¡Cathy Barriga en el ojo del huracán! nueva ley quiere cortar las redes a Imputados

Ricardo Bravo
Ricardo Bravo

En un reciente giro legislativo, miembros de los partidos Demócrata e IND.-PPD han propuesto una reforma al Código Procesal Penal de Chile que ha generado gran controversia. La nueva ley busca restringir el acceso a redes sociales a personas bajo medidas cautelares, como el arresto domiciliario, especialmente cuando se trate de formalizados por delitos graves. Esta iniciativa surge tras las actividades en línea de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien, a pesar de estar en arresto domiciliario por acusaciones de fraude al fisco y falsificación, accedió a una plataforma de contenido erótico pago.

La Propuesta y Su Impacto en el Uso de Redes Sociales

La propuesta legislativa establece que el arresto domiciliario no debería permitir que los imputados generen ingresos a través de redes sociales, argumentando que esto podría distorsionar el propósito de la medida cautelar e, incluso, propiciar la comisión de nuevos delitos. Este debate no solo ha cobrado fuerza por el caso de Barriga, sino también por situaciones similares, como el de Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción.

 Derechos Fundamentales en el Debate Legislativo

Este proyecto de ley ha generado preocupación respecto a los derechos fundamentales de los imputados. Algunos juristas y expertos señalan que restringir el acceso a las redes sociales podría vulnerar principios básicos como la presunción de inocencia, al considerar estas restricciones como un castigo anticipado. Esto podría entrar en conflicto con la Constitución Política de Chile y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, la libertad de expresión, un derecho protegido por la Constitución, podría verse comprometida. Limitar el acceso a las redes, que hoy día son fundamentales como medio de comunicación y expresión, constituye una restricción significativa. También se pone en riesgo el derecho a la privacidad de los imputados, protegido por el artículo 19 número 4 de la Constitución, que garantiza el respeto a la vida privada y la honra.

 Reinserción Social y Uso de Redes Sociales

Otro punto crucial es el impacto que esta ley podría tener en la reinserción social de los imputados. Restringir la comunicación y el desarrollo profesional, especialmente en tiempos de arresto domiciliario, puede obstaculizar el proceso de reintegración, lo cual podría agravar las dificultades a largo plazo.

El desafío de los legisladores es encontrar un equilibrio entre prevenir posibles abusos de la medida cautelar y garantizar el respeto de los derechos humanos básicos de los imputados. La situación actual requiere un análisis exhaustivo para asegurar que las medidas sean proporcionales, justas y que no vulneren los derechos constitucionales.

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