La falta de respaldo del Gobierno chileno debilitó la candidatura internacional de Michelle Bachelet, pero atribuir completamente su resultado a José Antonio Kast omite la evaluación de sus dos administraciones, sus controvertidas reformas y el impacto político del caso Caval.

Por Oed Marcelo Bustamante| Columnista para El Minuto Internacional

Columna de opinión: Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la línea editorial del medio.

El cuarto lugar obtenido por Michelle Bachelet en la primera votación informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abrió una nueva controversia política en Chile.

El exembajador y excanciller Juan Gabriel Valdés responsabilizó al presidente José Antonio Kast por el resultado. A su juicio, el retiro del apoyo oficial de Chile perjudicó directamente las posibilidades de la exmandataria de convertirse en secretaria general de la ONU.

Es indudable que una candidatura internacional pierde fuerza cuando no cuenta con el respaldo del país que representa. Sin embargo, atribuir a Kast toda la responsabilidad por el cuarto lugar de Bachelet constituye una conclusión apresurada y políticamente conveniente.

La expresidenta posee una trayectoria internacional reconocida, pero también carga con el balance de dos gobiernos marcados por reformas controvertidas, dificultades de gestión, desaceleración económica y una severa crisis de confianza provocada por el caso Caval.

Una votación preliminar que todavía no define la elección

Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad participaron en una consulta secreta y no vinculante para medir el respaldo a los postulantes que buscan suceder a António Guterres.

En estas votaciones, cada integrante puede marcar si desea “alentar”, “desalentar” o no expresar opinión respecto de cada candidatura. Como el sufragio es secreto, no se conoce qué país respaldó o rechazó a cada postulante.

Los primeros lugares fueron ocupados por Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, y Rafael Grossi, de Argentina. Bachelet apareció en cuarto lugar y, según fuentes diplomáticas, recibió cinco votos de desaliento.

El sondeo constituye solamente una primera aproximación. La elección puede requerir varias rondas y, finalmente, el candidato recomendado deberá reunir al menos nueve votos en el Consejo de Seguridad sin recibir el veto de alguno de sus cinco integrantes permanentes. Reuters explicó el carácter preliminar y secreto del proceso.

Por lo tanto, el cuarto lugar no representa una derrota definitiva, pero sí una señal de que su candidatura enfrenta obstáculos importantes.

Valdés responsabiliza a Kast

Juan Gabriel Valdés calificó el retiro del respaldo chileno como uno de los hechos más vergonzosos de la historia diplomática nacional.

El exembajador sostuvo que ningún Gobierno debería retirar el apoyo a una persona que fue dos veces presidenta de Chile y que mantiene un importante prestigio internacional. Además, afirmó que la falta de respaldo nacional ha generado dudas entre los representantes de otros países.

El cuestionamiento posee un fundamento atendible. En marzo de 2026, el Gobierno de Kast retiró el apoyo oficial que Chile había entregado durante la administración de Gabriel Boric. Bachelet decidió continuar con su candidatura gracias al respaldo de México y Brasil. El retiro fue confirmado públicamente y recogido por Reuters.

Pero de allí a sostener que Kast es el responsable exclusivo del resultado existe una distancia considerable.

Como la votación fue secreta, no es posible determinar cuántos países modificaron su posición debido a la decisión chilena. Tampoco se puede ignorar que Bachelet compite contra candidaturas con experiencia internacional, apoyo regional y relaciones diplomáticas propias.

El prestigio internacional no borra el balance interno

Michelle Bachelet fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y posteriormente ejerció como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esa trayectoria le proporciona experiencia multilateral y reconocimiento fuera de Chile.

Sin embargo, una candidatura a la Secretaría General no se evalúa únicamente por los cargos internacionales desempeñados. También importa la capacidad de conducción política, la gestión de crisis, el comportamiento de la economía y el legado dejado en el país gobernado.

La imagen internacional de Bachelet no puede analizarse separadamente de sus dos administraciones. Tampoco corresponde presentar toda crítica a su gestión como un simple ataque ideológico.

Reforma Tributaria y pérdida de dinamismo económico

Durante su segundo gobierno, Bachelet impulsó una Reforma Tributaria orientada a financiar las transformaciones sociales y aumentar la recaudación fiscal.

La reforma elevó la carga impositiva para determinados contribuyentes e introdujo modificaciones profundas al sistema tributario. Sus defensores sostuvieron que era necesaria para reducir desigualdades y financiar derechos sociales.

Sus críticos, en cambio, advirtieron que la estructura resultó excesivamente compleja, aumentó la incertidumbre regulatoria y desincentivó decisiones de inversión privada.

Durante ese periodo Chile registró un crecimiento económico inferior al observado en años anteriores. Sería metodológicamente incorrecto atribuir toda la desaceleración exclusivamente a la reforma, pues también intervinieron el ciclo internacional, el precio del cobre y otras condiciones externas. No obstante, la incertidumbre generada por sus modificaciones fue parte relevante del debate económico y empresarial.

A ello se sumó un aumento progresivo de la deuda pública y una menor capacidad de crecimiento. La reforma buscaba recaudar más, pero terminó necesitando sucesivas aclaraciones y ajustes debido a su complejidad.

Reforma Educacional: grandes expectativas y difícil implementación

La Reforma Educacional fue presentada como uno de los pilares del segundo mandato de Bachelet. Modificó el financiamiento del sistema, restringió el lucro en establecimientos que reciben aportes públicos, avanzó en gratuidad universitaria y cambió las reglas de admisión escolar.

La intención declarada era convertir la educación en un derecho social y reducir la segregación. Sin embargo, la implementación estuvo acompañada de problemas administrativos, incertidumbre para las comunidades escolares y cuestionamientos sobre sus resultados inmediatos.

Sus detractores argumentaron que el Gobierno concentró sus esfuerzos en modificar la propiedad, el financiamiento y la selección, sin garantizar previamente una mejora efectiva en la calidad de los aprendizajes.

La puesta en marcha de los nuevos sistemas de admisión también generó críticas entre familias que consideraban limitada su capacidad de escoger establecimientos. Paralelamente, el fortalecimiento de la educación pública no produjo resultados inmediatos que permitieran superar sus problemas históricos.

Una reforma puede tener objetivos socialmente legítimos y, al mismo tiempo, presentar graves fallas de diseño y ejecución. Ambas afirmaciones pueden ser verdaderas.

Reforma Laboral y cuestionamientos a la competitividad

La administración Bachelet también impulsó una Reforma Laboral destinada a fortalecer a los sindicatos y ampliar la negociación colectiva.

Los partidarios valoraron el reconocimiento de derechos laborales y el fortalecimiento de la organización sindical. Los gremios empresariales, en cambio, advirtieron que algunas disposiciones aumentaban la rigidez, reducían la capacidad de adaptación de las empresas y podían afectar el empleo y la competitividad.

La reforma terminó sometida a una intensa controversia política y jurídica. Parte de su contenido fue revisado por el Tribunal Constitucional, demostrando la dificultad de compatibilizar los objetivos sindicales con las garantías constitucionales y el funcionamiento del mercado laboral.

El resultado fue una legislación que no satisfizo plenamente a ninguno de los sectores y que profundizó la percepción de incertidumbre institucional.

Transantiago: el fracaso que marcó su primer gobierno

Durante el primer mandato de Michelle Bachelet se produjo la fallida puesta en marcha del Transantiago, en febrero de 2007.

Aunque el diseño del sistema comenzó en el gobierno anterior, su implementación correspondió a la administración Bachelet. El nuevo modelo de transporte fue activado sin contar con la infraestructura, los recorridos, la información y la capacidad operacional necesarias.

Miles de personas enfrentaron largas esperas, buses colapsados, falta de recorridos y dificultades para llegar a sus lugares de trabajo o estudio. El problema generó una crisis de movilidad urbana y obligó al Estado a destinar importantes recursos para sostener y corregir el sistema.

Transantiago se convirtió en un símbolo de improvisación administrativa y deficiente coordinación estatal. Su impacto político afectó tempranamente al Gobierno y demostró que las buenas intenciones no reemplazan una planificación rigurosa.

Caso Caval y daño a la confianza pública

El caso Caval produjo uno de los golpes políticos más severos contra el segundo gobierno de Bachelet.

La controversia se originó por un negocio inmobiliario que involucró a Natalia Compagnon, entonces nuera de la mandataria, y a Sebastián Dávalos, hijo mayor de la expresidenta. La empresa Caval obtuvo un millonario crédito bancario destinado a adquirir terrenos en Machalí, operación que generó cuestionamientos por tráfico de influencias y utilización de vínculos políticos.

Es indispensable realizar una precisión jurídica: Michelle Bachelet no fue condenada ni establecida judicialmente como responsable de los delitos investigados en el caso Caval.

Sin embargo, políticamente el episodio dañó gravemente la imagen de probidad de su administración. Sebastián Dávalos ejercía entonces un cargo en la Presidencia y tuvo que renunciar en medio de la controversia.

El problema no fue solamente judicial. También fue ético y político. Una familia vinculada directamente a la Presidencia aparecía relacionada con una operación inmobiliaria especulativa que resultaba difícil de conciliar con el discurso de igualdad y lucha contra los privilegios.

La confianza pública se deterioró y la popularidad presidencial sufrió una fuerte caída. Aunque la mandataria no tuviera responsabilidad penal, el caso ocurrió en su entorno familiar inmediato y produjo consecuencias políticas que no pueden ser ignoradas.

¿Fue un gobierno desastroso?

Calificar los gobiernos de Bachelet como un “desastre” constituye una valoración política. Sus partidarios pueden destacar avances sociales, la creación del Ministerio de la Mujer, la gratuidad universitaria, la ampliación de derechos y su trabajo en protección social.

Pero sus críticos también tienen fundamentos para señalar que existieron errores graves de gestión, reformas deficientemente implementadas, debilitamiento de la inversión, pérdida de dinamismo económico y una profunda crisis de confianza pública.

Una evaluación democrática no debe transformar a los expresidentes en figuras intocables. El prestigio internacional no elimina los errores internos ni obliga al Estado a respaldar automáticamente todas sus aspiraciones posteriores.

Kast tomó una decisión política legítima, aunque discutible

El presidente José Antonio Kast estaba facultado para revisar la política exterior definida por la administración anterior. Los gobiernos cambian y también pueden cambiar sus prioridades diplomáticas.

Retirar el respaldo a una expresidenta chilena puede considerarse un error estratégico. También puede interpretarse como una ruptura innecesaria con la tradición de apoyar candidaturas nacionales en organismos internacionales.

Pero no respaldar a Bachelet no equivale automáticamente a sabotearla. Kast había cuestionado su legado político antes de asumir y su decisión fue coherente con esa postura.

Lo verdaderamente preocupante sería exigir que un Gobierno apoyara una candidatura únicamente por nacionalidad, sin evaluar sus méritos, posibilidades reales y compatibilidad con la política exterior vigente.

La responsabilidad no puede atribuirse a una sola persona

Juan Gabriel Valdés tiene derecho a defender la candidatura de Bachelet y criticar la decisión del Ejecutivo. Sin embargo, no existen antecedentes suficientes para afirmar que Kast sea responsable exclusivo de su cuarto lugar.

El resultado puede estar relacionado con múltiples factores:

• La competencia de candidaturas regionales sólidas.
• Las posiciones políticas de los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad.
• El desempeño internacional de Bachelet.
• La evaluación de sus gobiernos.
• La fragmentación del respaldo latinoamericano.
• La ausencia del apoyo oficial de Chile.
• Las negociaciones diplomáticas que todavía están en desarrollo.

Reducir todos esos elementos a la decisión de Kast transforma un proceso internacional complejo en una disputa política doméstica.

Conclusión: la memoria también forma parte de una candidatura

Michelle Bachelet posee experiencia, reconocimiento internacional y una trayectoria que la convierte en una candidata competitiva. Nadie puede negar la relevancia de haber dirigido ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Pero tampoco se puede exigir que Chile o la comunidad internacional olviden Transantiago, la compleja Reforma Tributaria, las dificultades de la Reforma Educacional, las controversias de la Reforma Laboral y el daño político provocado por el caso Caval.

José Antonio Kast debe asumir la responsabilidad política de haber retirado el respaldo de Chile. Fue una decisión discutible y probablemente debilitó la campaña. Sin embargo, la candidatura de Bachelet también debe responder por su historia política, sus decisiones y el legado de sus administraciones.

El cuarto lugar no es responsabilidad exclusiva de Kast. Es el resultado preliminar de una competencia internacional en la cual importan el prestigio, los apoyos diplomáticos y también la memoria.