Resultados opuestos abren una controversia
Corthorn Health, el laboratorio que examinó una muestra de cabello del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quedó bajo escrutinio luego de conocerse un nuevo análisis solicitado por la exautoridad, cuyo resultado fue negativo para las sustancias consideradas en la prueba.
La controversia se originó después de que el primer examen informado por Corthorn Health precediera a la salida de Rodríguez del gobierno del presidente José Antonio Kast, formalizada el 23 de julio de 2026.
El laboratorio sostuvo que la muestra original fue examinada el 24 de junio y sometida a un segundo análisis el 8 de julio, realizado por otro especialista y en un equipo diferente. Según la empresa, ambos procedimientos confirmaron el resultado positivo.
Es importante precisar que no se trató de dos tomas de muestra diferentes, sino de dos evaluaciones efectuadas sobre la misma muestra original, de acuerdo con la versión entregada por el laboratorio.
Rodríguez ha negado consumir drogas y ha cuestionado la actuación de Corthorn Health. Entre otros aspectos, afirmó que no recibió oportunamente información que considera necesaria para revisar el procedimiento, como la cadena de custodia y los antecedentes cuantitativos del análisis.
Examen independiente arrojó resultado negativo
La controversia adquirió una nueva dimensión cuando Rodríguez presentó un examen de cabello gestionado a través de UC Christus y procesado por el United States Drug Testing Laboratories, en Estados Unidos.
El documento, fechado el 31 de julio de 2026, informó un resultado negativo para anfetaminas, cocaína, opiáceos, fenciclidina y cannabinoides. La exautoridad sostuvo que este antecedente respaldaba su declaración de que no consume drogas.
Sin embargo, la existencia de un examen posterior negativo no invalida automáticamente el resultado anterior. Se trata de muestras distintas, tomadas en momentos diferentes y eventualmente sometidas a criterios analíticos, segmentos de cabello, umbrales de detección y cadenas de custodia que deben compararse técnicamente.
La controversia tampoco puede considerarse resuelta mientras no se analice la contramuestra vinculada al procedimiento original o una autoridad competente determine el valor técnico de los resultados.
Disputa por el análisis de la contramuestra
Corthorn Health señaló que el procedimiento contemplado en las bases permite abrir y analizar la contramuestra dentro del laboratorio adjudicatario. La empresa argumentó que enviarla a una institución diferente interrumpiría la trazabilidad prevista para el proceso.
Rodríguez, en cambio, afirmó que el 27 de julio solicitó formalmente el análisis, pero pidió que fuera realizado por un laboratorio independiente que ofreciera garantías tanto al Gobierno como a la ciudadanía.
De este modo, la controversia no se limita al resultado del examen. También comprende quién debe realizar la contramuestra, cómo se resguarda la cadena de custodia y qué procedimiento ofrece suficiente independencia cuando el resultado original está cuestionado.
Según la información disponible, la contramuestra oficial asociada al primer procedimiento todavía no ha sido procesada. El examen solicitado particularmente por Rodríguez constituye un antecedente diferente y no reemplaza necesariamente esa revisión.
Contrato con SENDA por cerca de $30 millones
Corthorn Health se adjudicó en mayo de 2026 una licitación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA).
El contrato, por cerca de $30 millones, contemplaba la aplicación y el análisis confirmatorio de cuatro grupos de drogas en muestras de cabello correspondientes a 65 altas autoridades. El servicio incluía la toma de muestras en terreno, los respectivos equipos y el procesamiento toxicológico.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por La Tercera, Corthorn Health fue el único laboratorio que presentó una oferta en esa licitación.
La empresa mantiene una relación previa con distintos organismos del Estado. Desde 2020 registra órdenes de compra y contratos relacionados con exámenes toxicológicos para instituciones como Carabineros, Gendarmería, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas, municipalidades y la Defensoría Penal Pública.
Entre sus adjudicaciones más recientes se encuentra un contrato con la Defensoría Regional Metropolitana Norte, por aproximadamente $70 millones.
Una empresa controlada por la familia Corthorn Bravo
Corthorn Health es un laboratorio de carácter familiar. Su gerenta general es Francisca Corthorn, química farmacéutica de la Universidad Andrés Bello.
En la administración y dirección estratégica también participan integrantes de la familia Corthorn Bravo, entre ellos Raúl Corthorn, Patricia Bravo, Frederick Corthorn y Emiliana Corthorn.
Desde septiembre de 2018, el 95,4 % de la propiedad se encontraría bajo el control de Inversiones RAP S.A., vehículo de inversión de la familia. El 4,6 % restante permanecería en manos de Francisca Corthorn, según los registros societarios citados en la investigación original.
En septiembre de ese año, el capital informado por la sociedad familiar ascendía a $723 millones.
La empresa afirma contar con experiencia en toxicología laboral, salud ocupacional y análisis de muestras de sangre, orina y cabello. En su información institucional declara poseer acreditación bajo la norma internacional ISO/IEC 17025:2017 y contar con mecanismos de trazabilidad y control de calidad. Así se presenta en su sitio institucional.
Inspección sanitaria detectó deficiencias en 2022
Una fiscalización de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, efectuada en 2022, habría detectado deficiencias relacionadas con el control de calidad, la supervisión profesional, las instalaciones para descontaminación y el manejo de la sala de toxicología.
El acta citada por El Minuto, señaló que el establecimiento no contaba entonces con un recinto de lavado y descontaminación separado de las áreas destinadas a recibir y procesar las muestras.
El documento también habría formulado observaciones sobre el sistema de eliminación de residuos y las condiciones existentes en la zona donde se manipulaban muestras biológicas.
Estos antecedentes deben interpretarse dentro de su contexto temporal: la inspección corresponde a 2022 y, por sí sola, no demuestra que esas deficiencias continúen vigentes en 2026. Para establecerlo sería necesario conocer las medidas correctivas adoptadas, las resoluciones sanitarias posteriores y el resultado de nuevas fiscalizaciones.
Alcance institucional de la controversia
El caso excede la disputa entre Rodríguez y el laboratorio. Los exámenes fueron contratados por el Estado para evaluar a autoridades de alto nivel y sus resultados pueden producir importantes consecuencias políticas, laborales y reputacionales.
Por esa razón, el procedimiento debe ofrecer garantías reforzadas en materias como:
- Identificación y custodia de las muestras.
- Confidencialidad de los datos de salud.
- Información sobre las sustancias y concentraciones detectadas.
- Posibilidad efectiva de solicitar una contramuestra.
- Independencia y acreditación de los laboratorios.
- Mecanismos para resolver resultados contradictorios.
Los resultados de exámenes toxicológicos constituyen información sensible. Su comunicación y tratamiento deben respetar las bases de la contratación pública, las reglas sanitarias aplicables y la normativa sobre protección de datos personales.
Conclusión
La aparición de dos resultados diferentes no permite concluir, sin una evaluación técnica comparativa, que uno de los laboratorios necesariamente incurrió en un error.
El examen presentado por Rodríguez fortalece su cuestionamiento y hace necesaria una revisión independiente y transparente. No obstante, la prueba fue realizada sobre una muestra diferente y no equivale jurídicamente a la contramuestra del procedimiento original.
La resolución del caso requiere determinar las condiciones de toma y procesamiento de ambas muestras, los periodos analizados, los umbrales de detección, las sustancias buscadas y el cumplimiento de las respectivas cadenas de custodia.
También corresponde que SENDA y las autoridades sanitarias esclarezcan el procedimiento, informen si las observaciones formuladas en 2022 fueron subsanadas y establezcan un mecanismo confiable para resolver la contradicción. Mientras ello no ocurra, la controversia seguirá abierta y ninguna de las versiones puede considerarse definitivamente acreditada.
