La investigación que mantiene detenido al exfiscal y abogado Vinko Fodich contiene uno de los elementos más singulares de una causa de crimen organizado actualmente en desarrollo: una presunta puesta en escena destinada a hacer creer a ciudadanos chinos que se encontraban frente a un procedimiento real de la Policía de Investigaciones.
El escenario, según los antecedentes conocidos de la investigación, habría funcionado en el piso -1 de un edificio ubicado en el centro de Santiago, donde se utilizaron elementos destinados a simular una dependencia policial.
La trama quedó al descubierto luego de que una de las presuntas víctimas acudiera a la PDI para denunciar que estaba siendo extorsionada por personas que se presentaban como funcionarios de la institución.
La investigación fue asumida por Asuntos Internos de la PDI y posteriormente por la Fiscalía Supraterritorial, unidad especializada en investigaciones de crimen organizado y delitos de alta complejidad. El procedimiento terminó con la detención de siete personas, entre ellas Fodich y tres funcionarios activos de la policía civil.
El Ministerio Público confirmó que la causa contempla imputaciones por secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios, aunque la participación específica atribuida a cada detenido será expuesta en la audiencia de formalización.
El falso cuartel y la presunta puesta en escena
Los antecedentes conocidos describen una estructura preparada para generar en las víctimas la apariencia de encontrarse frente a una operación policial auténtica.
Según información publicada por Mega Investiga, el espacio habría contado con carpetas, computadores y elementos con referencias a la PDI y al FBI, además de fotografías y otros objetos destinados a reforzar la apariencia institucional del lugar.
La investigación apunta a que ciudadanos chinos vinculados al entorno del denominado Clan Chen habrían sido llevados hasta ese lugar bajo la apariencia de encontrarse sometidos a un procedimiento policial.
Uno de los episodios centrales corresponde al caso de un joven de 21 años identificado en los antecedentes como M.F., quien posteriormente concurrió a denunciar los hechos ante la policía.
La denuncia permitió abrir una línea investigativa que terminó revelando que lo que aparentaba ser un procedimiento policial podría haber correspondido, en realidad, a una escenificación destinada a generar temor y obtener dinero.
La existencia de un supuesto cuartel clandestino también fue reportada por Mega Investiga, que señaló que el recinto no correspondía a una dependencia policial y que habría sido acondicionado específicamente para generar esa apariencia.
La exigencia de $300 millones
De acuerdo con la declaración incorporada a la investigación y reproducida en los antecedentes periodísticos conocidos, la víctima habría recibido la instrucción de entregar $300 millones para evitar consecuencias penales.
La fórmula planteada habría contemplado que distintas personas vinculadas al grupo entregaran parte de ese dinero.
En ese contexto aparece el nombre de Vinko Fodich, quien había ejercido como abogado de integrantes del denominado Clan Chen y que, según los antecedentes investigativos difundidos, habría tenido un papel relevante en la comunicación con las víctimas.
La víctima señaló que inicialmente entregó $30 millones a los supuestos funcionarios, después de recibir indicaciones de su abogado.
Los antecedentes conocidos incluyen además conversaciones por WhatsApp que son atribuidas a Fodich y que formarían parte de los elementos que la Fiscalía deberá presentar y contextualizar ante el tribunal.
Los mensajes que ahora están bajo investigación
Uno de los elementos más relevantes de la causa corresponde a las comunicaciones sostenidas entre la víctima y Fodich.
En los mensajes conocidos aparece una insistencia por conseguir el dinero que supuestamente exigían los falsos funcionarios.
“Acá la PDI me sigue llamando por el dinero que falta”, señala uno de los mensajes atribuidos a Fodich, según los antecedentes proporcionados para esta investigación.
En otra comunicación, el exfiscal habría explicado que era necesario cumplir con la exigencia porque los funcionarios supuestamente debían elaborar un informe dirigido al fiscal.
El contenido de esas conversaciones será particularmente relevante para establecer qué conocimiento tenía cada persona sobre el supuesto procedimiento, cuál era su finalidad y qué grado de participación habría tenido cada imputado.
La Fiscalía, sin embargo, ha evitado anticipar públicamente las responsabilidades individuales antes de la formalización.
El fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana señaló que precisamente durante la audiencia se expondrán con mayor precisión las participaciones atribuidas a los detenidos.
El detalle que hizo caer la ficción
La presunta puesta en escena habría comenzado a mostrar inconsistencias para una de las víctimas.
En su declaración, M.F. relató que uno de los sujetos que se presentaba como funcionario policial habría utilizado un traductor para comunicarse con él y le habría asegurado que podía ayudarlo frente a una eventual extradición.
La víctima pidió entonces un abogado y mencionó el nombre de Vinko Fodich.
Según su relato, el supuesto funcionario habría respondido que Fodich ya se encontraba en camino.
Ese antecedente llamó posteriormente la atención de la víctima, porque revelaba un conocimiento previo sobre la identidad de su abogado que, a su juicio, no parecía compatible con un procedimiento policial convencional.
La situación se volvió aún más llamativa cuando el joven comenzó a observar el comportamiento de quienes se encontraban en el lugar.
Según su declaración, algunas personas que supuestamente estaban relacionadas con el procedimiento mantenían una relación cercana con quienes se presentaban como detectives, entrando y saliendo del recinto y ofreciéndoles café o té.
El contraste entre la apariencia formal de un procedimiento policial y la familiaridad entre quienes participaban terminó alimentando las sospechas.
El problema del intérprete
Otro elemento que habría contribuido a generar dudas fue la posibilidad de contar con un intérprete.
Según el testimonio incorporado a la investigación, la víctima manifestó su intención de comunicarse mediante una persona que pudiera traducir adecuadamente la conversación.
De acuerdo con su declaración, Fodich le habría señalado que aquello no sería necesario.
Posteriormente, el joven consultó con personas de la comunidad china y decidió acudir a la propia PDI para denunciar la situación.
Ese paso resultó decisivo.
La denuncia permitió que la institución investigara internamente si efectivamente existía un procedimiento policial y si las personas involucradas correspondían a funcionarios reales.
La respuesta condujo a una investigación de mayor alcance.
El vínculo con el Clan Chen
El caso adquiere una dimensión adicional debido a la relación profesional que Fodich mantenía con integrantes del denominado Clan Chen, estructura criminal de origen chino investigada por delitos asociados al crimen organizado y lavado de activos.
La denominada Operación EFOS permitió desarticular durante enero de 2026 a integrantes de esa organización en una investigación desarrollada con participación de organismos chilenos y estadounidenses.
Fodich había asumido la defensa de Yongjie Chen, identificado por los investigadores como uno de los integrantes de la denominada cúpula de la organización.
La conexión vuelve a aparecer en la actual investigación porque dos de los detenidos —Ángelo Israel Stevens Aguilera y José Ignacio Pinto Inzunza— ya figuraban en antecedentes relacionados con el entorno financiero del Clan Chen.
Sin embargo, existe una precisión fundamental: que determinadas personas aparezcan en ambas investigaciones no permite, por sí solo, afirmar que ambas causas formen parte de una misma estructura criminal.
Se trata de investigaciones distintas y corresponde a la Fiscalía establecer si existen conexiones jurídicamente relevantes entre ellas.
Del abogado defensor al imputado
El contraste en la trayectoria de Fodich constituye uno de los aspectos institucionalmente más relevantes del caso.
El abogado fue integrante del Ministerio Público y encabezó investigaciones de alta complejidad antes de pasar al ejercicio privado de la profesión.
Ahora, el mismo sistema de persecución penal en el que desarrolló parte de su carrera investiga su eventual participación en una estructura vinculada a secuestros extorsivos y extorsión.
Su detención se concretó el miércoles 9 de septiembre junto a tres funcionarios activos de la PDI y otras personas. La diligencia incluyó allanamientos en su oficina de Providencia, donde fueron incautados equipos electrónicos y documentación para ser periciados.
Una investigación que pone a prueba los controles internos
El origen de la causa también resulta significativo.
La investigación no comenzó a partir de una denuncia externa contra la institución, sino desde Asuntos Internos de la propia PDI, que detectó antecedentes sobre una eventual participación de funcionarios policiales en actividades delictivas.
Posteriormente, la Fiscalía Supraterritorial tomó el control de la investigación junto con la policía civil.
La situación representa un desafío institucional porque la eventual utilización de la identidad, recursos o autoridad de funcionarios públicos para cometer delitos afecta directamente la confianza que sustenta el funcionamiento de las instituciones de seguridad.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó como especialmente grave la eventual participación de funcionarios activos en hechos ilícitos y sostuvo que el Estado debe actuar con firmeza frente a situaciones de corrupción.
Formalización y escenario judicial
La detención de los siete involucrados fue ampliada hasta este viernes 11 de septiembre, jornada en la que el Ministerio Público tiene previsto formalizar la investigación.
La Fiscalía confirmó que los cargos contemplan secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios vinculados.
La audiencia será determinante para conocer la versión oficial del Ministerio Público sobre el papel que habría cumplido cada uno de los imputados, los antecedentes que sustentan las acusaciones y las eventuales medidas cautelares que solicitará la Fiscalía.
En esta etapa, resulta jurídicamente indispensable mantener la presunción de inocencia: una detención, una formalización o la existencia de antecedentes investigativos no equivalen a una condena.
Conclusión
El caso Fodich trasciende la eventual responsabilidad penal de sus protagonistas. Si los antecedentes expuestos ante tribunales llegan a acreditarse, la investigación revelaría una modalidad especialmente grave de criminalidad: utilizar la apariencia y autoridad de organismos estatales para fabricar procedimientos, generar temor y obtener beneficios económicos. La respuesta judicial deberá determinar responsabilidades individuales con estricto apego al debido proceso, mientras las instituciones deberán revisar sus mecanismos de control para impedir que las herramientas destinadas a perseguir el crimen organizado sean utilizadas, precisamente, para cometerlo. Por ahora, corresponde distinguir entre hechos investigados, imputaciones y responsabilidades acreditadas judicialmente.
