Con cuatro órdenes vigentes: prisión preventiva para joven imputado por disparar contra Carabineros en Copiapó
Samuel Andrés Verdugo Quezada, de 21 años, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de atentado contra la autoridad y porte de arma de fuego, luego de un enfrentamiento con funcionarios de Carabineros registrado en el sector Pedro León Gallo de Copiapó.
Según los antecedentes conocidos, el imputado habría disparado contra el personal policial cuando intentaba escapar de una fiscalización. Los funcionarios respondieron al ataque, produciéndose un intercambio de disparos en el que el joven resultó herido.
El tribunal decretó la cautelar más gravosa al considerar que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Para adoptar la resolución, se habrían ponderado la gravedad de los hechos investigados, las órdenes judiciales pendientes y el supuesto uso de un arma contra los funcionarios.
Verdugo Quezada mantiene la calidad jurídica de imputado y se encuentra amparado por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Vecinos alertaron sobre disparos en la vía pública
El procedimiento comenzó después de que vecinos denunciaran que un hombre llevaba un tiempo efectuando disparos en la vía pública.
Carabineros concurrió hasta un barrio residencial del sector Pedro León Gallo con la finalidad de verificar la situación y fiscalizar al sospechoso.
De acuerdo con la versión policial, al advertir la presencia de los funcionarios, el joven huyó por las calles del sector y habría abierto fuego contra ellos.
Los carabineros respondieron a los disparos y el imputado terminó herido. Posteriormente fue reducido, detenido y trasladado para recibir atención médica.
Quién es Samuel Verdugo, el joven detenido en Copiapó
Los antecedentes expuestos sobre el detenido indican que se trata de un joven de 21 años que mantenía órdenes judiciales pendientes, pese a su corta edad.
Al momento del procedimiento registraba cuatro órdenes de detención vigentes:
- Tres correspondientes a investigaciones o causas por tráfico de drogas.
- Una vinculada con el delito de amenazas.
La existencia de órdenes vigentes significa que distintos tribunales habían solicitado su detención para ponerlo a disposición de la justicia. Esto no equivale, por sí mismo, a condenas definitivas por todos los hechos asociados a esas causas.
Los antecedentes fueron informados tras la audiencia en que se decretó su prisión preventiva.
Pasta base fue encontrada durante el allanamiento
Después de la detención, Carabineros realizó diligencias en el domicilio vinculado con Verdugo Quezada.
Durante el registro, los funcionarios encontraron contenedores con una sustancia que correspondería a pasta base de cocaína. Estos antecedentes deberán ser sometidos a las pericias correspondientes e incorporados formalmente a la investigación.
La eventual responsabilidad penal derivada del hallazgo deberá ser determinada separadamente. Con los antecedentes públicamente disponibles, la formalización relacionada con el enfrentamiento se concentró en los delitos de atentado contra la autoridad y porte de arma de fuego.
Fiscalía imputa atentado contra la autoridad y porte de arma
El Ministerio Público atribuyó al detenido haber disparado contra funcionarios policiales mientras estos realizaban un procedimiento.
La calificación jurídica inicial comprende el delito de atentado contra la autoridad, además del porte de un arma de fuego. Esta calificación puede modificarse durante el desarrollo de la investigación si aparecen nuevos antecedentes.
La Fiscalía deberá establecer, entre otros aspectos:
- El origen y situación legal del arma.
- La cantidad y trayectoria de los disparos.
- La distancia desde la cual se habría efectuado el ataque.
- La existencia de residuos de disparo.
- La participación concreta del imputado.
- Las circunstancias en que Carabineros utilizó sus armas de servicio.
Las declaraciones de los funcionarios, los registros audiovisuales, las pericias balísticas y la evidencia levantada en el lugar serán fundamentales para reconstruir el enfrentamiento.
La defensa cuestionó el peligro para los funcionarios
Durante la audiencia, la Defensoría Penal Pública sostuvo que no habría existido un peligro real para la vida o integridad de los carabineros.
Este planteamiento buscaba controvertir la gravedad atribuida por la Fiscalía a la conducta y evitar la imposición de la prisión preventiva.
Sin embargo, el tribunal no acogió esa argumentación y estimó que los antecedentes presentados justificaban aplicar la cautelar más intensa disponible en el sistema procesal penal.
La defensa podrá solicitar posteriormente la revisión o sustitución de la medida si considera que han cambiado las circunstancias o que aparecen antecedentes favorables para el imputado.
Tribunal consideró que su libertad era peligrosa
Para decretar una prisión preventiva, el tribunal debe analizar la existencia de antecedentes que justifiquen el delito investigado, la posible participación del imputado y la necesidad de cautela.
En este caso, la resolución habría considerado especialmente:
- La gravedad del ataque investigado.
- El supuesto empleo de un arma de fuego.
- Que los disparos habrían estado dirigidos contra funcionarios policiales.
- Las cuatro órdenes de detención pendientes.
- El riesgo que representaría su libertad para la seguridad de la sociedad.
La prisión preventiva no constituye una pena ni una declaración anticipada de culpabilidad. Se trata de una medida cautelar que rige mientras avanza la investigación, sujeta a revisión judicial.
Conclusión jurídica
El caso presenta dos dimensiones que deberán ser examinadas de manera independiente. La primera corresponde al enfrentamiento con Carabineros y a la acusación de que el imputado abrió fuego contra los funcionarios. La segunda se relaciona con las órdenes pendientes y la sustancia encontrada durante el allanamiento.
Aunque estos antecedentes pueden ser considerados al debatir la necesidad de cautela, la Fiscalía deberá acreditar cada delito mediante pruebas obtenidas e incorporadas legalmente al procedimiento.
La prisión preventiva refleja la valoración inicial efectuada por el tribunal sobre la gravedad del caso y los riesgos procesales. Sin embargo, no reemplaza el juicio ni elimina la presunción de inocencia. La responsabilidad definitiva de Samuel Verdugo Quezada solo podrá establecerse mediante una sentencia dictada después de que la Fiscalía y la defensa presenten y controviertan sus respectivas pruebas.
