El gobierno argentino: desconcierto y frentes abiertos

En tiempos de crisis agudas, los gobiernos suelen contemporizar con la oposición, los empresarios y las otras naciones por una simple razón: priman cuestiones de Estado que van más allá de las mezquindades políticas habituales.

Por: Agustín Dragonetti | Corresponsal de Argentina

No es el caso del cuarto gobierno kirchnerista. Quedando en evidencia la débil posición política de Alberto Fernández frente a Cristina Kirchner, y su deplorable manejo de la pandemia que ha repercutido en lo social, lo económico y en lo sanitario, el presidente argentino ha optado por la confrontación interna y externa y el sometimiento a la voluntad de la vicepresidenta y el kirchnerismo duro, especialistas en el arte de inventar y generar enemigos internos y externos.

Carente de un plan económico y con su poder licuado, el presidente oscila entre la frustración y el enojo. Su poder de mando está tan desgastado que no ha podido ni siquiera echar a un funcionario de tercera línea.

Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica que responde directamente a Cristina Kirchner, había estado en la mira del ministro de Economía, Martín Guzmán, ya que se mostraba abiertamente remiso a un incremento en las tarifas de servicios, algo que Guzmán necesita para conseguir el tan anhelado acuerdo con el FMI antes de fin de año, y lograr la transferencia de casi U$S 4350 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que sería casi una panacea para las reservas del Banco Central de la República Argentina, diezmadas por los subsidios para transitar la pandemia.

El organismo internacional trató en marzo la posibilidad de la ampliación de los montos de este instrumento para los 189 países miembros, cuyo fin es paliar los efectos devastadores de la pandemia y contribuir en la recuperación económica mundial.

En pocos días la directora del FMI, Kristalina Georgieva, volverá a presentar al directorio ejecutivo del Fondo el proyecto para elevar el monto de los DEG, algo que solo ocurrió en tres oportunidades.

Pero mientras el organismo internacional tantea la posibilidad de subir los Derechos Especiales de Giro, los senadores kirchneristas (por demanda directa de Cristina Kirchner) sancionaron una declaración para exigirle al ministro de Economía que el destino del dinero que envíe el Fondo a la Argentina sea utilizado para solventar los gastos generados por la pandemia y no para pagar deudas con el propio FMI o con el Club de París.

Mientras Guzmán hace malabares para tratar de renegociar los vencimientos de la deuda con el Fondo y el Club de París (que a estas alturas sería lo único que podría mostrar como un logro de su gestión, ya que carece de un plan o modelo económico real y viable), Cristina Kirchner presiona para hacer caer cualquier acuerdo hasta después de las elecciones.

No solo por una cuestión económica, sino porque la desvela la coyuntura política y las encuestas de su think thank, el Instituto Patria.

Necesita de un mayor intervencionismo del Estado en lo social y que se endurezcan los controles sobre los precios (a través del programa Precios Máximos y la salida a la calle de inspectores) y que no se toquen las tarifas de los servicios.

Según las mediciones de opinión pública del Instituto Patria, la gente objeta de plano los aumentos en las tarifas (cuestión que determinó la derrota electoral de Mauricio Macri) y ve con buenos ojos los controles de precios, que en el último año los precios crecieron 46,3%.

La vicepresidenta cree que poniendo el pie sobre precios y tarifas le rendirán votos al oficialismo de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones legislativas, postergadas para el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.

Mediciones privadas sitúan la valoración de la gestión del Gobierno en un 38% favorable contra un 60% desfavorable. Incluso entre los propios votantes del

kirchnerismo la evaluación de la gestión cayó 22 puntos con respecto a marzo del año pasado. Y Cristina lo sabe.

El pésimo manejo de la pandemia golpeó duramente a la economía. La inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año es del 17,6% (proyecciones actuales arrojan un aumento del costo de vida del 47% anual) y el salario mínimo, con la excepción de Venezuela, es el más bajo de la región: U$S 138, aproximadamente. Y recién estamos entrando al invierno, con más de 80 mil muertos por coronavirus, de los cuales más de 40 mil se encuentran en la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, el inefable Axel Kicillof, exige medidas durísimas para contener la segunda ola de contagios.

Esas medidas durísimas se traducen como cierres totales de comercios y circulación, lo que sería un verdadero golpe de gracia a la ya devastada economía argentina.

El frente externo

Para el gobierno de los Fernández, lo ideológico prima por sobre la responsabilidad internacional. Por eso el jueves 27 de mayo Argentina se sumó a los 24 países (entre ellos Bolivia, México, China, Rusia y, por supuesto, Cuba y Venezuela) que apoyaron la apertura de una investigación en las Naciones Unidas contra Israel y contra el grupo terrorista Hamas por presuntos “crímenes de guerra” durante los bombardeos a Gaza y a ciudades israelíes.

El problema es que esa declaración contiene una artimaña: el grupo terrorista Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) no es un Estado, por lo cual la investigación (y sus posibles sanciones) caerían exclusivamente contra Israel.

Ya el 11 de mayo Alberto Fernández había condenado el “uso desproporcionado” de la fuerza por parte de Israel, pero no incluyó a Hamas ni a la Jihad Islámica Palestina, que venían disparando cientos de misiles contra ciudades hebreas.

Los dichos del presidente argentino ocasionaron malestar en Tel Aviv, que fue comunicado por la embajadora en Buenos Aires, Galit Ronen.

El mismo día que Alberto Fernández apoyaba una investigación por supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de Israel, la Cancillería argentina anunciaba que retiraba su apoyo a la demanda por delitos de lesa humanidad que el Grupo de Lima interpuso ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, contra el gobierno del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, como “consecuencia de la decisión política de retirarse” de ese bloque.

Cabe recordar que Argentina ya se había retirado del Grupo de Lima (creado en 2017 e integrado por 14 países para monitorear la situación en Venezuela).

Para el gobierno argentino, los derechos humanos son manipulables de acuerdo con la adscripción ideológica que se pregonen.

Mientras el gobierno negocia con el FMI la dilación de sus pagos, necesita de una buena relación con Estados Unidos, el mayor contribuyente del organismo crediticio. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández enarbola la relación estratégica con Rusia. El viernes pasado Fernández anunció, a través de una videoconferencia con Vladímir Putin, el inicio de la producción en la Argentina de la vacuna Sputnik V por parte de los Laboratorios Richmond. “Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles, y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir las vacunas que el mundo nos negaba”, le dijo el presidente argentino al presidente ruso.

Una mentira tan falaz como muchos de los dichos de los funcionarios kirchneristas. El gobierno argentino, por ejemplo, ninguneó al laboratorio estadounidense Pfizer-BioNtech, episodio muy confuso que podría generar hasta una demanda judicial internacional.

Por otra parte, fiel a su estilo voluble, Alberto Fernández emprendió una gira por algunos países de Europa para conseguir respaldos de cara a la renegociación de la deuda, esperando ejercer alguna suerte de presión para que los organismos crediticios le permitan alcanzar un acuerdo sostenible a Argentina. España, Portugal, Francia, Italia y

el Vaticano fueron los países visitados que le dieron el visto bueno para posponer los pagos por el préstamo de alrededor de U$S 44.000 millones que el país adeuda con el Fondo Monetario, (solicitados por el gobierno de Mauricio Macri en 2018) y la refinanciación de U$S 2.400 millones de dólares que se le debe al Club de París, entre capital e intereses, que vencieron el 30 de mayo.

Por el mismo tema tuvo una videoconferencia con la canciller alemana, Angela Merkel, quien también se comprometió a apoyar a Argentina en su diseño para el pago de la deuda.

Hay una pregunta retórica que hacer: ¿puede un mandatario que busca apoyos visitar cuatro países europeos capitalistas y decir unos días después que era “hora de entender que el capitalismo no ha dado buenos resultados”? Cosas que sucede solo en la Argentina del dueto Fernández-Fernández.

Rebelión en la granja

El kirchnerismo de paladar negro -a estas horas, el verdadero poder político de Argentina- le está mostrando los colmillos al presidente desde hace tiempo, pero ahora lo hace sin medias tintas. Y ataca en lo más débil del gobierno de Alberto Fernández: la economía.

Como relaté más arriba, el 25 de mayo lanzó su llamada pomposamente “Proclama del 25 de Mayo”, un documento firmado por lo más rancio de los acólitos de la vicepresidenta, algunos con prontuario en vez de currículum.

El escrito pretende ser una suerte de “guía” para el presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán en su negociación con el FMI. También es una denuncia contra la administración de Mauricio Macri y el propio Fondo Monetario que avaló préstamos a Argentina durante la gestión de Cambiemos.

Existen algunas cuestiones que los firmantes del texto desconocen, aún cuando entre ellos haya algunos economistas. En uno de los párrafos del documento alegan que se debería “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria”. La refinanciación de los intereses corrientes es algo que el organismo crediticio internacional de ningún modo avalaría.

En otro de los pasajes de la “proclama”, sugiere que el “FMI debería no sólo adoptar un plazo en el que sea posible acotar el servicio de deuda del país, sino que sería justo que reconozca una quita de capital, a manera de compensación por las faltas cometidas en el otorgamiento del préstamo, sin desmedro de las consecuencias fácticas en que pueda derivar la auditoría”.

Hay dos malas noticias para esta gente: en primer lugar, no existe en los reglamentos del organismo la posibilidad de negociar una quita del capital adeudado. En segundo lugar, las autoridades del FMI ya desecharon esta cuestión en las reuniones que mantuvieron el ministro de Economía y Kristalina Georgieva.

A su regreso del periplo europeo, Alberto Fernández se disparó contra los empresarios por el aumento de precios. “Hay una actitud por parte del empresariado que es realmente incomprensible”, disparó para agregar que “la mejor solución que me ofrecen es que el Estado cobre menos impuestos”. Nada dijo de los aumentos desmedidos de impuestos, combustibles y servicios.

Por eso era de esperar que se volcara contra el sector agropecuario. Ante el aumento del precio de la carne, la reacción no fue bajar las cargas impositivas sino suspender las exportaciones por 30 días. Si bien bajaron los precios por kilo en unas horas en el Mercado de Liniers, esto se debió a que al tomar una medida de este tipo se genera un excedente de oferta para el mercado interno. Siempre funciona en el corto plazo. El problema real es a mediano y largo plazo, porque se pierden mercados y los productores reducen el número de cabezas de ganado por la falta de rentabilidad.

Esto fue lo que sucedió en 2006 cuando el gobierno de Cristina Kirchner aplicó una medida similar y se perdieron clientes que fueron reemplazados por exportadores de Uruguay, Brasil y Paraguay.

El presidente quedó descolocado cuando el ex mandatario uruguayo José Mujica -uno de los tótems del kirchnerismo- le dijo en un intercambio radial que tenía que “buscar un punto de conciliación” con el sector ganadero. “Es cosa muy seria, no es joda. El problema de la carne en nuestros pueblos es terrible”, le expresó el Pepe Mujica desde su chacra de las afueras de Montevideo. Fernández solo atinó a responderle “estamos en eso”, e inmediatamente le respondió con un elogio. “Yo tengo en vos un ejemplo permanente y creémelo.

Ayer a la noche hablaba y lo contaba, porque yo viví un episodio con la carne parecido en 2006 cuando era jefe de Gabinete. Me tocó destrabarlo y lo destrabé poniendo en la Argentina la lógica del “asado del Pepe”.

El presidente argentino hacía referencia a un pacto hecho en 2005 (durante la gestión del Frente Amplio de Mujica) entre el gobierno uruguayo con productores y distribuidores, donde se ofrecían en las carnicerías cortes populares con precios regidos por la demanda interna de Uruguay.

Aquí debo explicar una cuestión central para entender el dilema del precio de la carne. La carne vacuna compone el 10% de las exportaciones argentinas. En 2020 la carne representó ingresos por U$S 3.126 millones.

En un país ávido de divisas, cerrar su comercialización internacional es casi un delirio Pero por otra parte, los cortes que se exportan son distintos a lo que se consumen internamente.

Nuestro principal mercado es China, que consume predilectamente segmentos de muy baja calidad, destinadas al procesamiento industrial. Los cortes más refinados y caros se venden a Europa.

Lo que se conoce en Argentina como asado es un corte intermedio. Según especialistas agropecuarios, la carne se ve perturbada por factores vinculados al clima que complican el envío de hacienda para consumo local y el golpe del precio de los insumos, como el maíz, cuya cotización viene en aumento en los mercados internacionales.

Esa combinación, según los ruralistas, redunda en una retracción del negocio de feedlot (engorde de ganado a corral) y una disminución de oferta de ganado a la espera de mejores condiciones.

La espada de esta medida fue la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, otra de las funcionarias del círculo de la vicepresidenta, que fuera despedida por “ineficiente” por Guillermo Moreno, el polémico ex secretario de Comercio Interior de Néstor y Cristina Kirhcner. “Detrás de esa sonrisa se esconde una bruja malvada”, había tuiteado hace un tiempo Mercedes D’Alessandro, la ex esposa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, refiriéndose a Español.

La funcionaria ya expresó su intención de subir las retenciones al agro y amenazó: “no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que hagan falta para cuidar los precios”.

Que el gobierno llegue a las elecciones medianamente indemne será una cuestión de día a día. Siempre dependiendo de variables externas, porque hasta ahora no ha hecho pie en las cuestiones