A casi un año del siniestro, solo se han levantado 40 viviendas en la Región de Valparaíso
Pese a que el proceso de reconstrucción tras el devastador incendio ocurrido los días 2 y 3 de febrero de 2024 presenta escasos avances, el equipo técnico encargado de liderar esta labor —bajo la dirección de Patricio Coronado— percibe más de $30 millones mensuales en remuneraciones.
El caso ha provocado cuestionamientos en diversos sectores políticos y sociales, debido a que, según un reciente informe de Contraloría, solo se han construido 40 viviendas, mientras cientos de familias damnificadas se preparan para enfrentar un segundo invierno sin un hogar definitivo.
Sueldos millonarios en medio de la emergencia habitacional
Encabezando el equipo se encuentra Patricio Coronado, administrador público titulado en la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista (PS), quien percibe un salario mensual que supera los $7 millones.
A Coronado lo acompaña un grupo de al menos nueve profesionales, entre los cuales destacan Pablo Álvarez, cientista político y exfuncionario de la Municipalidad de Santiago durante la gestión de Irací Hassler, con un sueldo de $2.300.000; Eliana Díaz, periodista vinculada al Frente Amplio, quien percibe $3 millones; y Andrés Tampe, sociólogo y también militante frenteamplista, cuyo ingreso mensual asciende a $2.900.000.
Asimismo, se incluye en el equipo a Tomás Volenski, psicólogo y militante socialista, con una remuneración cercana a los $3 millones. En total, el gasto mensual por concepto de sueldos de este equipo técnico y asesores supera los $30 millones, según se detalla en un informe del Ministerio de Desarrollo Social.
Críticas por falta de resultados y supuestos sobreprecios
Las reacciones no se han hecho esperar. La diputada Camila Flores (RN) y su par Tomás Lagomarsino (PR) criticaron abiertamente la gestión del equipo técnico, argumentando que las remuneraciones no se condicen con el nivel de avance del plan de reconstrucción.
A las críticas parlamentarias se sumó René Flores, director del Eje de Reconstrucción del Comité de Crisis de El Olivar, quien advirtió sobre posibles irregularidades en el cumplimiento de los contratos, indicando la existencia de indicios de sobreprecios y deficiencias en la ejecución técnica del plan.
El caso pone en entredicho la eficiencia del aparato estatal frente a catástrofes de gran envergadura, y aumenta la presión sobre el Gobierno para acelerar el proceso de entrega de viviendas dignas a las familias afectadas.
