Rabat explica vínculo con caso de abusos del Colegio Apoquindo tras rebaja de condena.
El ministro de Justicia aseguró que no participó en la defensa penal de Margarita Villegas Lagos, condenada por delitos sexuales contra estudiantes. La reducción de 16 meses fue concedida mediante un decreto dictado en abril, después de una orden de la Corte Suprema.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó este martes 10 de noviembre de 2026 los antecedentes que lo vinculan profesionalmente con el caso de abusos sexuales del Colegio Apoquindo, luego de conocerse que una de las condenadas recibió una reducción de pena de 16 meses durante su gestión.
Se trata de Margarita Angélica Villegas Lagos, condenada a una pena de 15 años de presidio por delitos de violación y abuso sexual contra estudiantes menores de edad.
La reducción fue materializada el 17 de abril de 2026, mediante el Decreto Exento N.º 1152 del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, los antecedentes judiciales conocidos establecen una distinción fundamental: la Corte Suprema ordenó al Ministerio conceder el beneficio, después de que la cartera lo rechazara durante la administración del exministro Jaime Gajardo.
La situación adquirió relevancia pública tras una investigación de Informe Especial, de TVN, que reveló que Rabat había representado anteriormente a uno de los dueños del establecimiento en una demanda civil presentada por las familias de las víctimas.
Rabat niega haber participado en la defensa penal
Consultado por su relación profesional con el caso, el ministro explicó que su intervención se limitó a representar a uno de los propietarios del Colegio Apoquindo en una controversia civil.
Rabat sostuvo que no ejerció la defensa penal de Villegas Lagos ni de su esposo, Esteban Alonso Moya Godoy, también condenado por delitos sexuales contra estudiantes del establecimiento.
El secretario de Estado afirmó que su participación ocurrió después de dictarse la sentencia penal, cuando las familias de las víctimas impulsaron acciones indemnizatorias contra los responsables y los propietarios del colegio.
En sus declaraciones recogidas, el ministro recalcó:
“No tuve ninguna participación en el proceso penal”.
También respondió a las consultas sobre una eventual falta de probidad por su vinculación previa con la causa, insistiendo en que su trabajo profesional no consistió en defender a los autores de los delitos sexuales.
¿A quién representó Fernando Rabat?
Entre 2014 y 2023, Rabat se desempeñó como abogado de Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del Colegio Apoquindo.
Su intervención se produjo en el juicio civil iniciado por familiares de las víctimas, quienes buscaban una indemnización por los perjuicios derivados de los delitos cometidos contra estudiantes.
Este antecedente debe distinguirse de la causa penal: la participación profesional de Rabat como abogado civil no equivale a haber representado penalmente a los condenados.
La demanda civil contra el Colegio Apoquindo
La investigación publicada por Informe Especial reconstruyó el proceso indemnizatorio que involucró a los antiguos propietarios del establecimiento, sus directivos y las personas condenadas.
Las familias de los estudiantes afectados solicitaron inicialmente una indemnización conjunta de $6.400 millones.
El proceso judicial registró distintas decisiones respecto del monto que correspondía pagar.
En 2019, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago fijó una indemnización de $1.600 millones.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago redujo esa cifra a $570 millones.
Finalmente, en 2023, la Corte Suprema confirmó el monto establecido por el tribunal de alzada.
El juicio civil buscaba establecer responsabilidades patrimoniales e indemnizar los daños sufridos por las víctimas. Se trató de un procedimiento distinto del proceso penal que terminó con condenas de cárcel.
¿Por qué la Corte Suprema ordenó reducir la condena?
La reducción de 16 meses tiene su origen en una discusión judicial sobre la aplicación de la Ley N.º 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente.
El caso comenzó con una solicitud de beneficio presentada por Villegas Lagos, quien había sido condenada por delitos cometidos en 2012.
La Comisión de Reducción de Condena rechazó inicialmente su petición, considerando las restricciones incorporadas a la legislación para condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Sin embargo, la defensa judicial de la condenada recurrió a los tribunales.
En 2023, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó que su situación fuera evaluada conforme a la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos.
Posteriormente, Villegas obtuvo calificaciones de conducta sobresaliente correspondientes a los períodos 2023, 2024 y 2025.
El rechazo del Ministerio en febrero de 2026
Durante la gestión del entonces ministro Jaime Gajardo, el Ministerio de Justicia volvió a rechazar la solicitud, argumentando que la normativa no permitía conceder el beneficio en ese caso.
Tras nuevas acciones judiciales, la controversia llegó a la Corte Suprema.
En abril de 2026, el máximo tribunal acogió el recurso correspondiente y ordenó que el Ministerio emitiera el decreto que concedía la reducción de condena.
La decisión quedó vinculada al Rol N.º 17.764-2026, según los antecedentes judiciales difundidos sobre el caso.
En cumplimiento de esa resolución, el Ministerio de Justicia dictó el Decreto Exento N.º 1152, fechado el 17 de abril de 2026, que materializó la disminución de 16 meses.
Por lo tanto, aunque el decreto fue emitido durante la administración de Fernando Rabat, la rebaja de pena se produjo en cumplimiento de una orden judicial.
El caso en medio de la controversia por las rebajas de condenas
El antecedente se conoce mientras el Ministerio de Justicia enfrenta cuestionamientos por beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Investigaciones periodísticas han identificado 56 condenados por esta clase de delitos que recibieron reducciones de pena mediante decretos administrativos durante el actual Gobierno.
La controversia ha abierto un debate sobre los criterios aplicables, la ejecución de las resoluciones judiciales y los mecanismos de información a las víctimas.
El caso de Villegas Lagos presenta una particularidad: además de la orden de la Corte Suprema, existe una relación profesional anterior entre el ministro y uno de los antiguos propietarios del establecimiento donde ocurrieron los delitos.
Ese antecedente ha motivado preguntas públicas sobre probidad y eventuales conflictos de interés. No obstante, la existencia de una representación civil previa no demuestra por sí sola una infracción administrativa o una conducta irregular.
Para establecer responsabilidades, sería necesario examinar las obligaciones legales aplicables, la intervención efectiva del ministro y los antecedentes completos del procedimiento.
Conclusión: dos procesos judiciales distintos y una controversia abierta
Las declaraciones de Fernando Rabat buscan precisar el alcance de su participación profesional en un caso que volvió a adquirir notoriedad por una reducción de condena.
Los antecedentes conocidos permiten distinguir la demanda civil en la que participó como abogado, entre 2014 y 2023, del procedimiento penal y penitenciario que terminó con la reducción de pena de Margarita Villegas Lagos.
También establecen que el decreto de abril respondió a una orden de la Corte Suprema, después de un rechazo previo del Ministerio de Justicia.
La controversia mantiene abiertas preguntas sobre los mecanismos de reducción de condenas, la protección de las víctimas y la transparencia de las decisiones administrativas.
El debate exige diferenciar las decisiones adoptadas por los tribunales, las atribuciones del Ministerio y las responsabilidades que puedan determinarse sobre la base de antecedentes verificables.
