En un reciente fallo, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección en favor de Rafael Humberto Maureira Trujillo y Hugo Gómez Padua, dos reclusos del Centro Penitenciario de Colina I. La sentencia expone una grave omisión por parte de Gendarmería de Chile en la provisión de tratamiento psicológico y programas de rehabilitación, esenciales para la reintegración social de los privados de libertad.
Por: Ricardo Bravo Cornejo | Abogado
Vulneración de Derechos y Riesgo de Reincidencia
Los recurrentes, representados por el abogado y académico Ricardo Bravo Cornejo, argumentaron que la falta de intervención adecuada por parte de Gendarmería no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también impide su acceso a beneficios intrapenitenciarios, como la libertad condicional, y socava sus posibilidades de reinserción social. Esta situación es especialmente crítica para Maureira Trujillo, quien lleva más de 15 años de condena, y Gómez Padua, con más de 20 años de condena y seis solicitudes fallidas de libertad condicional, ambos sin recibir el tratamiento necesario para sus trastornos mentales, incrementando así el riesgo de reincidencia.
Sentencia y Crítica a la Falta de Equidad en el Sistema Penitenciario
El fallo de la Corte subraya que la omisión de Gendarmería en adoptar medidas necesarias para asegurar el tratamiento psicológico de los reclusos constituye una acción ilegal y arbitraria, vulnerando las garantías constitucionales de los internos, específicamente sus derechos a la salud y a la integridad física y psicológica. La sentencia también critica la falta de equidad en el acceso a programas de capacitación laboral y otros beneficios, lo que refuerza la sensación de abandono y discriminación dentro del sistema penitenciario.
Un Problema Estructural en la Rehabilitación y Reinserción Social
Este caso destaca un problema estructural más amplio: la falta de un enfoque efectivo en la rehabilitación y reinserción social en las cárceles chilenas. Aunque la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile establecen que las penas privativas de libertad deben enfocarse en la reforma y readaptación social, la realidad es desalentadora. Los programas de reinserción son escasos y mal distribuidos, dejando a gran parte de la población penitenciaria sin las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad de manera segura y productiva.
Impacto en la Seguridad Pública y Llamado a la Acción
La negligencia en la implementación de estos programas no solo afecta a los internos, sino que también representa un peligro para la seguridad pública. Sin un adecuado proceso de rehabilitación, los reclusos salen de las cárceles sin haber recibido el apoyo necesario para cambiar sus patrones de conducta, aumentando así las probabilidades de reincidencia.
La sentencia de la Corte es un llamado de atención urgente al Estado, especialmente a las autoridades penitenciarias, para que cumplan con su deber de garantizar condiciones dignas de vida y proporcionar las intervenciones necesarias para la rehabilitación de los reclusos. La reinserción social no es solo un derecho humano, sino una estrategia clave para prevenir futuros delitos y proteger a la sociedad.
