Dicom: la cárcel financiera que debe tener una puerta de salida
Por: Oed Marcelo Bustamante Hernández | Columnista y director de medios digitales
Columna de Opinión: Nuestra sección de opinión es un espacio abierto. El contenido de esta columna es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la línea editorial del medio.
La preocupación manifestada por la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, respecto del denominado derecho al olvido financiero merece ser escuchada. Estamos hablando de una materia delicada que puede influir en la evaluación del riesgo, el acceso al crédito y el funcionamiento del sistema financiero.
Sin embargo, reconocer esos riesgos no significa desconocer una realidad evidente: para miles de chilenos, Dicom se ha convertido en una verdadera cárcel financiera. Una prisión sin barrotes, pero con puertas cerradas en bancos, casas comerciales, empresas de servicios e incluso oportunidades de emprendimiento.
Quien ingresa en ese circuito puede permanecer durante años condenado económicamente, aunque la deuda se haya originado en una enfermedad, una cesantía, el fracaso de un pequeño negocio, una separación familiar o una emergencia imposible de prever.
Cinco años son suficientes
La indicación aprobada en el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional establece que los responsables del tratamiento de datos económicos, financieros, bancarios o comerciales deberán eliminar los antecedentes sobre deudas impagas o extinguidas cuando hayan transcurrido más de cinco años.
La legislación actual ya prohíbe comunicar públicamente información comercial después de cinco años desde que la obligación se hizo exigible. La nueva propuesta busca avanzar también sobre los registros internos que mantienen bancos y otras instituciones, impidiendo que una deuda antigua continúe utilizándose silenciosamente contra la persona. Ley N.º 19.628, artículo 18
A mi juicio, cinco años constituyen un periodo suficientemente extenso. No se trata de premiar la irresponsabilidad ni de promover que las personas dejen de pagar deliberadamente. Se trata de impedir que una dificultad económica se transforme en una condena perpetua.
Cinco años pueden representar una parte importante de la vida laboral de una persona. Durante ese tiempo, el deudor puede haber encontrado un nuevo empleo, recuperado su estabilidad, formado una familia o iniciado una actividad independiente. No resulta justo que un problema antiguo continúe definiendo eternamente su valor económico.
Borrar el registro no significa perdonar la deuda
Aquí es necesario hacer una precisión fundamental: el derecho al olvido financiero no extingue ni perdona automáticamente una deuda.
Lo que se elimina es la información utilizada para mantener al deudor bajo un castigo comercial permanente. La existencia jurídica de la obligación, su prescripción, su cobro y los derechos del acreedor son materias diferentes.
Por eso, la discusión legislativa debe distinguir claramente entre dos cuestiones:
- El derecho legítimo del acreedor a perseguir una obligación vigente.
- El derecho de una persona a no ser estigmatizada indefinidamente por antecedentes financieros antiguos.
Ambos intereses pueden protegerse. No es necesario destruir el sistema crediticio para entregar una segunda oportunidad, pero tampoco corresponde sacrificar de por vida al deudor para asegurar la comodidad informativa de las instituciones financieras.
Las advertencias del Banco Central deben considerarse
El Banco Central ha planteado que la eliminación de los registros internos podría dificultar la evaluación del riesgo y traducirse en créditos más restrictivos, mayores garantías o tasas de interés más elevadas.
También advirtió sobre posibles tensiones con el derecho de propiedad de los acreedores y con la existencia de obligaciones naturales. Estas observaciones son serias y deben discutirse técnicamente.
Pero la solución no puede consistir simplemente en conservar antecedentes negativos para siempre.
Las instituciones financieras cuentan con numerosas herramientas para evaluar la capacidad actual de pago: ingresos, estabilidad laboral, nivel de endeudamiento, obligaciones vigentes, patrimonio y comportamiento financiero reciente. Una persona no debería quedar definida exclusivamente por una deuda adquirida hace más de cinco años.
El riesgo crediticio debe evaluarse con información pertinente y actual, no mediante una marca financiera eterna.
No todos dejan de pagar porque quieren
En Chile existe una mirada excesivamente castigadora hacia el endeudamiento. Se instala con facilidad la idea de que quien no pagó fue irresponsable, gastó más de lo que podía o decidió engañar al sistema.
La realidad es bastante más compleja.
Muchas personas se endeudan para cubrir tratamientos médicos, medicamentos, alimentación, estudios, vivienda o necesidades familiares. Otras pierden su trabajo cuando todavía mantienen créditos vigentes. También existen pequeños comerciantes que fracasan, trabajadores independientes que pierden sus ingresos y familias que deben escoger entre pagar una cuota o comprar alimentos.
¿Debemos castigar de la misma manera a quien actuó fraudulentamente y a quien cayó en insolvencia por una enfermedad o una cesantía?
Evidentemente, no.
Un sistema justo debe perseguir el fraude y el ocultamiento malicioso, pero también debe reconocer que el fracaso económico forma parte de la vida y que las personas pueden reconstruirse.
Una segunda oportunidad también reactiva la economía
Permitir la reinserción financiera no beneficia únicamente al deudor. También puede favorecer la reactivación económica.
Una persona excluida permanentemente del sistema difícilmente podrá acceder a herramientas básicas para emprender, invertir, arrendar, contratar servicios o financiar una actividad productiva. Queda obligada a operar en la informalidad o depender de créditos abusivos.
En cambio, una persona rehabilitada financieramente puede volver a consumir responsablemente, emprender, generar empleo y participar en el mercado formal.
La segunda oportunidad no es solamente un principio humanitario. También puede ser una política económica inteligente.
Mantener a miles de personas fuera del sistema durante décadas no fortalece la economía: la debilita.
El proyecto necesita una discusión seria
Comparto que una reforma de esta importancia merece una tramitación específica, con participación del Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, asociaciones de consumidores, expertos en protección de datos y representantes de los propios deudores.
Una indicación incorporada en un proyecto más amplio puede no ser el mejor mecanismo legislativo. Pero una eventual deficiencia en la tramitación no debe utilizarse como excusa para abandonar el debate de fondo.
La propuesta puede perfeccionarse mediante:
- Reglas claras sobre qué antecedentes deben eliminarse.
- Protección especial frente a fraudes acreditados.
- Prohibición de registros paralelos o listas negras.
- Procedimientos para que las personas conozcan y corrijan sus datos.
- Sanciones efectivas por el uso indebido de información antigua.
- Evaluaciones crediticias fundadas principalmente en la situación económica actual.
La dignidad no puede tener una deuda perpetua
Chile necesita una cultura financiera responsable, pero también humana.
Las deudas deben pagarse cuando existen posibilidades reales de hacerlo y los acreedores tienen derecho a proteger legítimamente sus intereses. Pero ninguna sociedad puede sostener que una caída económica debe perseguir eternamente a una persona.
Cinco años son suficientes para evaluar un incumplimiento. Después de ese periodo debe existir una puerta de salida.
El derecho al olvido financiero no debe ser entendido como una invitación a no pagar. Debe ser concebido como una oportunidad para regresar al sistema, recuperar la dignidad económica y comenzar nuevamente.
Porque una deuda puede formar parte de la historia de una persona, pero no debería convertirse en toda su identidad.
Dicom no puede seguir funcionando como una cárcel financiera sin derecho a rehabilitación. Chile necesita proteger el crédito, pero también debe permitir que quienes tropezaron puedan ponerse de pie.
