Prodemu al límite: una crisis financiera que amenaza su continuidad
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) enfrenta uno de los momentos más complejos desde su creación en 1990. La institución, que durante más de tres décadas ha desarrollado programas destinados a fortalecer la autonomía y las oportunidades de miles de mujeres, atraviesa una crisis financiera que amenaza su continuidad durante 2026.
De acuerdo con antecedentes recabados para este reportaje, los recursos disponibles permitirían financiar las remuneraciones solo hasta octubre, mientras fuentes conocedoras de la situación sostienen que el eventual cierre de la institución se produciría en diciembre.
El escenario ocurre en medio de un déficit financiero que, según fuentes internas, llegó a superar los $2.600 millones, además de restricciones presupuestarias y cuestionamientos judiciales relacionados con la administración de recursos provenientes de convenios públicos.
Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en tanto, sostienen que la actual administración recibió un déficit cercano a los $2.500 millones y que este habría disminuido hasta aproximadamente $1.300 millones durante sus primeros cinco meses de gestión.
La cartera, sin embargo, no confirmó ni descartó que Prodemu vaya a cerrar sus operaciones a fines de este año.
Una institución creada con el retorno de la democracia
Prodemu nació en 1990, en los primeros meses del retorno de la democracia en Chile. Su creación estuvo vinculada a la necesidad de generar espacios de participación, formación y desarrollo para las mujeres.
La iniciativa fue encabezada por Leonor Oyarzún, esposa del entonces Presidente Patricio Aylwin y primera directora de la institución.
Uno de sus primeros proyectos fue un concurso nacional de poesía destinado a recoger las experiencias y expresiones de mujeres de distintas regiones del país.
Durante el primer aniversario de Prodemu, Oyarzún destacó la participación obtenida y defendió la necesidad de abrir espacios para mujeres que históricamente habían tenido un acceso limitado a instancias de formación.
“Las participantes de este concurso no son mujeres que hayan tenido la oportunidad de acceder a una formación profesional o intelectual”, afirmó entonces la primera dama, destacando la necesidad de continuar generando espacios de expresión y participación.
Durante sus 35 años de funcionamiento, la fundación desarrolló distintos programas sociales y de capacitación.
Entre ellos estuvieron iniciativas vinculadas a la salud, autonomía económica, participación social y desarrollo rural.
La trayectoria de Prodemu también estuvo vinculada a programas impulsados durante distintos gobiernos, como Sonrisa de Mujer, durante la administración de Ricardo Lagos, y actividades asociadas a la promoción de estilos de vida saludables durante el gobierno de Michelle Bachelet.
El cambio institucional que modificó su estructura
Uno de los puntos de inflexión se produjo en 2022, cuando la entonces coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, impulsó una reorganización de las fundaciones que dependían de esa estructura.
La medida buscaba modificar el tradicional rol institucional asociado a la figura de la primera dama.
Karamanos defendió entonces la necesidad de separar esas organizaciones de una estructura vinculada a una autoridad que no es elegida mediante votación popular.
“Lo que estamos tratando de hacer es que no haya incidencia en la institucionalidad a propósito de valores democráticos”, sostuvo Karamanos al explicar la reforma.
Como consecuencia de ese proceso, Prodemu pasó al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
El cambio significó también que la fundación comenzara a depender de una cartera cuyo presupuesto debía distribuirse entre distintas políticas, programas y obligaciones institucionales.
Para una funcionaria consultada bajo reserva de identidad, el proceso dejó a Prodemu en una situación de incertidumbre.
“Nos dejó en el limbo”, lamentó.
Dos acciones judiciales abrieron otro frente de crisis
A las dificultades presupuestarias se sumaron cuestionamientos sobre la gestión financiera de la institución.
De acuerdo con antecedentes contenidos en acciones judiciales presentadas por Prodemu, durante 2024 se habría gestionado ante BancoEstado una línea de crédito por $500 millones destinada a emergencias y otra por $500 millones para boletas de garantía.
Según los antecedentes judiciales citados en este reportaje, dichas operaciones habrían sido gestionadas sin contar con la autorización previa del directorio de la fundación.
El episodio derivó en una investigación interna y posteriormente en acciones judiciales.
En términos financieros, el monto involucrado alcanzaría los $1.000 millones, sin considerar intereses u otros costos asociados.
Cuestionamientos a convenios y rendiciones
Posteriormente, Prodemu presentó una nueva acción judicial por eventuales hechos que podrían configurar administración desleal, además de plantear la eventual existencia de delitos como malversación de caudales públicos y fraude al fisco, dejando la determinación de responsabilidades en manos del Ministerio Público y los tribunales.
El escrito apunta a problemas detectados durante 2024 y 2025 en la ejecución y rendición de distintos convenios financiados con recursos públicos.
Entre ellos aparecen convenios vinculados al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y gobiernos regionales.
Según la presentación judicial, algunas rendiciones habrían registrado gastos rechazados y desembolsos que no contaban con respaldo suficiente conforme a las condiciones establecidas en los respectivos convenios.
El documento sostiene que los responsables de la administración financiera conocían la insuficiencia de recursos en determinadas cuentas asociadas a convenios.
La tesis expuesta en la acción judicial es que se habrían utilizado recursos provenientes de otros convenios para cubrir obligaciones pendientes.
El eventual problema no sería únicamente contable. Si se acreditaran los hechos denunciados, podría existir una discusión jurídica respecto del destino específico de recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de financiamiento.
No obstante, corresponde a las instituciones persecutoras y a los tribunales determinar si existieron delitos, responsabilidades individuales o infracciones administrativas.
Un déficit que se transformó en una amenaza institucional
Según fuentes internas consultadas para este reportaje, la deuda acumulada de Prodemu habría llegado a superar los $2.600 millones.
El escenario se habría agravado durante 2026 debido a restricciones presupuestarias.
Uno de los factores mencionados por fuentes internas corresponde a un ajuste presupuestario cercano al 3% aplicado a instituciones públicas, además de una disminución de recursos que, según dichas fuentes, habría superado los $800 millones respecto de los montos contemplados inicialmente en la Ley de Presupuestos 2026.
“La detracción de más de $800 millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto 2026 sepultó las esperanzas de superar nuestra mala racha financiera”, afirmó una fuente consultada bajo reserva.
A ello se sumó otro elemento institucional.
Durante abril de 2026, la Contraloría General de la República habría cuestionado la utilización de recursos públicos para financiar determinados beneficios laborales previamente pactados.
El conjunto de estos factores habría reducido el margen financiero disponible para sostener las operaciones de la fundación.
Fuentes consultadas sostienen que los recursos alcanzarían solamente hasta octubre de 2026, mientras que el eventual cierre operativo se produciría en diciembre.
La versión del Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entrega una explicación distinta sobre el origen del problema.
Desde la cartera señalan que el déficit recibido al asumir el actual Gobierno, el 11 de marzo de 2026, estaba relacionado principalmente con problemas en la ejecución de convenios suscritos con Sernameg, Indap y gobiernos regionales.
Según el ministerio, determinadas rendiciones fueron rechazadas debido a gastos que no se ajustaban a lo establecido en los respectivos convenios.
La cartera asegura que una de sus prioridades ha sido reducir progresivamente ese déficit.
“Esta administración ha logrado disminuir el déficit aproximadamente desde $2.500 millones a casi $1.300 millones en el plazo de cinco meses”, afirmó el Ministerio de la Mujer.
La institución agregó:
“Nos hemos hecho cargo desde el día uno de los problemas que arrastra Prodemu. Como Ministerio, una de nuestras prioridades es que ninguna mujer vea interrumpido el desarrollo de los programas en los cuales participa”.
Sin embargo, frente a la consulta específica sobre un eventual cierre de Prodemu en diciembre de 2026, el ministerio no confirmó ni descartó esa posibilidad.
El contraste con una institución que todavía proyecta su modelo al exterior
La incertidumbre financiera contrasta con una actividad internacional desarrollada recientemente por la propia fundación.
Una delegación de parlamentarios de Corea del Sur visitó Prodemu para conocer el modelo chileno relacionado con la autonomía y desarrollo de las mujeres.
La actividad fue encabezada por la directora ejecutiva nacional de Prodemu, Jessica Flores Reyes, y contó con la participación de siete diputados surcoreanos liderados por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de ese país, Nam In-soon.
La instancia buscó mostrar la experiencia chilena en políticas orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
“Que una delegación parlamentaria de Corea del Sur quiera conocer la experiencia de Prodemu es una oportunidad para mostrar fuera de nuestras fronteras un trabajo que Chile ha construido durante más de 35 años”, señaló la convocatoria institucional de la actividad.
El contraste resulta evidente: mientras Prodemu presenta su experiencia ante representantes extranjeros, internamente enfrenta una crisis que pone en duda su capacidad para sostener sus operaciones durante el segundo semestre.
Mujeres rurales: el costo social de la crisis
Uno de los programas afectados por la reestructuración es Mujeres Rurales, iniciativa desarrollada en conjunto con Indap y orientada a entregar herramientas de capacitación, autonomía económica y organización a mujeres del mundo campesino.
El programa contemplaba un acompañamiento de varios años y buscaba fortalecer las capacidades productivas y personales de sus participantes.
Un oficio emitido por Indap en junio de 2026 puso término al convenio que había permitido desarrollar esta iniciativa durante décadas.
Para las beneficiarias, la discusión no se limita a los recursos financieros.
Ceidy Febre, exbeneficiaria del programa, sostiene que su impacto trascendió la capacitación productiva.
“Tengo una compañera que entendió la importancia de la continuidad de los estudios. Ella no había terminado la básica antes de meterse al programa, pero gracias a este pudo sacar cuarto medio”, relató.
Según Febre, la experiencia también permitió construir redes de apoyo, acompañamiento emocional y oportunidades educativas.
“No solo llevamos las lucas a las familias, también somos jefas de hogar y algunas deben cuidar a hijos con neurodivergencias o a adultos mayores”, explicó.
El testimonio refleja uno de los principales dilemas que enfrenta la institución: la discusión presupuestaria puede traducirse directamente en la interrupción de programas que cumplen funciones sociales que exceden la transferencia de recursos.
Los trabajadores exigen una definición
La incertidumbre también ha generado preocupación entre los trabajadores.
Fabiola Cayla, presidenta del Sindicato Nacional de Prodemu, afirma que los funcionarios no han recibido una comunicación oficial sobre un eventual cierre.
“No hemos tenido ninguna información oficial respecto a un cierre”, señaló.
La dirigenta cuestionó además la ausencia de una comunicación directa por parte de la ministra de la Mujer.
“La ministra no se ha acercado ni a los trabajadores ni a la dirección a dar una información oficial. No vamos a permitir el cierre”, afirmó Cayla.
La representante sindical sostuvo que los trabajadores también están concentrados en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, donde esperan conseguir condiciones que permitan garantizar la continuidad institucional.
“El abandono en el que nos ha tenido la ministra nos preocupa, sobre todo con este rumor que anda dando vuelta”, agregó.
Consultada para este reportaje, la directora ejecutiva nacional de Prodemu, Jessica Flores Reyes, declinó emitir declaraciones sobre el futuro de la institución.
Una crisis que excede las cuentas de Prodemu
La situación de Prodemu plantea una discusión que va más allá del déficit financiero.
Por un lado, existe una institución con 35 años de trayectoria, programas desplegados en distintos territorios y una red de beneficiarias que ha dependido de sus capacidades de formación y acompañamiento.
Por otro, existen antecedentes sobre endeudamiento, rendiciones rechazadas, déficit acumulado y restricciones presupuestarias que deben ser esclarecidos y cuya eventual responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
La pregunta central ahora es si el Estado optará por sanear financieramente Prodemu y garantizar su continuidad, rediseñar sus programas o avanzar hacia un cierre institucional.
Mientras esa definición no se comunique oficialmente, trabajadores, beneficiarias y organizaciones vinculadas a la fundación permanecen ante un escenario de incertidumbre.
Conclusión final
El caso Prodemu expone una tensión recurrente de la administración pública: la necesidad de controlar el uso de los recursos estatales sin desmantelar capacidades institucionales construidas durante décadas. Si las cifras sobre el déficit y las restricciones presupuestarias se confirman, el Estado deberá resolver no solo cómo enfrentar las obligaciones financieras acumuladas, sino también qué ocurrirá con los programas y beneficiarias que dependen de ellos. Y si las acciones judiciales prosperan, corresponderá establecer individualmente las eventuales responsabilidades por el manejo de fondos públicos. El futuro de Prodemu, por tanto, no es únicamente una decisión presupuestaria: también representa una definición sobre la continuidad de una política pública que comenzó con el retorno de la democracia.
