Una intensa disputa interna se desató en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara un acuerdo para compensar los recursos que dejarán de recibir los municipios por la exención del pago de contribuciones a propietarios mayores de 65 años.
Aunque el secretario de Estado sostuvo que la fórmula había sido acordada con representantes de la asociación, alcaldes de centroizquierda negaron que existiera una resolución transversal y acusaron que sus observaciones no fueron incorporadas.
La controversia abre un nuevo flanco para la denominada megarreforma, que deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados durante su tercer trámite constitucional.
Gobierno propone compensación total a los municipios
La propuesta original establecía que el Estado compensaría solamente la disminución de recursos que experimentaría el Fondo Común Municipal (FCM) como consecuencia de la exención.
Sin embargo, el Ejecutivo anunció una modificación destinada a cubrir también los ingresos propios municipales que dejarían de percibirse directamente por concepto de impuesto territorial.
Según lo comunicado por Hacienda, la nueva fórmula permitiría mantener intactos los ingresos municipales derivados de las contribuciones. La compensación estaría sujeta al cumplimiento de obligaciones de transparencia e información y al compromiso de agilizar permisos tramitados por los gobiernos locales.
El proyecto presentado por el Gobierno contempla que la exención beneficie a propietarios mayores de 65 años respecto de su vivienda principal y que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente a la publicación de la ley. Hacienda estima que la medida alcanzaría a cerca de 300 mil adultos mayores. Ministerio de Hacienda
Alcaldes cuestionan la existencia de un acuerdo transversal
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó que no existió el consenso planteado por el Ejecutivo. Según explicó, un grupo de alcaldes había presentado una propuesta estandarizada, pero esta no habría sido acogida durante las conversaciones.
En representación de los jefes comunales de centroizquierda pertenecientes a la AChM, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, sostuvo que la exención debería focalizarse y no aplicarse universalmente.
La postura contrasta con la defendida por alcaldes de derecha, quienes respaldan una aplicación general del beneficio para los propietarios mayores de 65 años.
Desde fuera de la asociación también surgieron cuestionamientos. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, advirtió que una exención universal podría terminar beneficiando a personas de mayores ingresos.
En la misma línea, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, aseguró que la posición de los jefes comunales de oposición no fue debidamente considerada y rechazó que el anuncio del Gobierno representara un acuerdo de toda la AChM.
El debate entre universalidad y focalización
El punto central de la controversia no se limita a la compensación financiera. También enfrenta dos visiones respecto de quiénes deberían recibir el beneficio.
Un sector propone que la exención se otorgue a todas las personas mayores de 65 años que cumplan las condiciones de propiedad contempladas en el proyecto. Otro plantea incorporar criterios como:
- El valor fiscal o comercial de la vivienda.
- Los ingresos del propietario.
- El grado de vulnerabilidad económica.
- La cantidad de propiedades inscritas a nombre del beneficiario.
Para los alcaldes que respaldan la focalización, una exención universal podría destinar recursos fiscales a propietarios con capacidad económica suficiente para continuar pagando el impuesto territorial.
Sus promotores, en cambio, sostienen que muchas personas mayores viven en viviendas cuyo avalúo ha aumentado considerablemente, pese a mantener ingresos mensuales reducidos.
El impacto sobre el Fondo Común Municipal
El debate es especialmente relevante porque las contribuciones constituyen una fuente esencial de financiamiento municipal. Una parte de su recaudación permanece en la comuna donde se encuentra la propiedad, mientras otra se integra al Fondo Común Municipal, encargado de redistribuir recursos entre las 345 municipalidades del país.
Durante la discusión legislativa se ha advertido que numerosas comunas pequeñas, rurales o con menores ingresos dependen mayoritariamente de este fondo para financiar sus servicios.
Antecedentes presentados ante la Cámara muestran que existen municipios cuya dependencia del FCM alcanza entre el 80% y el 99% de sus ingresos, por lo que cualquier disminución no compensada podría afectar severamente su funcionamiento. Cámara de Diputadas y Diputados
Reunión extraordinaria pendiente
Los alcaldes críticos solicitarán una reunión extraordinaria del directorio de la AChM para aclarar el alcance de las conversaciones con Hacienda y definir una postura institucional.
La cita todavía no ha sido fijada debido a la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país y mantiene concentrados a los municipios en las labores de respuesta.
Conclusión política y legislativa
La controversia revela que el conflicto no se reduce a decidir si los adultos mayores deben recibir un alivio tributario. El verdadero debate consiste en determinar cómo focalizar el beneficio, quién asumirá su costo y qué garantías existirán para proteger el financiamiento municipal.
Si la compensación no cubre efectivamente tanto la disminución del Fondo Común Municipal como la pérdida de ingresos propios, las comunas con menor capacidad financiera podrían enfrentar dificultades para prestar servicios básicos.
Además, la ausencia de un acuerdo transversal dentro de la AChM puede complicar el tercer trámite constitucional. La Cámara deberá resolver si mantiene una exención universal o incorpora criterios socioeconómicos que permitan concentrar el beneficio en adultos mayores que realmente necesitan protección.
