En un movimiento que promete transformar el mercado laboral argentino, el gobierno de Javier Milei ha reglamentado esta semana los artículos de la reforma laboral incorporados en la Ley Bases, aprobada por el Congreso en junio. Con este nuevo marco normativo, el Ejecutivo busca "modernizar" las condiciones laborales en el país, apuntando principalmente a combatir la alta tasa de empleo informal, una problemática que afecta a casi la mitad de la fuerza laboral.
Según cifras oficiales proporcionadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 45% de los trabajadores en Argentina tiene empleo "en negro", es decir, carecen de cobertura de salud, aportes jubilatorios, vacaciones pagas o indemnización. En comparación, en Chile, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 28,1% en el primer trimestre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En un contexto donde los trabajadores independientes o monotributistas son una gran parte del mercado laboral, la reforma busca modificar profundamente las reglas vigentes. A su vez, refuerza la postura del gobierno de Milei contra los sindicatos, cuyos líderes están mayoritariamente alineados con el peronismo.
Fondo de Cese Laboral: ¿Una Nueva Modalidad de Indemnización?
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la implementación de un fondo de cese laboral como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones por despido. Esta nueva modalidad permitirá que empresas y sindicatos acuerden la creación de un fondo para cubrir los costos de desvinculación laboral. La novedad es que, además del aporte empresarial, los trabajadores también podrán financiar este fondo, es decir, contribuir con su propio dinero para su eventual despido.
Este cambio, establecido en el artículo 9 de la reforma, contempla tres opciones para los empleadores: un seguro individual o colectivo, la cancelación individual (el sistema actual de pago directo del empleador) o el fondo de cese laboral. Las contribuciones del empleador podrán depositarse en cuentas bancarias, fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros, y los trabajadores podrán añadir aportes voluntarios.
Este sistema ha generado gran controversia, ya que implica que el Estado argentino se desentiende de su responsabilidad constitucional de garantizar la protección contra despidos arbitrarios, establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Flexibilización para los Trabajadores Independientes
La reforma también introduce facilidades para los trabajadores independientes (monotributistas o autónomos) que deseen contratar hasta tres colaboradores sin que esto implique la creación de una relación de dependencia. Es decir, aquellos trabajadores que se desempeñen de forma autónoma podrán contratar ayuda para realizar tareas específicas sin la obligación de registrar formalmente a sus empleados como dependientes.
Bajo esta nueva modalidad, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato en cualquier momento sin generar obligaciones adicionales. Además, todos los contratados deberán estar inscriptos en el Régimen General de Impuestos y de los Recursos de la Seguridad Social, cumpliendo así con sus aportes al sistema previsional, obras sociales y el régimen de riesgos de trabajo.
Regularización y Blanqueo de Deudas Laborales
Otro aspecto clave de la reforma es la regularización del empleo no registrado o subregistrado. El gobierno ha dispuesto un esquema de blanqueo de deudas laborales acumuladas hasta la fecha de aprobación de la reforma. Las empresas podrán cancelar sus obligaciones tributarias relacionadas con la seguridad social con condonaciones que varían según el tamaño de la empresa: 90% para micro y pequeñas empresas, 80% para medianas empresas y 70% para el resto.
Esta iniciativa busca aliviar la carga tributaria de las empresas y fomentar la formalización del empleo, una de las prioridades del gobierno de Milei.
Extensión del Período de Prueba
En cuanto a los nuevos contratos laborales, la reforma extiende el período de prueba de los actuales tres meses a seis, con la posibilidad de ampliarlo hasta ocho meses en empresas medianas (con entre seis y 100 empleados) y hasta 12 meses en empresas más pequeñas (con menos de cinco trabajadores). Durante este período, los empleadores pueden despedir a los trabajadores sin causa ni indemnización por antigüedad.
Este cambio, orientado a generar mayor flexibilidad para los empleadores, ha suscitado críticas, ya que reduce la estabilidad laboral de los trabajadores durante los primeros meses de empleo.
Cláusula Antibloqueo: Un Punto de Fricción con los Sindicatos
Otro aspecto que ha generado polémica es la inclusión de una cláusula antibloqueo, la cual establece que las protestas sindicales no podrán impedir el acceso a las empresas. Sin embargo, la versión final de esta norma es considerablemente más "suave" que el texto original propuesto por el Ejecutivo. En un principio, el gobierno de Milei buscaba establecer la participación en bloqueos como causal de extinción del contrato de trabajo, lo que permitiría a los empleadores despedir a los trabajadores que participen en este tipo de acciones.
No obstante, tras negociaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT), el gobierno decidió no reglamentar este punto, posiblemente para evitar una escalada en los conflictos laborales y judiciales.
