Diputado Cristián Contreras impulsa plebiscito para la restitución de la pena de muerte en Chile

Diputado Cristián Contreras impulsa plebiscito para la restitución de la pena de muerte en Chile
Oed Bustamante
Oed Bustamante
Columnista | Diario el Minuto

Contreras impulsa agenda de reformas y plebiscito por la restitución de la pena de muerte en Chile

El diputado Cristián Contreras Radovic, conocido como “Dr. File”, presentó una serie de propuestas legislativas que incluyen una reforma constitucional para habilitar un plebiscito sobre la restitución de la pena de muerte en Chile.

Entre las iniciativas también figuran una ley contra la corrupción, reformas al sistema educacional, cambios a TVN, la limitación del carácter vinculante de la Agenda 2030, soberanía sanitaria del Estado, etiquetado de efectos adversos de medicamentos y vacunas, vacunación voluntaria, además de reformas a las Fuerzas Armadas y a los Juzgados de Garantía.

Contexto político tras su salida del Partido de la Gente

El pasado 3 de abril, el Partido de la Gente expulsó de su bancada al parlamentario electo por el Distrito 8.

Desde la colectividad señalaron que “no perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo”, agregando que no existían conflictos personales, sino diferencias de visión política.

Proyecto constitucional y trámite legislativo

La iniciativa que busca la restitución de la pena de muerte en Chile se encuentra en su primer trámite constitucional.

Tras ser ingresada el 17 de marzo, el 25 del mismo mes fue derivada a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Argumento de la “abolición parcial”

El proyecto sostiene que Chile mantiene una situación de abolición parcial de la pena de muerte, ya que esta sigue vigente en el Código de Justicia Militar en tiempos de guerra.

Según el documento, la propuesta no implicaría reinstaurar una figura inexistente, sino extender una facultad sancionatoria ya contemplada en el ordenamiento jurídico hacia la justicia ordinaria.

Contexto histórico de la pena capital en Chile

La pena de muerte fue abolida el 5 de junio de 2001 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, siendo reemplazada por el presidio perpetuo calificado.

El actual debate sobre la restitución de la pena de muerte en Chile reabre una discusión histórica en materia penal y de derechos humanos.

Fundamentos constitucionales del proyecto

El texto se basa en la interpretación del artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en la Nación y se ejerce mediante plebiscitos.

Además, invoca el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau para argumentar que la voluntad general no puede ser limitada por compromisos internacionales.

Sin embargo, también reconoce la tensión con el inciso segundo del mismo artículo, que establece límites basados en los derechos fundamentales y tratados internacionales.

Relación con tratados internacionales

El proyecto sostiene que los tratados internacionales no tienen rango supraconstitucional, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, plantea que el Estado podría modificar su interpretación del derecho a la vida en el ámbito penal mediante reforma constitucional.

Pilares de la propuesta

1. Soberanía popular

Se argumenta que la ciudadanía, mediante plebiscito, puede redefinir el marco penal del país.

2. Bloque de constitucionalidad

Los tratados internacionales tendrían rango constitucional, pero no superior, por lo que pueden ser modificados.

3. Abolición parcial

Se sostiene que la pena de muerte no ha sido completamente eliminada del ordenamiento jurídico.

4. Proporcionalidad penal

Se plantea la necesidad de sanciones proporcionales frente a delitos de extrema gravedad.

Detalles del plebiscito propuesto

La reforma establece que el Presidente de la República deberá convocar a un plebiscito nacional vinculante.

La consulta plantearía:

“¿Está usted de acuerdo con restituir la pena de muerte para delitos de extrema gravedad?”

El voto sería obligatorio y contemplaría las opciones “Sí” y “No”.

Escenarios posibles

Si triunfa la opción “Sí”, el Ejecutivo deberá enviar proyectos de ley para implementar la medida.

En caso contrario, se mantendría la normativa vigente.

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