Cuando existe una rica diversidad de culturas, climas, ecosistemas con especies entre flora y fauna, además de recursos genéticos en un país, se le denomina megadiverso. Perú, es uno de ellos en América junto con Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, y Venezuela. Puntualmente, en Perú, los recursos minerales han significado a través de la historia una bondad trascendente para su economía y otras dimensiones culturales; pero, la indebida actividad minera presenta actualmente una aguda conflictividad que involucra derechos humanos, medio ambiente, rol de Estado y crimen. Urge corregir esa disfunción.
Por: Gary Ayala Ochoa, Director de El Minuto Perú
En lo referido a los derechos humanos, el grave perjuicio de la minería ilegal sobre miles de personas quienes trabajan sin equipamiento técnico de protección para la salud y la vida, el empleo de niños para abaratar costos, la incursión de la trata de mujeres en dicho entorno, la carencia de derechos laborales, la exposición a catástrofes por inexistencia de tecnología de punta en las operaciones, el narcotráfico, sicariato, extorsión, homicidio y robo de terrenos, convierte a esta práctica en un quehacer mortal e inhumano.
La afectación de ríos debido al uso de mercurio y otros elementos químicos, la deforestación que aniquila bosques y vida tanto animal como vegetal, la contaminación del aire donde habitan muchos pueblos rurales, la vulneración de zonas de amortiguamiento de espacios naturales protegidos, y la ausencia de procedimientos de remediación de pasivos ambientales mineros para recuperar la naturaleza, decretan un daño letal contra los ecosistemas.
La evasión de impuestos, el incumplimiento de las normas que permitirían la adecuada exploración y explotación de los recursos minerales, la incursión anónima en la extracción y comercio ilegal -sobre todo del oro-, la imposibilidad de medir estadísticamente el movimiento económico, industrial y número exacto de personas que laboran en este sector para aplicar un debido planeamiento e implementación de políticas de Estado reales, azuzan el desgobierno y la gestión ciega de los poderes oficiales.
Pero este escenario semejante al tenebroso averno que Dante describe en su obra La Divina Comedia, escrita en 1304, donde -acompañado del poeta Virgilio- recorre el infierno, también ataca a uno de los más grandes valores que las sociedades han podido generar: La democracia. Es imposible creer que el sistema social peruano permanezca fortalecido cuando más del 72% de su dimensión económica reposa en la informalidad, según coinciden mediciones provenientes del sector público y privado.
Además, ante las elecciones generales del 2026 (presidencia, senado y cámara de diputados) cuya parafernalia se iniciará el 2025; y la elección de gobernaciones regionales y alcaldías, el país estará nuevamente expuesto a merced del narcotráfico y minería ilegal -ambas acomedidas a financiar candidaturas- tal como se ha denunciado muchas veces.
El Estado en el Escenario
El cáncer social de la corrupción infestó los más altos niveles de la política y la administración pública en el Perú. La galería de ex presidentes, congresistas, funcionarios y ejecutivos del ámbito privado -procesados e investigados en las últimas tres décadas- lo corroboran. Corresponde, a la inteligencia cívica, sociedad empoderada en nuevas instituciones políticas con doctrina y programas técnicos, así como a gente calificada con experiencia en gestión pública, enrumbar el destino nacional. Un factor decisivo será prescindir de quienes protagonizaron cargos en un sistema sociopolítico que no funcionó.
El Estado, más allá de gobiernos coyunturales, debe tangibilizar su presencia en toda la territorialidad de modo que cada habitante tome conciencia y asuma debidamente su pertenencia a un país con leyes. Si bien, la informalidad, ha representado una salida que amortiguó el desempleo y la necesidad de generar recursos para el sostenimiento y emprendimiento económico de muchas familias, no puede justificar su perennización en una república con poderes electos, Constitución Política, marcos jurídicos sectoriales y convivencia vinculante con la comunidad internacional.
Desde los inicios del nuevo milenio, la minería ilegal ha crecido en el Perú. Territorios de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Ica, La Libertad, Nasca, Madre de Dios y Puno, principalmente, sufren una explotación indebida. También ha incursionado en áreas selváticas como Amazonas, Loreto y Ucayali donde se ha detectado empleo de dragas. Paralelamente, la minería artesanal también ha crecido con cierta cercanía a la legalidad, pero sin consolidar el imperio de la ley en el sector minero.
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) creado en el 2012 tuvo la intención de formalizar a los mineros pequeños y artesanales del país, muchos se inscribieron y quedaron libres de responsabilidad penal por minería ilegal, pero solo la quinta parte terminó el proceso requerido, el resto se blindó y se desconoce si operan dentro de la ley. No obstante, la minería artesanal se vincula a la economía directa e indirecta de un estimado de cuatro millones de personas, por dicha razón amerita un tratamiento social, gradual y de filigrana política.
El precio del oro en el mercado internacional se ha incrementado en la última década. Actualmente, los actuales conflictos bélicos en Oriente Medio (Irán-Israel) lo han elevado más todavía (se pronostica que, de US$ 2,632 dólares la onza podría llegar hasta US$2,700 en el 2024) un aliciente para la minería ilegal que cuenta con la debilidad del Estado.
Es preciso crear un organismo estatal que integre a los sectores y gobiernos regionales y locales con autoridad para intervenir en todas las etapas de la minería ilegal. El ente debe obtener data estadística, identificación satelital de puntos críticos, análisis y atención en orden de prioridad a la problemática local, seguimiento integral a los inscritos en el REINFO. Además, elaboración de un nuevo marco jurídico -vía Facultades del Congreso- de modo multisectorial, y no solo penalizador, sino con rectoría sobre la actividad minera.
Conjuntamente, es necesario articular a toda la sociedad civil con la institucionalidad del Estado en los puntos conflictivos detectados. Constituye una oportunidad para desarrollar gobernanza (procedimientos eficaces de gobierno) desde los pueblos más alejados con un reordenamiento de los stakeholders en una visión consensuada sin imposiciones del tradicional centralismo. La erradicación de la minería ilegal con presencia activa del Estado y del sector privado vigorizará el desarrollo integral del país.
El Estado debe tener muy claro, cuánto de minería legal, artesanal, ilícita e ilegal afronta para aplicar debidamente la ley. En los últimos gobiernos se han generado decretos legislativos que luego han sido modificados por cada titular de sector. No se estableció la coherencia necesaria y contrariamente surgieron diversos criterios políticos de gobierno y de gestión ministerial.
Fortalezas para la Minería
El anunciado puerto de Chancay en el litoral peruano mejorará las condiciones del sector minero, pues, generará un mejor relacionamiento con el ámbito asiático a donde se llegará en 23 días y no en 40, y a donde actualmente se remite el 90% de los minerales del país. El costo logístico del transporte de todo aquello permitido y vinculado a la minería disminuirá. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha informado que el Perú exporta al año US$ 10,000 millones, en adelante podrá llegar a US$ 50,000 millones.
Cabe señalar, por ejemplo, que el cobre, mineral muy valioso para la industria vehicular también tiene gran valor para los paneles solares y toda tecnología considerada en la reducción global de las emisiones de carbono. Su propiedad para conducir electricidad es muy buena y resiste a la corrosión, por tanto, su utilidad es muy apropiada para la tecnología de las energías renovables. Se estima que dentro de 10 años su demanda se duplicará para beneficio del sector minero.
Una sociedad donde campea mayoritariamente la informalidad económica -como práctica cotidiana- en realidad ha incubado un epifenómeno social con poder que debe ser sustituido con el menor impacto posible en las personas y familias. Se debe formar una conciencia distinta a creer que para vivir bien hay que violar la ley. La mejor relación entre el Estado, la empresa y el emprendedor minero es que todos construyan el progreso en un Estado de derecho.