El reciente proyecto de reforma a la Ley 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, ha generado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad. Este proyecto no solo afecta el ámbito penal, sino que también plantea interrogantes sobre la libertad económica y el ejercicio profesional de los abogados, atrayendo críticas desde distintos frentes.
Por: Ricardo Bravo Cornejo
Uno de los puntos más cuestionados es la restricción impuesta a los abogados que trabajan en servicios públicos o en instituciones descentralizadas. Según el Artículo 61 de la Ley 20.000, estos profesionales tienen prohibido patrocinar o actuar como apoderados de imputados en casos relacionados con esta normativa, salvo ciertas excepciones, como los abogados de la Defensoría Penal Pública o aquellos vinculados a Corporaciones de Asistencia Judicial, Este artículo pone en tensión el derecho de defensa garantizado constitucionalmente, limitando el ejercicio de la abogacía en un segmento crucial del derecho penal.
Por otro lado, este proyecto también ha suscitado inquietudes relacionadas con la libertad económica. La Constitución chilena, en su artículo 19 Nº 21, protege el derecho a desarrollar cualquier actividad económica dentro del marco legal. Sin embargo, doctrinas recientes han señalado que la regulación excesiva puede contravenir este derecho fundamental, generando restricciones no solo en el ámbito empresarial, sino también en la prestación de servicios relacionados, como el asesoramiento legal.
Además, los críticos señalan que estas reformas podrían impactar negativamente en los sectores más vulnerables, como pequeños empresarios o profesionales del derecho que dependen de la libertad para ofrecer sus servicios en casos complejos. Esto podría desencadenar una sobrecarga en las instancias públicas, como la Defensoría Penal, al restringir la oferta de defensa privada para casos sensibles.
El debate sobre estas modificaciones no solo es jurídico, sino también ético y económico. ¿Es posible mantener un equilibrio entre las restricciones necesarias para combatir el narcotráfico y la protección de las libertades fundamentales? ¿O estas medidas representan un exceso que podría debilitar el derecho de defensa y la libertad económica en el país?
La discusión sobre el proyecto de ley está lejos de terminar y promete continuar siendo un tema central en la agenda pública. Más allá de los detalles técnicos, la sociedad chilena observa con atención cómo estas reformas podrían transformar no solo el sistema judicial, sino también los valores consagrados en nuestra Constitución.
