Una justicia que no parece igual para todos
El caso de la Fundación Democracia Viva, que involucra a la exdiputada Catalina Pérez (Revolución Democrática), ha vuelto a abrir el debate sobre la dispar aplicación de medidas cautelares en Chile. A ella se le imputan tres delitos de fraude al fisco por un total de 426 millones de pesos, sin embargo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió dictar arresto domiciliario total.
En paralelo, Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, enfrenta una acusación similar por malversación de recursos públicos, pero fue enviada directamente a prisión preventiva. El contraste entre ambas decisiones ha encendido la discusión sobre la coherencia del sistema judicial.
El caso Catalina Pérez: Arraigo político y arresto domiciliario
Formalizada el 12 de mayo de 2025, Pérez enfrenta graves cargos relacionados con convenios irregulares que favorecieron a Democracia Viva. A pesar de la magnitud de la defraudación, el tribunal estimó que su arraigo social, su colaboración con la justicia y la pérdida de fuero parlamentario justificaban una medida menos intrusiva.
El caso Cathy Barriga: Responsabilidad administrativa y prisión preventiva
En el caso de Barriga, la Fiscalía expuso una estructura más compleja de posible encubrimiento, obstaculización de la investigación y un riesgo de fuga mayor. Como alcaldesa, Barriga tuvo manejo directo de fondos públicos y acceso a documentación clave, lo que motivó al tribunal a aplicar la medida cautelar más estricta.
Factores jurídicos en disputa
¿Riesgo de fuga o percepción política?
Según el artículo 140 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva procede cuando hay riesgo de fuga o de obstaculización del proceso. Ambas figuras tienen un alto perfil público, pero la evaluación judicial fue distinta. La defensa de Pérez enfatizó su disposición a colaborar y la falta de antecedentes, mientras que la Fiscalía en el caso Barriga apuntó al riesgo de que pudiera influir en testigos o manipular evidencia.
Obstaculización de la investigación: Dos miradas distintas
En el caso de Pérez, el tribunal consideró su rol indirecto en la ejecución del fraude, lo que redujo el riesgo de entorpecer la investigación. En cambio, Barriga fue percibida como una figura con capacidad real de intervenir en el desarrollo del proceso judicial, dada su función de alcaldesa y acceso a información clave durante su mandato.
Arraigo social y percepción de impunidad
El arraigo, tanto social como político, influye fuertemente en la decisión judicial. Pérez, con presencia parlamentaria y sin cargo activo, fue vista como una figura con menor riesgo procesal. Barriga, en tanto, habría sido percibida como políticamente más vulnerable y con un entorno menos estable, lo que habría motivado una mayor cautela por parte del tribunal.
Impacto público y necesidad de ejemplaridad
La percepción ciudadana de impunidad también puede influir en las resoluciones judiciales. En el caso de Barriga, el impacto social en Maipú y la naturaleza de los fondos mal utilizados generaron un mayor reproche público. La prisión preventiva se habría aplicado también como una señal de rigor institucional frente a la corrupción.
¿Justicia desigual según el perfil político?
Ambos casos implican fraude al fisco, pero las resoluciones judiciales divergentes dejan abierta una interrogante legítima: ¿Existen criterios homogéneos para aplicar medidas cautelares en Chile? Mientras no se uniformen los estándares, la ciudadanía podría seguir percibiendo una justicia que varía según el peso político del imputado.
