaba marcar un hito histórico en la reparación de una de las heridas más profundas del Estado chileno, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Comisión Presidencial de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del SENAME. La iniciativa fue recibida con esperanza por cientos de egresados del sistema de protección infantil, quienes por cerca de 50 años hemos exigido justicia frente a las violaciones de derechos humanos vividas en hogares del SENAME o los Organismos Colaboradores del Sename (OCAS). Sin embargo, el proceso ha comenzado con serios cuestionamientos a los integrantes de la comisión y las crecientes críticas por parte de quienes deberían ser los protagonistas: las víctimas. Por ello, en un acto desesperado, determinamos escribirle al Presidente de la República para que nos reciba como egresados, y re-organice a la comisión escuchando las recomendaciones de los egresados y realizándolas modificaciones que sean necesarias.
Una Comisión que Prometía, pero Decepciona
Desde su creación, la comisión ha sido cuestionada por múltiples factores que han deteriorado la confianza de los egresados. Lo que debía ser un espacio reparador, ha terminado por convertirse, según denuncias, en una instancia que perpetúa el dolor y la desesperanza.
Los principales problemas reportados por los egresados son:
- Cambio de nombre, el decreto de creación de una comisión asesora presidencial, cuando nos señalan para esclarecer vulneraciones de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename, debe ser reemplazado por violaciones a los Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename
- Falta de claridad metodológica, que ha generado confusión e incertidumbre.
- Procesos re-victimizantes, donde se les exige relatar nuevamente sus experiencias traumáticas sin contención ni acompañamiento terapéutico, dan señales claras de la preocupación del equipo de egresados, que hemos participado en las escasas 5 reuniones de la comisión, para exponer las vidas de sobrevivientes del Sename, denominados nuestros hermanos.
- Ausencia de recursos humanos y financieros suficientes, lo que pone en duda la viabilidad real de sus objetivos, considerando una alerta que frente a lo enunciado por la presidenta de la comisión Soledad Larrain Heiremans, quien señaló que “abordaría alrededor de 700.000 egresados”, cuyos recursos solo alcanzan para una botella de agua $600 para cada egresado, sin considerar en este costo las remuneraciones de los comisionados y su cuerpo técnico y para qué hablar cuando tengan que costear los viajes y estadías en cada una de las regiones del país, es decir “No tenemos Plata”
- Bajo compromiso institucional, evidenciado en la inasistencia de algunos comisionados, cuyo quorum solo estuvo completo en la primera reunión que fue vía zoom y la falta de escucha activa.
- Tiempo, estamos en el mes de mayo llegando a la mitad del periodo asignado por el Presidente de la República y aun la comisión no presenta pautas de entrevistas, ni acciones comunicacionales para el llamado a los egresados de la forma y el modo de escucha que se llevará a cabo. Cabe señalar, según los egresados, que es la propia comisión quien debe pedir extender el tiempo y los recursos.
Voces que Exigen Cambios
Lejos de quedarnos en la crítica, los egresados hemos propuesto medidas concretas:
- Solicitan cambiar el nombre de la comisión, argumentando que debe reflejar explícitamente las violaciones a los derechos humanos vividas por niñas, niños y adolescentes.
- Exigen participación activa en la toma de decisiones, incorporando una dupla de egresados con voz y voto dentro del equipo comisionado con el propósito de fortalecer la mirada, la experiencia de género en la comisión
- Plantean la urgencia de elaborar un plan de acción detallado, con cronogramas, recursos y metodologías claramente establecidos.
Estas demandas apuntan a transformar la comisión en un verdadero espacio de justicia restaurativa, y no en un ejercicio simbólico.
El Desafío del Estado: No fallar Otra Vez
La creación de esta comisión fue un acto de reconocimiento tardío, pero significativo. Sin embargo, las debilidades en su implementación podrían convertir esta oportunidad histórica en un nuevo capítulo de abandono. El Estado chileno tiene hoy la posibilidad —y la obligación— de actuar con responsabilidad, ética y urgencia.
El proceso debe centrarse en las víctimas, escucharlas sin filtros, repararlas de forma efectiva y garantizar que lo vivido nunca más se repita. De lo contrario, la comisión corre el riesgo de transformarse en una nueva forma de impunidad institucionalizada.
La respuesta del gobierno aún no ha sido emitida públicamente, pero se espera que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, convoque a una reunión en los próximos días. Mientras tanto, los egresados advierten que continuarán visibilizando las falencias del proceso y exigiendo cambios sustantivos, los sobrevivientes advierten: “Queremos ser testigos de este hecho histórico, más no cómplices de un llamado a la re-victimización dada la poca claridad del proceso que hoy tiene a los sobrevivientes y a el Estado de chile con cerca de 50 años de impunidad”
“No queremos más simbolismos, queremos justicia real. Porque la verdad, sin acción, también puede ser una forma de violencia”, concluyen desde la agrupación de egresados por la verdad
