Las alertas que anticiparon la mayor red de lavado de dinero del Tren de Aragua detectada en Chile
La reciente desarticulación de la que hoy es considerada la mayor estructura de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua descubierta en territorio chileno abrió una interrogante de enorme relevancia institucional: ¿existieron señales previas que permitieran detectar el funcionamiento de la organización antes de que movilizara más de $75 mil millones fuera del país?
Los antecedentes conocidos en los últimos días indican que sí.
Documentación oficial revela que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) remitió al Ministerio Público una serie de informes reservados que contenían Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por distintas entidades bancarias respecto de personas y sociedades que posteriormente serían identificadas como parte de la estructura financiera del grupo criminal.
La existencia de estos antecedentes reabre el debate sobre los mecanismos de coordinación entre los organismos encargados de la inteligencia financiera, la persecución penal y la prevención del lavado de activos, especialmente cuando se trata de organizaciones transnacionales de crimen organizado.
Cuatro informes enviados directamente al Fiscal Nacional
De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre abril de 2024 y mayo de 2026 la UAF remitió al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, al menos cuatro informes de inteligencia financiera que daban cuenta de movimientos bancarios inusuales asociados a personas y empresas posteriormente vinculadas a la organización.
Los documentos incluían antecedentes relativos a las sociedades Bexdigital Service SpA y BexGroup SpA, identificadas por los investigadores como las principales plataformas financieras utilizadas para recepcionar, distribuir y transferir recursos provenientes de actividades ilícitas.
Las pesquisas determinaron posteriormente que estas estructuras funcionaban como verdaderas empresas de fachada, destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su circulación dentro y fuera de Chile.
Una alerta anterior al quíntuple homicidio de Lampa
Uno de los elementos más relevantes desde una perspectiva investigativa es la fecha del primer reporte.
El primer informe de la UAF fue emitido en abril de 2024, es decir, varios meses antes del quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en julio de ese mismo año.
La importancia jurídica de este antecedente radica en que aquella masacre constituyó el punto de partida de la investigación que terminaría permitiendo descubrir la compleja estructura financiera vinculada al Tren de Aragua.
La recuperación de evidencia digital tras ese crimen permitió identificar conexiones que posteriormente condujeron a las empresas, cuentas bancarias y personas hoy formalizadas.
Sin embargo, los reportes financieros ya existían con anterioridad.
El caso del ejecutivo bancario vinculado a la organización
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación involucra al ciudadano venezolano José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander hasta su detención el pasado 2 de junio.
Según los antecedentes contenidos en los reportes bancarios, existían alertas por movimientos financieros que no resultaban consistentes con su perfil económico.
Los ROS habrían detectado ingresos superiores a $292 millones entre diciembre de 2023 y enero de 2025, operaciones que despertaron sospechas respecto de su origen y finalidad.
La investigación actualmente busca determinar si dichas operaciones constituyeron actos de colaboración activa con la estructura criminal o si existieron otras conductas susceptibles de configurar delitos asociados al lavado de activos, la asociación criminal y la eventual facilitación de operaciones financieras ilícitas.
Las empresas de fachada bajo la lupa
Las alertas también alcanzaron a las sociedades que posteriormente fueron identificadas como piezas clave dentro del esquema de blanqueo de capitales.
Entre ellas destaca Servicios Digitales BexGroup SpA, cuya actividad financiera llamó la atención de los organismos de control debido al volumen de recursos movilizados.
Los reportes indican que su representante, Marcos Reyes Acosta, habría recibido transferencias cercanas a los $761 millones en pocos meses, registrando promedios mensuales extraordinariamente elevados.
Parte significativa de esos recursos era posteriormente transferida hacia Bexdigital Service SpA, otra sociedad investigada que habría participado en operaciones superiores a los $58.500 millones.
Desde una perspectiva técnico-financiera, este tipo de movimientos constituyen indicadores clásicos de riesgo utilizados internacionalmente para detectar posibles operaciones de estratificación, fase esencial dentro de los procesos de lavado de dinero.
Los prestacuentas y las señales de alerta bancaria
Los ROS también identificaron operaciones asociadas a personas que carecían de actividad económica formal o cuyos ingresos declarados resultaban incompatibles con los montos movilizados.
Entre ellos figura Jessica Yurimar Hernández Carrero, sindicada como una de las denominadas «presta cuentas» de la organización.
Según los antecedentes financieros, sus cuentas recibieron más de $56 millones pese a no registrar actividad laboral formal.
Asimismo, se detectaron movimientos asociados a Joel David Díaz, quien habría recibido importantes depósitos en efectivo incompatibles con la actividad económica declarada.
Precisamente este tipo de inconsistencias constituyen uno de los principales indicadores utilizados por los sistemas internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.
El debate sobre la trazabilidad de los reportes financieros
Las declaraciones realizadas por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, agregaron nuevos elementos al debate.
El persecutor indicó públicamente que los reportes existían y que fueron enviados por la UAF al Ministerio Público, pero señaló que los antecedentes no llegaron inicialmente a la fiscalía que terminó liderando la investigación.
Las afirmaciones plantean interrogantes relevantes respecto de los mecanismos de distribución, análisis y utilización de la inteligencia financiera dentro del sistema de persecución penal chileno.
Desde una perspectiva institucional, la eficacia del combate al crimen organizado depende precisamente de la capacidad del Estado para transformar alertas financieras tempranas en investigaciones oportunas.
Análisis Jurídico: Lavado de activos, crimen organizado e inteligencia financiera
Desde el punto de vista jurídico, este caso constituye uno de los ejemplos más complejos de aplicación de la legislación chilena sobre lavado de activos, asociación criminal, crimen organizado transnacional y responsabilidad penal económica.
La Ley N.º 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, establece precisamente la obligación de detectar operaciones susceptibles de estar vinculadas a actividades ilícitas mediante la recepción y análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La finalidad de estos mecanismos no es sancionar directamente, sino generar inteligencia financiera que permita anticipar, detectar y perseguir estructuras criminales complejas.
Por ello, la oportunidad con que dicha información es analizada y utilizada resulta determinante para evitar la consolidación de redes de lavado de activos.
Conclusión
La investigación que permitió desarticular la mayor estructura financiera del Tren de Aragua detectada hasta ahora en Chile deja importantes lecciones institucionales para el sistema de persecución penal y control financiero del país.
Los antecedentes revelan que existieron alertas bancarias, reportes de operaciones sospechosas y análisis de inteligencia financiera varios meses antes de que la organización fuera completamente identificada. Ello demuestra que los mecanismos de detección funcionaron en alguna medida, pero también plantea interrogantes sobre la velocidad y eficacia con que esa información fue integrada a las investigaciones criminales.
Desde una perspectiva jurídica, el caso refuerza la importancia estratégica de la Unidad de Análisis Financiero, de la coordinación entre fiscalías especializadas y de los sistemas de cumplimiento de las entidades bancarias en la prevención del lavado de activos.
Asimismo, la eventual participación de funcionarios del sistema financiero en operaciones asociadas al crimen organizado representa un riesgo especialmente grave para la integridad del mercado, pues compromete uno de los pilares fundamentales de la regulación bancaria: la confianza pública.
Más allá de las responsabilidades penales individuales que deberán determinar los tribunales, esta causa probablemente marcará un antes y un después en la forma en que Chile enfrenta la infiltración económica del crimen organizado transnacional. El desafío no solo consiste en perseguir a quienes lavan dinero, sino también en garantizar que las alertas generadas por el sistema financiero se transformen oportunamente en herramientas efectivas para impedir que organizaciones criminales consoliden estructuras económicas capaces de mover miles de millones de pesos al margen de la ley.
