Las advertencias internas realizadas durante 2025 por el entonces cónsul de Chile en Haití, Rafael Du Monceau, abren una nueva arista en la controversia que terminó con el cierre de la sede diplomática chilena en Puerto Príncipe y una investigación penal por un presunto caso de cohecho.
Correos electrónicos intercambiados entre el diplomático y funcionarios de la Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores muestran que, meses antes de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, Du Monceau había informado sobre situaciones que involucraban a menores haitianos, documentos presuntamente falsos y procedimientos asociados al programa de Reunificación Familiar.
Los antecedentes adquieren relevancia porque, según la información revelada por Reportajes Teletrece y revisada por El Minuto, esas comunicaciones no fueron incorporadas a la denuncia que Cancillería presentó ante la Fiscalía Centro Norte en octubre de 2025, cuyo foco estuvo puesto en un supuesto delito de cohecho y en irregularidades relacionadas con las legalizaciones efectuadas en Puerto Príncipe.
Las primeras alertas: riesgo de tráfico de menores
El primer intercambio relevante ocurrió el 25 de marzo de 2025, cuando Du Monceau remitió a sus superiores información proporcionada por el organismo haitiano encargado de la protección de la infancia, IBESR.
El propósito declarado era verificar la documentación de niños, niñas y adolescentes autorizados para viajar a Chile, ante la existencia de antecedentes sobre posibles autorizaciones falsas.
En su comunicación, el entonces cónsul explicó que la información buscaba contribuir a evitar que los menores pudieran convertirse en víctimas de trata de personas.
La advertencia activó consultas desde Santiago. Eduardo Pool Rubio, entonces primer secretario de la Dirección General Consular, preguntó por la naturaleza de los viajes y por el procedimiento que debía aplicarse cuando los menores viajaran sin sus padres.
En la cadena también participaron autoridades diplomáticas y consulares, entre ellas el entonces embajador de Chile en Haití, Manuel Rioseco, además de funcionarios de la Dirección General de Asuntos Consulares.
Menores vinculados a reunificación familiar
Uno de los puntos más relevantes del intercambio apareció cuando Du Monceau explicó que, según lo que había podido observar, varios de los menores correspondían a casos vinculados con visas de reunificación familiar.
El diplomático señaló que habitualmente un adulto viajaba con un grupo de niños y que, al ser consultados sobre quién recibiría a los menores en Chile, respondían que serían sus padres.
Sin embargo, agregó que en algunos casos no era posible localizar a esos padres o estos no se encontraban en territorio chileno.
Ante ese escenario, Du Monceau recomendó activar mecanismos de protección.
La advertencia no quedó únicamente en el ámbito consular. Tres días después, el jefe de gabinete de la Dirección Consular planteó informar al entonces Servicio Nacional de Migraciones, encabezado por Luis Thayer.
El embajador Rioseco respaldó la medida y señaló que había solicitado informar a las autoridades correspondientes para establecer una señal de precaución frente a la posibilidad de ilícitos.
Julio de 2025: dudas sobre la legalización de documentos
La segunda etapa de las advertencias ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando Du Monceau volvió a comunicarse con Santiago para solicitar orientación jurídica respecto de documentos vinculados con la reunificación familiar.
El caso involucraba a un padre haitiano que buscaba autorizar que un tercero residente en Chile asumiera el cuidado de un menor.
El entonces cónsul planteó dudas sobre la competencia para validar ese tipo de documentación, considerando que determinadas decisiones relativas a la tutela de niños, niñas y adolescentes corresponden a los tribunales de familia.
Desde la Cancillería, Sergio Solís, coordinador de Asesoría Consular, respondió que para que la situación tuviera valor en Chile debía someterse al procedimiento de exequátur.
Du Monceau volvió a consultar, precisamente porque entendía que dicho mecanismo estaba asociado a resoluciones judiciales.
La cadena resulta relevante porque el diplomático dejó constancia de que tenía documentos similares en su poder y pidió instrucciones respecto de cómo debía proceder el Ministerio con ese tipo de antecedentes.
Septiembre: documentos falsos y nuevas advertencias
La controversia volvió a aparecer en los intercambios de septiembre de 2025.
Desde la Dirección Consular solicitaron al entonces cónsul información sobre distintos documentos relacionados con menores haitianos que habían llegado a Chile.
En uno de los casos, Du Monceau informó que un certificado policial era falso.
Entre las razones mencionó diferencias en las características físicas del documento y, especialmente, una inconsistencia en el arancel consular consignado.
Según la respuesta del diplomático, mientras la tarifa correspondiente a la legalización del certificado era de US$12, el documento exhibía un arancel de US$7.
Días después, desde Santiago solicitaron aclaraciones respecto de otros cuatro documentos haitianos.
La respuesta de Du Monceau volvió a elevar el nivel de alerta.
El diplomático sostuvo que determinados documentos legalizados eran “manifiestamente falsos” y recomendó realizar las gestiones correspondientes para denunciar la posible falsificación ante las autoridades competentes.
El conflicto sobre la tutela de menores
El 24 de septiembre de 2025 se produjo otro intercambio que resulta especialmente relevante para reconstruir la secuencia.
Desde la Dirección Consular pidieron información sobre documentos legalizados en Puerto Príncipe que aparentemente no tenían validez en Chile.
Du Monceau respondió que la problemática ya había sido planteada anteriormente y que había consultado con asesoría legal.
Según su explicación, había advertido que podía considerarse ilegal legalizar determinado tipo de documentación porque, a su juicio, eran los tribunales de familia los llamados a resolver materias relacionadas con la tutela de niños, niñas y adolescentes en Chile.
El diplomático agregó que, pese a haber planteado esa objeción, los procedimientos de legalización habían continuado.
El intercambio se produjo mientras Du Monceau gestionaba su traslado a Indonesia.
Octubre de 2025: sumario y cierre de la sede
Cinco días después de esa última comunicación, el 29 de septiembre de 2025, la directora general de Asuntos Consulares, Marta Elena Bonet, envió un memorándum secreto a la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.
El documento planteó problemas considerados graves en la gestión de las legalizaciones realizadas bajo responsabilidad de Du Monceau y cuestionó el cumplimiento de las disposiciones del reglamento consular.
Entre las medidas adoptadas posteriormente estuvo el retiro de la firma del funcionario local Berry Emile, quien cumplía funciones como ministro de fe, además de la instrucción de un sumario administrativo.
El escenario se agravó luego de que un ciudadano haitiano identificado como J.W.M. presentara en La Moneda una denuncia por supuestos actos de corrupción en los procedimientos de la embajada chilena.
En su presentación aseguró que los usuarios debían pagar un costo adicional de US$100 por documento a una persona externa y que los trámites podían tardar entre tres y seis meses.
La Cancillería ordenó entonces el regreso de Du Monceau a Chile y el cierre de la sede diplomática.
Los antecedentes que no llegaron a la Fiscalía
El punto central de los nuevos antecedentes está en la diferencia entre lo que Cancillería conocía internamente y lo que finalmente fue incluido en su denuncia ante el Ministerio Público.
El 22 de octubre de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó antecedentes ante la Fiscalía Centro Norte por un presunto delito de cohecho, además de referencias a problemas administrativos y a las irregularidades detectadas en las legalizaciones.
Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes divulgados, las comunicaciones de marzo, julio y septiembre de 2025 no fueron incorporadas a esa denuncia, pese a que contenían advertencias sobre posibles riesgos de tráfico de menores, documentos presuntamente falsificados y cuestionamientos jurídicos relacionados con la Reunificación Familiar.
La omisión adquiere especial importancia porque esos intercambios muestran que las alertas existían antes de que se formalizara la crisis diplomática y administrativa.
Consultado sobre la razón por la que esos antecedentes no formaron parte de la denuncia, el Ministerio de Relaciones Exteriores no entregó una explicación específica, argumentando que existe un sumario administrativo en desarrollo y que los hechos corresponden a la administración anterior.
La actual autoridad, en tanto, indicó que el ministro de Relaciones Exteriores Pérez Mackenna instruyó colaborar con el Ministerio Público.
Contraloría asumió el sumario
La investigación administrativa tomó una nueva dimensión en mayo de 2026, cuando la Contraloría General de la República asumió el control del sumario que llevaba adelante la Cancillería.
En esa instancia, según los antecedentes conocidos, Rafael Du Monceau entregó durante varias horas su versión de los hechos ocurridos durante su misión en Puerto Príncipe.
También declararon diplomáticos y exautoridades vinculados al caso, entre ellos Gloria de la Fuente, quien habría ratificado ante el organismo contralor el hilo general de los acontecimientos que había sido remitido al Ministerio Público.
Du Monceau, paralelamente, permanece en calidad de imputado en la investigación de la Fiscalía Centro Norte por el presunto delito de cohecho.
Su entorno ha señalado que, debido al sumario administrativo, el abogado no puede entregar una versión oficial de lo ocurrido durante su permanencia en Haití hasta que la Dirección Consular se lo permita.
Además, transmitieron que no tendría relación con los hechos denunciados.
Una nueva arista para el caso de Reunificación Familiar
La relevancia de los correos excede la situación particular del excónsul.
Las comunicaciones permiten reconstruir una secuencia en la que funcionarios diplomáticos habían advertido internamente sobre riesgos relacionados con documentación, protección de menores y procedimientos de reunificación familiar varios meses antes de que Contraloría cuestionara posteriormente distintos aspectos del programa.
El caso también se conecta con los antecedentes examinados por Contraloría respecto del funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones durante 2024 y 2025, particularmente en relación con la llegada a Chile de menores haitianos bajo mecanismos de reunificación familiar.
Desde una perspectiva institucional, la cuestión pendiente no es únicamente determinar si existieron eventuales responsabilidades individuales. También será necesario establecer qué medidas adoptaron los organismos públicos después de recibir las alertas, quién tuvo conocimiento de ellas y por qué determinados antecedentes no fueron incorporados inicialmente a la denuncia penal.
La respuesta a esas preguntas podría determinar si las nuevas comunicaciones constituyen solamente antecedentes administrativos de contexto o si, por el contrario, permiten abrir nuevas líneas de investigación penal y administrativa sobre la gestión consular chilena en Haití y los mecanismos utilizados para el ingreso de menores al país.
Conclusión
El caso de Rafael Du Monceau plantea una interrogante que trasciende la eventual responsabilidad individual que deberá determinar la investigación penal por presunto cohecho y el sumario administrativo actualmente bajo control de Contraloría. Los correos conocidos muestran que, meses antes del cierre de la sede diplomática en Puerto Príncipe, existieron advertencias internas sobre posibles riesgos para menores, documentos presuntamente falsificados y cuestionamientos jurídicos relacionados con la Reunificación Familiar.
La principal incógnita institucional radica ahora en establecer qué ocurrió con esas alertas una vez que fueron recibidas por las autoridades competentes. Si fueron conocidas por distintas reparticiones de Cancillería y Migraciones, será necesario determinar qué protocolos se activaron, qué decisiones se adoptaron y por qué esos antecedentes no fueron incorporados a la denuncia presentada ante la Fiscalía Centro Norte en octubre de 2025.
Desde el punto de vista jurídico, la existencia de estos correos no permite por sí sola establecer responsabilidades penales ni acreditar la comisión de delitos. Corresponde al Ministerio Público determinar si los antecedentes tienen relevancia penal y si existe conexión entre las irregularidades advertidas en los trámites consulares y los hechos actualmente investigados. Del mismo modo, el procedimiento de Contraloría deberá establecer eventuales responsabilidades administrativas conforme a la evidencia disponible.
Sin embargo, las comunicaciones sí aportan un elemento relevante para reconstruir la cronología del caso: las señales de alerta aparecieron antes de que la crisis alcanzara su punto máximo. Por ello, la investigación ya no se limita únicamente a determinar qué ocurrió en la oficina consular de Puerto Príncipe, sino también a esclarecer cómo respondió el aparato estatal frente a advertencias que involucraban a menores, documentación migratoria y procedimientos de reunificación familiar.
El desenlace de ambas investigaciones podría determinar si lo ocurrido correspondió a fallas individuales, deficiencias institucionales de control o una combinación de ambas. Esa diferencia será fundamental para establecer responsabilidades y, sobre todo, para determinar si los mecanismos utilizados para proteger a niños, niñas y adolescentes y verificar su documentación fueron suficientes para impedir que eventuales irregularidades avanzaran dentro del sistema consular chileno.
