Investigación revela que profesionales han llegado a acumular hasta once contratos en paralelo con organismos estatales
Una reciente investigación periodística ha sacado a la luz una preocupante práctica en la administración pública chilena: funcionarios que trabajan en múltiples instituciones estatales al mismo tiempo, obteniendo ingresos mensuales que superan los 10 millones de pesos.
Caso emblemático: el abogado con once contratos
Según informó La Segunda, uno de los casos más llamativos es el del abogado Rodrigo Flores, quien en octubre de 2024 prestó servicios legales de forma paralela a once corporaciones municipales: Colina, Calera de Tango, Curaco de Vélez, Caldera, Chimbarongo, La Ligua, Mejillones, Pitrufquén, Pucón, Santo Domingo y Villarrica.
En dicho mes, su remuneración bruta bordeó los 23 millones de pesos, superando con creces los ingresos habituales del sector público. Además, registros indican que Flores mantuvo nueve contratos simultáneos durante septiembre, julio y mayo de 2023, y en agosto y julio de 2024, percibiendo entre 17 y 19 millones de pesos por mes. En otras fechas, como junio, noviembre y diciembre de 2024, así como marzo de 2023, tuvo ocho contratos a la vez, por montos entre 15 y 16 millones mensuales.
Multiplicidad de funciones: una práctica extendida
El fenómeno no se limita a casos individuales. Según datos obtenidos, nueve funcionarios públicos mantuvieron cinco contratos en simultáneo, mientras que más de 100 profesionales trabajaron con cuatro entidades a la vez. Cerca de 1.800 empleados públicos tenían vínculos con tres organismos, y más de 62 mil con dos.
Algunos de estos funcionarios incluso combinaron simultáneamente las tres modalidades contractuales disponibles en el sector público: planta, contrata y honorarios.
Otro caso: un médico con siete contratos en un solo mes
En diciembre de 2023, el oftalmólogo Diego Ossandón trabajó en siete hospitales públicos a la vez, acumulando una remuneración bruta de $11.424.576. Su labor se distribuyó entre los hospitales San Borja Arriarán, San José, Luis Tisné, El Carmen, Clínico Metropolitano, de Talca y de Rancagua.
Ossandón también aparece en la lista de funcionarios que han trabajado con seis entidades simultáneamente, al igual que el abogado Flores.
Opinión experta: análisis caso a caso y advertencia sobre probidad
El abogado Guillermo de la Jara, socio del estudio jurídico Lembeye, indicó que esta práctica no necesariamente implica una irregularidad, aunque requiere un análisis detallado en cada caso:
“Los servicios públicos pueden contratar a profesionales o expertos a honorarios para cometidos específicos, como la elaboración de informes. No obstante, si las funciones no son materialmente compatibles, podría existir una infracción al principio de probidad administrativa”.
Asimismo, De la Jara recordó que el Estatuto Administrativo establece que los empleos públicos son, en principio, incompatibles entre sí, aunque reconoce algunas excepciones, como las jornadas parciales o las funciones docentes.