La desaparición de una adolescente desde una residencia vinculada al sistema de protección estatal vuelve a poner bajo escrutinio una de las situaciones más complejas que enfrenta Mejor Niñez: la exposición de niñas y adolescentes a redes de explotación sexual comercial.
La joven, que actualmente tiene 16 años, tenía 14 cuando dejó la residencia donde permanecía bajo protección estatal en la Región de Valparaíso. Desde entonces, su familia ha intentado establecer contacto con ella y conseguir que regrese a Limache.
Su madre sostiene que conoce su paradero y que la adolescente se resistiría a volver a la residencia debido a las condiciones que habría experimentado durante su permanencia en el sistema.
El caso, además, no aparece aislado dentro del universo de situaciones recopiladas para esta investigación. Funcionarios de distintas residencias femeninas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso describen escenarios de presunta explotación sexual, captación, consumo de drogas y salidas no autorizadas, mientras organismos públicos reconocen la existencia de focos críticos.
El fenómeno plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el sistema de protección cuando una adolescente abandona voluntariamente una residencia y queda expuesta a terceros que podrían aprovecharse de su situación de vulnerabilidad?
Un problema que cambió de nombre, pero no desapareció
El cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la entrada en funcionamiento de nuevos organismos estatales buscaron modificar estructuralmente la forma en que el Estado protege a niños, niñas y adolescentes.
Las funciones fueron distribuidas entre el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Mejor Niñez comenzó a operar el 1 de octubre de 2021, mientras que en marzo de 2022 entró en vigor la Ley 21.430, que estableció un marco integral de garantías y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El cambio institucional fue presentado como una ruptura con las deficiencias históricas del Sename.
Durante la puesta en marcha del nuevo servicio, el entonces Presidente Sebastián Piñera sostuvo que el Estado tenía una deuda pendiente con los niños y adolescentes bajo su protección.
Pero el problema de la explotación sexual no desapareció con el cambio institucional.
Según los antecedentes entregados para esta investigación, durante 2026 se han registrado 183 presuntas víctimas bajo el cuidado de Mejor Niñez, mientras que desde 2021 el número acumulado alcanzaría 1.656 personas.
Las cifras deben ser interpretadas con cautela: el registro de una presunta víctima no equivale necesariamente a una condena judicial ni acredita por sí mismo la existencia de un delito. Sin embargo, permite dimensionar la magnitud del fenómeno que enfrenta el sistema de protección.
Las salidas no autorizadas: el punto más vulnerable
Uno de los principales nudos identificados en la investigación está relacionado con las denominadas salidas no autorizadas.
Cuando una adolescente abandona una residencia sin autorización, los funcionarios no cuentan con las mismas facultades que tendría una institución de privación de libertad.
Gabriela Muñoz, exdirectora de Mejor Niñez, explicó el problema desde la propia naturaleza jurídica de estos centros.
“No es un centro de privación de libertad”.
Según la exautoridad, existen estrategias destinadas a evitar las salidas, pero estas no siempre resultan efectivas.
La situación genera una tensión permanente entre el derecho a la libertad y autonomía progresiva de los adolescentes y el deber estatal de protegerlos frente a situaciones de explotación, abuso o violencia.
De acuerdo con el procedimiento informado en la investigación, cuando una persona abandona una residencia sin autorización debe realizarse una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros.
Posteriormente, si la adolescente retorna, se realizan las coordinaciones correspondientes con las instituciones responsables y, cuando existen antecedentes de un posible delito o explotación sexual, se comunica la situación a las autoridades competentes.
El problema aparece cuando la respuesta institucional no consigue interrumpir rápidamente el circuito de vulneración.
Un trabajador entrevistado para esta investigación sostuvo que el porcentaje de adolescentes recuperadas mediante procedimientos policiales sería bajo.
“Por lo general, la residente vuelve de forma voluntaria”.
La afirmación corresponde a un testimonio laboral y no a una estadística oficial sistematizada.
Funcionarios alertan sobre presuntos focos de explotación
En distintas residencias femeninas consultadas para este reportaje, funcionarios describieron situaciones que consideran compatibles con dinámicas de explotación sexual comercial de adolescentes.
En una residencia de la Región de Valparaíso, trabajadores señalaron la existencia de al menos tres casos que consideran activos.
Uno de los entrevistados aseguró que determinadas adolescentes serían contactadas por hombres adultos vinculados, según su relato, a actividades de transporte, narcotráfico u otras redes informales.
Estos antecedentes no permiten establecer por sí mismos la existencia de organizaciones criminales ni la responsabilidad penal de las personas mencionadas. Corresponde a las policías y al Ministerio Público determinar, mediante investigación, si existen delitos y quiénes serían sus responsables.
Los trabajadores también identificaron sectores que consideran especialmente vulnerables, entre ellos Barrio Puerto, zonas de Valparaíso y Quillota, además de sectores de Limache, Olmué y Cabildo, particularmente durante eventos masivos.
La información corresponde a testimonios recogidos durante la investigación y requiere contrastación con antecedentes policiales y judiciales.
La situación también se replica en la Región Metropolitana
En una residencia femenina ubicada en el sector suroriente de Santiago, funcionarios afirmaron que existirían adolescentes expuestas a situaciones de explotación sexual.
Según los testimonios recopilados, algunas de ellas tendrían contacto con adultos que permanecen en situación de calle en las inmediaciones del recinto.
En otro establecimiento, trabajadores relataron que una adolescente que abandonó la residencia habría mantenido posteriormente contacto con otras jóvenes y las habría trasladado hacia sectores donde, según los funcionarios, existirían focos de explotación.
Los trabajadores mencionaron lugares como Barrio Yungay, La Legua y Bellavista.
Nuevamente, estos relatos corresponden a testimonios entregados durante la investigación y no constituyen por sí solos una acreditación judicial de los hechos.
El patrón descrito, sin embargo, apunta a una preocupación mayor: la posibilidad de que adolescentes que abandonan los centros de protección terminen funcionando también como mecanismos de captación de otras jóvenes vulnerables.
Una fiesta que terminó en una denuncia policial
Uno de los testimonios recopilados describe un episodio ocurrido entre finales de marzo e inicios de abril.
Una adolescente habría invitado a dos compañeras, de entre 14 y 16 años, a una supuesta fiesta.
De acuerdo con el relato de una funcionaria, al llegar al lugar las menores se habrían encontrado con hombres adultos, alcohol y drogas.
La trabajadora aseguró que posteriormente se habría producido un intento de obligarlas a participar en actos sexuales.
“Estas dos niñas se asustaron, fueron, se encerraron en una pieza, empezaron a llamar a la residencia y ya era la madrugada”.
Según el mismo testimonio, las adolescentes finalmente habrían logrado abandonar el lugar y acudir a Carabineros.
La existencia de una denuncia o investigación no implica necesariamente que todos los hechos descritos hayan sido judicialmente acreditados.
El teléfono celular se convierte en una zona gris
Otro de los problemas detectados está relacionado con los teléfonos celulares.
Para las adolescentes, el teléfono constituye una herramienta fundamental de comunicación y autonomía. Pero también puede convertirse en un mecanismo utilizado por terceros para contactar, manipular o captar a menores.
Claudio Castillo, quien se desempeñaba como director nacional de Mejor Niñez durante parte del período investigado, explicó las restricciones institucionales existentes.
“Nosotros tampoco podemos revisar los celulares”.
Según Castillo, una revisión requiere determinadas condiciones, como una orden judicial o la entrega voluntaria del dispositivo por parte de la adolescente.
La situación refleja una de las dificultades más complejas del sistema: la obligación de proteger a una persona menor de edad sin transformar la residencia en un espacio de vigilancia permanente.
El desafío jurídico está en encontrar el equilibrio entre privacidad, autonomía progresiva y deber reforzado de protección.
Mejor Niñez reconoce la existencia de focos críticos
Consultado por esta investigación, Claudio Castillo señaló que el servicio había priorizado 16 residencias a nivel nacional debido a una mayor concentración de denuncias relacionadas con explotación sexual.
La autoridad no detalló cuántas de ellas correspondían específicamente a las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Castillo también reconoció una brecha en materia de persecución penal.
“[En la Metropolitana] Yo diría que hemos sido menos exitosos que en el resto del país”.
Respecto de Valparaíso, agregó:
“Por la cantidad de denuncias que tenemos, yo creo que todavía nos falta un trabajo mucho más avanzado en esa materia”.
La declaración resulta relevante porque supone un reconocimiento institucional de que la respuesta penal todavía no estaría alcanzando el nivel necesario frente a la magnitud de las denuncias.
El director sostuvo además que el aumento de las cifras no necesariamente representa un deterioro absoluto del sistema.
A su juicio, una mayor cantidad de denuncias también puede reflejar una mejor capacidad para detectar situaciones que anteriormente permanecían ocultas.
El desafío de distinguir victimización y responsabilidad
Una de las principales dificultades que enfrenta la protección de adolescentes víctimas de explotación sexual es precisamente la forma en que estas jóvenes perciben a quienes las explotan.
Ingrid Almendras, encargada de prevención y sensibilización de ONG Raíces, explicó que en muchos casos existe una relación emocional previa entre víctima y explotador.
Según la especialista, el agresor puede transformarse inicialmente en una figura que entrega afecto, atención o recursos que la adolescente siente que no recibe desde otros espacios.
Esta dinámica ayuda a explicar por qué algunas jóvenes pueden resistirse a regresar a una residencia o incluso defender la relación con quien las estaría explotando.
El fenómeno también modifica la forma en que debe entenderse jurídicamente la conducta de la víctima.
Una adolescente explotada no puede ser tratada simplemente como una infractora de las reglas de una residencia.
La respuesta estatal debe considerar su condición de víctima y las circunstancias de vulnerabilidad que pueden haber facilitado la captación.
Las cifras judiciales muestran otra dimensión del problema
El Programa Mi Abogado, encargado de representar judicialmente a niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal, informó que desde 2024 se han presentado 48 querellas por explotación sexual de menores en la Región Metropolitana.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez presentó siete querellas por hechos que afectaron a menores vinculados a programas residenciales y ambulatorios en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados para esta investigación, solo una de esas acciones penales había terminado en condena.
La cifra no debe interpretarse automáticamente como una tasa de impunidad, debido a que los procesos judiciales pueden encontrarse en distintas etapas y una querella no equivale a una sentencia.
Pero sí revela una brecha que merece atención: la distancia entre detectar una posible vulneración, activar una denuncia y conseguir una respuesta judicial definitiva.
Tres regiones todavía sin programas especializados
El problema también presenta diferencias territoriales.
De acuerdo con la oferta programática de Mejor Niñez, Ñuble, Atacama y Aysén registraban casos de posibles víctimas durante 2026, pero no contaban con Programas Especializados en Explotación Sexual.
A nivel nacional existen programas destinados a la reparación de víctimas de explotación sexual, mientras que la Región Metropolitana concentra parte importante de esta oferta.
Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, advirtió que los responsables pueden estar vinculados a estructuras criminales locales.
“Muchas veces son pequeñas bandas de narcotráfico de la zona”.
El persecutor también planteó cuestionamientos respecto de las capacidades institucionales disponibles en algunas regiones.
Según Sovino, existen territorios donde todavía no se cuenta con programas especializados suficientes para abordar este tipo de victimización.
Una deuda que comenzó con el Sename
La actual crisis no comenzó con Mejor Niñez.
Ya en 2013, una investigación impulsada por el Poder Judicial detectó graves vulneraciones de derechos al interior del antiguo sistema de protección.
La jueza Mónica Jeldres, quien encabezó aquella investigación, describió entonces dinámicas de captación de niñas que permanecían bajo protección estatal.
“Era una dinámica diaria”.
Más de una década después, la estructura institucional cambió, pero algunos de los problemas centrales continúan apareciendo.
La exdirectora de Mejor Niñez Gabriela Muñoz sostuvo que uno de los obstáculos más complejos consiste en conseguir que una adolescente se reconozca como víctima.
La psicóloga Susana Boudon, quien trabajó en procesos de acompañamiento psicosocial a niños vulnerados durante la época del Sename, explicó que las víctimas pueden desarrollar vínculos de confianza con sus explotadores.
El problema, por tanto, no se limita a la vigilancia de una residencia.
La explotación sexual puede instalarse precisamente en el espacio emocional que queda entre la vulnerabilidad de la adolescente y la capacidad del Estado para ofrecer protección, confianza y reparación.
Un sistema que necesita algo más que nuevas normas
La transformación del Sename en Mejor Niñez significó un cambio institucional relevante, pero los antecedentes reunidos muestran que la creación de nuevas estructuras administrativas no basta para resolver un fenómeno de naturaleza criminal, social y psicológica extremadamente compleja.
El Estado enfrenta una obligación reforzada: no solo debe reaccionar cuando existe una denuncia, sino también prevenir la captación, identificar tempranamente los riesgos, asegurar atención especializada y coordinar una persecución penal efectiva.
Las salidas no autorizadas representan, en este contexto, uno de los principales puntos críticos. Pero reducir el problema a las fugas sería insuficiente.
Detrás de cada adolescente que abandona una residencia puede existir una historia previa de abandono, violencia, abuso, consumo problemático, vulneración de derechos o dependencia emocional.
Por eso, la protección efectiva no puede terminar cuando una menor cruza la puerta de una residencia.
El verdadero desafío para Mejor Niñez y para el Estado chileno es conseguir que esa puerta no sea el límite de la protección, sino el comienzo de una intervención capaz de impedir que una adolescente vulnerable quede nuevamente a merced de quienes buscan explotarla.
