PDI apunta a presunta alteración de bitácora de Conaf tras megaincendio que dejó 138 muertos
Un testimonio incorporado a la investigación por el megaincendio de Valparaíso abrió una nueva y delicada arista sobre la actuación de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal durante la catástrofe del 2 de febrero de 2024.
De acuerdo con un informe de la Policía de Investigaciones, el entonces jefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf en Valparaíso, Juan Atienza Hormazábal, habría ordenado modificar posteriormente el libro de registros institucional para incorporar solicitudes de alertas de evacuación correspondientes a sectores de Viña del Mar arrasados por el fuego.
La investigación se relaciona con el incendio que afectó principalmente a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tragedia que provocó la muerte de 138 personas.
Atienza y el entonces comandante de Incidente de Conaf, Luis Correa Jiménez, serán formalizados por el Ministerio Público el lunes 27 de julio de 2026, desde las 09:00 horas, ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. La Fiscalía les atribuirá participación en calidad de autores de cuasidelito de homicidio respecto de las víctimas fatales.
Las imputaciones todavía no han sido discutidas ante el tribunal y ambos investigados mantienen plenamente su presunción de inocencia.
Testimonio acusa una orden para modificar el registro
Uno de los antecedentes centrales corresponde a la declaración de Juan Ilarrázabal, exfuncionario de la Central de Coordinación Regional de Conaf en Valparaíso, quien durante la emergencia tuvo a su cargo el despacho y la administración de recursos para combatir las llamas.
Ilarrázabal declaró ante la PDI el 30 de marzo de 2026. Su testimonio quedó incorporado al informe policial N.º 240, documento que forma parte de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público.
Según su versión, Atienza le habría exigido incorporar en el registro de las 18:39 horas los sectores Jardín Botánico, Villa Dulce, Villa Hermosa y El Olivar. El exfuncionario recordó una frase que atribuyó a su superior:
“La habíamos cagado y lo iban a cuestionar a él”.
La declaración fue conocida a través de una investigación publicada por CIPER, medio que tuvo acceso al informe policial. El testimonio constituye un antecedente investigativo y deberá ser contrastado durante el proceso penal.
La inconsistencia de dos minutos detectada por la PDI
El libro de registros de Conaf señala que a las 18:39 horas se solicitó la emisión de alertas para Canal Beagle, Jardín Botánico, Villa Dulce, Villa Hermosa y El Olivar.
Sin embargo, los investigadores establecieron que Senapred ya había emitido una alerta para esos sectores a las 18:37 horas, es decir, dos minutos antes de la supuesta solicitud consignada por Conaf.
Esta diferencia constituye uno de los elementos utilizados por la PDI para cuestionar la autenticidad temporal de la anotación. En términos simples, el organismo policial estima que resulta imposible solicitar a las 18:39 horas una alerta cuya emisión ya había comenzado dos minutos antes.
La policía también detectó diferencias en la forma en que fue escrito ese apartado. Mientras las anotaciones anteriores registraban los nombres completos de los sectores, en el pasaje cuestionado aparecieron abreviaciones como “J.B.”, para Jardín Botánico, y “Villa D.”, para Villa Dulce.
A partir de estas inconsistencias y del testimonio de Ilarrázabal, el informe policial atribuye a Atienza la eventual instrucción de modificar posteriormente la bitácora.
Esta conclusión pertenece a la PDI y todavía deberá ser expuesta, controvertida y valorada judicialmente.
Alertas SAE que habrían llegado tarde o no fueron solicitadas
La investigación del Ministerio Público busca establecer las responsabilidades asociadas a las decisiones adoptadas durante el avance del fuego y, especialmente, a la emisión de mensajes mediante el Sistema de Alerta de Emergencia.
El SAE permite enviar mensajes georreferenciados a los teléfonos celulares de las personas ubicadas en zonas amenazadas. Su operación corresponde a Senapred, pero, durante los incendios forestales, la evaluación técnica sobre el comportamiento y la dirección del fuego depende principalmente de la información proporcionada por Conaf.
La Fiscalía sostiene que diversas alertas de evacuación habrían sido solicitadas tardíamente y que otras no fueron requeridas por Conaf, pese al avance del incendio hacia sectores densamente poblados.
Según las pericias policiales conocidas, a las 17:39 horas una torre de vigilancia de Conaf informó sobre un nuevo foco en el Fundo Las Siete Hermanas, próximo a zonas urbanas de Viña del Mar. Minutos después, se comunicó que el fuego había adquirido gran intensidad y avanzaba en dirección a Viña del Mar y Quilpué.
En ese momento, Atienza participaba en un sobrevuelo de reconocimiento. Tras aterrizar, cerca de las 18:25 horas, se habría reunido con Correa en el puesto de mando.
La PDI sostiene que la primera solicitud de alerta dirigida a sectores poblados de Quilpué cercanos al incendio se efectuó alrededor de las 18:32 horas, casi una hora después de las primeras advertencias provenientes de la torre.
Fiscalía cuestiona la oportunidad de la evacuación
El fiscal adjunto Claudio Rebeco, de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, afirmó que el trabajo desarrollado junto con la PDI permitió reunir antecedentes suficientes para formalizar la investigación.
La tesis del Ministerio Público sostiene que los funcionarios disponían de información sobre la dirección del fuego, pero no habrían activado oportunamente el sistema de evacuación.
La causa es encabezada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y corresponde a una arista separada de la investigación original. Su finalidad es establecer posibles responsabilidades de funcionarios y organismos públicos en la respuesta desplegada durante la catástrofe.
La audiencia fue programada para el lunes 27 de julio. Aunque la defensa de Correa había solicitado cambiar la fecha debido a que su representado estaría fuera del país, el tribunal autorizó su comparecencia telemática y mantuvo la formalización.
Exfuncionaria también denunció presiones
A las dudas sobre la bitácora se suma el testimonio de Marcela Vega, ingeniera forestal y agrónoma que estuvo a cargo de la Unidad de Análisis y Predicción de Incendios Forestales en Valparaíso.
La exfuncionaria denunció haber sufrido presiones y acoso laboral después de negarse, según su versión, a manipular una simulación del megaincendio que podría beneficiar a Atienza.
Vega declaró ante la PDI el 27 de febrero de 2026. En su testimonio atribuyó a Leonel Zamorano, entonces jefe regional de Control de Incendios Forestales, una solicitud para preparar antecedentes destinados a ayudar a Atienza ante la investigación.
Tanto esta declaración como la entregada por Ilarrázabal deberán ser examinadas por la Fiscalía, las defensas y el tribunal. Hasta ahora, no existe una resolución judicial que establezca que las presiones o la alteración denunciadas efectivamente ocurrieron.
Las explicaciones entregadas por Atienza y Correa
Atienza y Correa han defendido su actuación durante la emergencia. Ambos han sostenido que la demora en las alertas SAE respondió principalmente a tres factores:
- Falta de información suficiente para adoptar decisiones.
- Interrupción de los canales de comunicación.
- Un cambio inesperado en la dirección del viento.
Atienza expuso esa versión durante una declaración entregada a la PDI en octubre de 2025. Correa, en tanto, explicó extensamente su actuación ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
No obstante, el informe policial pone en duda estos argumentos. De acuerdo con las pericias, las comunicaciones se habrían mantenido operativas, existía información sobre el avance del incendio y el viento habría dirigido persistentemente las llamas hacia áreas pobladas.
La Defensoría Penal Pública de Valparaíso, que representa a Atienza, indicó que no formularía comentarios antes de la audiencia debido al carácter reservado de la investigación.
El abogado de Correa, Sebastián Canales de Rurange, adoptó una posición similar y señaló que responderá una vez que los antecedentes sean expuestos ante el tribunal.
¿Qué deberá demostrar la Fiscalía?
La formalización no equivale a una acusación ni a una condena. Se trata del acto mediante el cual el Ministerio Público comunica judicialmente a una persona que desarrolla una investigación en su contra por hechos determinados.
Para configurar un eventual cuasidelito de homicidio, la Fiscalía deberá acreditar que los imputados incurrieron en una conducta negligente o imprudente, infringiendo los deberes propios de sus funciones.
Además, será necesario establecer una relación causal jurídicamente relevante entre las decisiones atribuidas a ambos exfuncionarios, la demora de las alertas y la muerte de las víctimas.
Entre los elementos que podrían resultar determinantes se encuentran:
- La información disponible en tiempo real sobre el avance del fuego.
- La capacidad efectiva de solicitar alertas de evacuación.
- El estado de las comunicaciones institucionales.
- Las condiciones meteorológicas.
- Los horarios exactos de las solicitudes y emisiones SAE.
- Los protocolos vigentes para emergencias forestales.
- La autenticidad y oportunidad de las anotaciones incorporadas a la bitácora.
- El tiempo que habría necesitado la población para evacuar.
Conclusión
La presunta alteración de la bitácora de Conaf constituye uno de los antecedentes más delicados conocidos hasta ahora en la investigación del megaincendio. Si se acreditara judicialmente una modificación destinada a representar como oportunas solicitudes que no se efectuaron, el hecho podría adquirir relevancia más allá del análisis sobre la gestión de la emergencia.
Sin embargo, las conclusiones policiales no reemplazan la decisión de un tribunal. La audiencia del lunes permitirá conocer la imputación concreta de la Fiscalía, los hechos atribuidos individualmente a Atienza y Correa, la calificación jurídica y los argumentos iniciales de sus defensas.
La investigación deberá esclarecer no solo por qué las alertas llegaron tarde a determinados sectores, sino también si los responsables contaban con información suficiente para ordenar evacuaciones anticipadas y si esas omisiones incidieron causalmente en la muerte de las 138 víctimas.
El esclarecimiento de estos hechos resulta esencial para las familias afectadas y para la confianza pública en las instituciones encargadas de responder ante emergencias. La magnitud de la tragedia exige verdad, transparencia y responsabilidades acreditadas mediante un debido proceso.
