Misteriosa denuncia en La Moneda revive dudas sobre niños haitianos desaparecidos: advirtió red de abuso infantil y espionaje antes del escándalo
En medio del creciente debate público provocado por el caso de los niños haitianos desaparecidos en Chile, emerge un episodio poco conocido que podría adquirir relevancia investigativa debido a las similitudes que presenta con los antecedentes actualmente revisados por organismos fiscalizadores y persecutores.
Se trata de una denuncia realizada en junio de 2023 por un ciudadano extranjero que llegó hasta el Palacio de La Moneda para advertir personalmente a las autoridades sobre la existencia de una presunta red de abuso de menores, pornografía infantil y supuestas actividades de espionaje masivo.
Hoy, a la luz de los antecedentes revelados respecto del programa de reunificación familiar haitiana, aquella advertencia adquiere una nueva dimensión.
Una advertencia frente al Palacio de Gobierno
La mañana del 27 de junio de 2023 un ciudadano extranjero, aparentemente de nacionalidad haitiana, se instaló en el frontis de La Moneda portando un cartel con un mensaje inquietante:
«Tengo información sensible que afecta la seguridad nacional».
El hombre permaneció durante varios minutos en el lugar buscando llamar la atención de las autoridades.
Según registros de prensa de la época, posteriormente logró ingresar al recinto gubernamental. Nunca quedó claro si fue convocado por funcionarios tras observar el mensaje o si gestionó personalmente una audiencia.
Lo concreto es que fue derivado hasta dependencias del entonces Ministerio del Interior, donde sostuvo una reunión con un abogado de la repartición.
La denuncia que buscaba llegar a Carolina Tohá
El denunciante pretendía entregar antecedentes directamente a la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, aunque finalmente no logró reunirse con ella.
De acuerdo con sus declaraciones, buscaba alertar sobre una presunta «red de pornografía infantil y espionaje masivo», cuyos integrantes —según afirmó— ya habían sido identificados por él ante las autoridades competentes.
El extranjero sostuvo que meses antes había presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público sin obtener avances visibles.
“Se está investigando una denuncia que puse hace tres meses sobre esta red y aún el fiscal no tuvo una citación”, declaró en aquella oportunidad.
El relato que involucraba a una menor de edad
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia decía relación con hechos que, según el denunciante, habrían afectado directamente a su hija de apenas 10 años.
El hombre aseguró que la menor nunca fue entrevistada por las autoridades ni sometida a diligencias destinadas a verificar los antecedentes aportados.
Asimismo, afirmó haber entregado información relativa a los supuestos líderes de la organización y los mecanismos utilizados para operar.
“Les dije quiénes eran sus líderes y los modus operandis como trabajaban”, señaló entonces.
Las declaraciones fueron recogidas por medios de comunicación, aunque con el paso del tiempo el caso desapareció del debate público sin que existieran comunicados oficiales aclarando el destino de la denuncia.
Tres años de silencio institucional
A casi tres años de aquel episodio no existe información pública conocida respecto de las diligencias que eventualmente habrían sido desarrolladas a partir de los antecedentes entregados en La Moneda.
Tampoco se conoció si la información fue remitida formalmente al Ministerio Público, si se abrió alguna investigación especializada o si los antecedentes fueron descartados tras una revisión preliminar.
La ausencia de respuestas oficiales adquiere relevancia en un contexto marcado por las interrogantes surgidas tras el preinforme de la Contraloría General de la República.
El escándalo de los niños haitianos cuyo paradero se desconoce
El caso volvió a cobrar notoriedad luego de que trascendieran antecedentes contenidos en un preinforme de Contraloría, confirmado por investigaciones periodísticas, respecto del ingreso masivo de menores y jóvenes haitianos a Chile bajo el mecanismo de reunificación familiar.
Las observaciones apuntan a que una cantidad significativa de esos menores no habría podido ser correctamente ubicada por las instituciones encargadas del seguimiento migratorio y de protección.
La situación abrió interrogantes respecto de los sistemas de control estatal, la trazabilidad de los ingresos y la efectiva protección de niños, niñas y adolescentes que llegaron al país bajo programas especialmente diseñados para resguardar sus derechos.
Patrones que podrían ser objeto de análisis investigativo
Aunque no existe evidencia pública que permita vincular directamente ambos episodios, especialistas señalan que toda denuncia relacionada con trata de personas, explotación infantil, abuso de menores, tráfico de migrantes o desaparición de niños debe ser revisada bajo estándares reforzados de protección.
En particular cuando involucra a menores de edad pertenecientes a grupos especialmente vulnerables, como migrantes o refugiados.
La legislación chilena y diversos tratados internacionales ratificados por Chile obligan a las autoridades a adoptar medidas de prevención, investigación y protección frente a cualquier antecedente que sugiera riesgos para la integridad física o psicológica de niños y adolescentes.
Conclusión jurídica: el deber del Estado frente a denuncias que involucran menores
Desde una perspectiva jurídica, este episodio plantea interrogantes relevantes respecto de la actuación institucional frente a denuncias vinculadas con posibles vulneraciones graves de derechos fundamentales de menores de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, así como diversas normas penales relativas a la explotación sexual infantil, imponen al Estado un deber reforzado de prevención, investigación y protección.
Si una denuncia contenía antecedentes plausibles sobre eventuales delitos que afectaban a menores, las autoridades estaban obligadas a activar mecanismos de verificación y coordinación interinstitucional para determinar su veracidad y proteger a las posibles víctimas.
El actual debate sobre el desconocido paradero de numerosos menores haitianos ingresados al país bajo programas de reunificación familiar vuelve especialmente relevante cualquier antecedente histórico que pudiera contribuir a esclarecer eventuales fallas institucionales, redes de vulneración de derechos o deficiencias en los sistemas de control y protección.
Más allá de si los hechos denunciados en 2023 resultan finalmente acreditados o descartados, el caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento de menores migrantes, garantizar la trazabilidad de las denuncias sensibles y asegurar que ninguna alerta relacionada con la protección de niños, niñas y adolescentes quede sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
