Contraloría revela entramado que involucra a miles de funcionarios públicos y a una organización criminal extranjera
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra se encuentran bajo el escrutinio público y judicial tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República, que reveló un esquema sistemático de licencias médicas falsas. La situación no solo involucra a quienes extendieron estos permisos, sino también a funcionarios públicos que los utilizaron para ausentarse de sus labores e incluso salir del país, generando un perjuicio multimillonario al Estado.
Un escándalo que traspasa fronteras
El informe de Contraloría expuso que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. De ellos, 2.280 pertenecen a Junji y 1.943 a Fundación Integra, los dos organismos más involucrados. Estas cifras no solo encienden las alarmas sobre el uso indebido de beneficios médicos, sino que también sugieren una red organizada de fraude que operó por al menos dos años.
La investigación comenzó formalmente en diciembre de 2022, cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente inició un proceso penal contra una organización criminal encabezada por los médicos colombianos Samir Rivaldo Hernández y Yesica Donado Alvis. Según el Ministerio Público, entre 2020 y 2022 esta red delictiva emitió más de 71 mil licencias falsas, causando un daño fiscal superior a los $26 mil millones de pesos chilenos.
El negocio delictual detrás de las licencias falsas
La venta de licencias médicas se realizaba a través de redes sociales y WhatsApp, con tarifas diferenciadas según el tipo de previsión (Fonasa o Isapre) y la cantidad de días de reposo solicitados. A mayor duración, mayor era el costo.
Para operar, los médicos crearon tres sociedades médicas en Chile: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA y Servicios Médicos Provimedc SPA. A través de estas entidades canalizaban las licencias falsas, captaban clientes y distribuían las ganancias entre los participantes de la red.
Fonasa ofrecía licencias de hasta 11 días por $35.000, y hasta 30 días por $75.000. En el caso de las Isapres, los valores partían desde los $75.000 por 11 días, llegando a los $95.000 por 21 días.
Funcionarios públicos como principales compradores
La Fundación Integra fue la institución que más licencias fraudulentas recibió, con 298 permisos, seguida por Junji, con 248. La Fiscalía formalizó a 82 personas que compraron múltiples licencias médicas sin justificación clínica.
Entre los casos más graves figura el de Camila Pérez Torres, funcionaria de Integra, quien entre agosto de 2021 y junio de 2022 adquirió siete licencias falsas por las cuales se ausentó 192 días, provocando un perjuicio de $4,1 millones al Fonasa. También aparece Jael Campillay Ahumada, con un daño similar.
Otros nombres en la lista incluyen a Lisset Chávez Chuquimia, Jeannette Silva Riquelme, Carolina Hernández Hernández, María Ortiz Ortiz, Alejandra Valenzuela Silva, Patricia Oróstica Marileo y Sylvia Curiqueo Huentecura, quienes suman más de una docena de licencias y pérdidas millonarias para el sistema de salud.
Medidas disciplinarias y reacciones institucionales
Ante el escándalo, la Subsecretaría de Educación Parvularia, en representación de Junji e Integra, emitió un comunicado donde anunció el inicio de procesos disciplinarios contra los funcionarios involucrados. Asimismo, detallaron una serie de medidas administrativas para combatir el ausentismo y evitar abusos futuros:
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Cese del pago de anticipos en casos de licencias médicas no regularizadas.
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Notificación y aplicación de descuentos en remuneraciones por deudas generadas por no reintegro de subsidios.
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Descuentos por licencias médicas rechazadas, reducidas o pendientes de pago.
En el caso de Junji, si bien se encuentra entre los organismos con más viajes al extranjero durante licencias médicas, ninguno de sus funcionarios ha sido formalizado aún, ya que no se encuentran entre los principales compradores de permisos fraudulentos.
Un fenómeno estructural
El fraude con licencias médicas falsas no se limita a Junji e Integra. Según la Contraloría, entre las instituciones más comprometidas también figuran la Municipalidad de Arica (719 casos) y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (515 casos).
En total, 788 entidades públicas fueron instruidas para iniciar sumarios administrativos y remitir antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el fin de evaluar acciones legales por perjuicio patrimonial.
Repercusiones en el sistema de salud
Rodrigo Varela, gerente legal de la firma Alto Inmune, advirtió que este tipo de fraudes afectan gravemente al sistema de salud, estimando que las pérdidas anuales superan los 600 millones de dólares. Además, criticó que estos hechos afectan la confianza ciudadana y ponen en entredicho la validez de enfermedades reales de trabajadores honestos.
—Desde Alto Inmune ya hemos iniciado junto a las instituciones de salud privada un exhaustivo análisis para detectar fraudes y presentar querellas penales contra médicos, beneficiarios o funcionarios involucrados —señaló Varela.
Nueva tipología delictiva y desafíos regulatorios
La abogada María Soledad Ramírez, ex superintendenta de Seguridad Social, expresó su preocupación por la evolución del delito: ya no solo se trata de licencias falsas, sino también de otros tipos de certificados médicos adulterados. En algunos casos, se ha llegado incluso a suplantar identidades de médicos para emitir documentos falsificados.
—El crimen organizado está siempre un paso adelante. Mientras las autoridades intentan cerrar una vía de fraude, estas bandas ya han abierto otra. La fiscalización de la Compin ha generado más problemas que soluciones —afirmó Ramírez.
Un sistema en crisis
El caso de Junji e Integra es solo la punta del iceberg. Las cifras muestran que el sistema enfrenta una crisis estructural que debe ser abordada con medidas coordinadas entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y las entidades fiscalizadoras. La digitalización, la trazabilidad de las licencias, y la coordinación interinstitucional se presentan como caminos para frenar esta verdadera epidemia de fraudes que, a pesar de los avances tecnológicos, sigue carcomiendo las bases de la administración pública.
