Las pymes chilenas enfrentan un escenario macroeconómico que pone a prueba su capacidad de adaptación y resistencia financiera. La combinación de un mercado laboral más rígido, alzas en los costos operativos y nuevas cargas tributarias y previsionales obliga a los empresarios a replantear sus estrategias de supervivencia. En este contexto, la tentación de ajustar la dotación de personal surge como una medida reactiva, pero los expertos advierten que existen caminos alternativos para preservar el capital humano.
Un escenario de presión estructural para las pymes
El Índice Nominal de Costos Laborales registró un alza interanual de 7,9% en mayo, mientras que la tasa de desocupación alcanzó un 9,4% en el trimestre abril-junio. A este panorama se suma la implementación gradual de la Reforma de Pensiones (Ley N° 21.735) y la reducción de la jornada laboral, que desde abril de 2026 bajó a 42 horas semanales y apunta a 40 horas en 2028.
El impacto de la nueva cotización previsional en la caja
Desde las remuneraciones de agosto de 2026, la cotización de cargo del empleador alcanza el 3,5% de la remuneración imponible. Este monto se distribuye entre el Seguro Social Previsional, la nueva Cotización con Rentabilidad Protegida y la cuenta de capitalización individual. Para una empresa con cinco trabajadores que ganan $800.000, el aporte patronal mensual sube de $100.000 a $140.000. Sin embargo, el calendario de alzas es implacable: en 2033 la carga llegará al 8,5%, lo que significará un desembolso cercano a los $340.000 mensuales para ese mismo grupo de trabajadores.
Planificación financiera antes que decisiones improvisadas
Ante este escenario, la improvisación es el mayor riesgo. Las decisiones de contratación o ajuste de personal deben responder a una proyección financiera a mediano plazo.
“El error más común es tomar decisiones de dotación mirando solo el mes en curso. Cuando suben los costos laborales, se acorta la jornada y además hay reformas que se activan en cascada, la pregunta no es si contratar o despedir, sino si la empresa tiene la caja proyectada para sostener cualquiera de las dos decisiones en los próximos seis a doce meses”, explica Felipe Hirane, Chief Financial Officer de Maxxa.
Brecha crediticia y alternativas de financiamiento
La Séptima Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE-7) revela que solo el 17% de las empresas solicitó al menos un préstamo, y las pymes enfrentan hasta cinco veces más rechazos que las grandes corporaciones. Las causas principales son historial crediticio insuficiente, falta de garantías y desorden financiero.
“Antes de recortar personal o de congelar una contratación necesaria, hay que separar dos problemas distintos. Un alza de cotización o una reducción de jornada son permanentes: se resuelven en el margen, con precio, productividad o mix, no con deuda. El financiamiento de corto plazo sirve para cubrir el descalce de caja mientras se hace ese ajuste; usarlo para sostener de forma indefinida un mayor costo estructural solo traslada el problema hacia adelante”, señala Hirane.
Frente a la banca tradicional, cuyas exigencias documentales y tiempos de respuesta pueden ser letales para una pyme, las fintech ofrecen evaluaciones en minutos, procesos 100% digitales y criterios de riesgo más flexibles. A esto se suman herramientas estatales como FOGAPE, CORFO y Sercotec, aunque sus tiempos no siempre calzan con la urgencia de un descalce de caja inmediato.
Panorama tributario y proyección a futuro
En el ámbito tributario, la mega reforma contempla una reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría desde 27% a 23% para el régimen general. No obstante, esta rebaja no aplica a las compañías del régimen Pro Pyme, que mantendrán una tasa transitoria del 12,5% durante 2026 y 2027.
“Ninguna pyme puede controlar el ritmo al que suben los costos o cambian las reglas del juego. Lo que sí puede controlar es cuánto se anticipa. Y esa anticipación, más que cualquier medida puntual, es la que termina marcando la diferencia entre una empresa que sobrevive un año difícil y una que lo aprovecha para ordenarse y crecer”, concluye el CFO de Maxxa.
Conclusión editorial El Estado ha impuesto una carga estructural innegable sobre los empleadores mediante la reforma previsional y la reducción de jornada, pero no ha generado los mecanismos de liquidez inmediata para absorber el shock. La responsabilidad jurídica y económica de sostener la operación recae, en la práctica, sobre la planificación financiera de la pyme. Distinguir entre un costo estructural permanente y un descalce de caja transitorio no es solo una buena práctica contable, sino el único escudo legal y operativo para evitar la destrucción de empleos y la mortalidad empresarial.
