Fiscalización de Licencias Médicas: ¿Protección o Persecución?
La controversia por las licencias médicas ha estallado con fuerza esta semana. El Colegio Médico de Chile (Colmed) denunció que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) imponen sanciones sin garantías ni debido proceso, mientras el Ministerio de Salud (Minsal) defiende una campaña contra el fraude, que según sus datos, representaría hasta un 10 % del presupuesto de subsidios por incapacidad laboral.
¿Dónde queda el debido proceso?
La Constitución, en su artículo 19 N° 3, garantiza que ningún procedimiento administrativo puede privar a una persona de sus derechos sin notificación previa, plazo para pruebas y audiencia de descargos. Sin embargo, numerosos médicos denuncian que han sido sancionados con multas y suspensiones por errores administrativos o digitales, sin haber sido notificados formalmente.
En un escenario donde se impone la narrativa de “emergencia por fraude”, se instala el riesgo de que esta fiscalización termine afectando la legitimidad del acto médico mismo, criminalizando el ejercicio profesional sin un juicio justo.
Endurecimiento legal: ¿Solución o amenaza?
El proyecto de ley (boletín 14.845), ya aprobado por la Cámara y una comisión mixta, endurece el régimen sancionatorio:
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Multas de hasta 600 UTM
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Suspensiones temporales o definitivas
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Obligación de notificación electrónica
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Carga de entregar la ficha clínica recae completamente en el médico
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Ampliación de competencias de Compin y Suseso
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Derivación automática al Ministerio Público en casos sospechosos (art. 210 del Código Penal)
Eficiencia vs. Justicia
El sistema gasta cerca de 3 billones de pesos anuales en subsidios, y se estima un 10 % de licencias irregulares. No obstante, al intentar proteger las finanzas públicas, corremos el riesgo de vulnerar derechos fundamentales y dañar irreparablemente la confianza en la medicina pública.
¿Cómo confiar en un sistema donde el profesional que prescribe un reposo termina siendo fiscalizado sin garantías por su propio acto médico?
Tres propuestas para corregir el rumbo
1. Protocolos mixtos y claros
Crear comisiones técnicas paritarias entre autoridades y colegios profesionales para revisar casos antes de sancionar.
2. Garantías de notificación y defensa
Cumplir con lo establecido en la Ley 19.880, asegurando notificaciones formales y plazos reales para que los profesionales presenten descargos y pruebas.
3. Plataforma digital confiable
Modernizar y optimizar el sistema digital para reducir los errores de forma que actualmente derivan en sanciones arbitrarias.
Conclusión: equilibro entre control y derechos
La sostenibilidad del sistema y la protección de la salud laboral no deben ser excluyentes. Un sistema de licencias médicas serio debe controlar eficazmente los abusos sin poner en riesgo el ejercicio digno y justo de la profesión médica.
Si no corregimos el rumbo, terminaremos protegiendo una estructura normativa vacía mientras minamos la confianza en la medicina pública.
